El juez atribuye tres delitos al presidente de Murcia y cinco a la senadora Barreiro

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Actualizado 13/02/2017 16:58:58 CET

El instructor de la causa conforma la pieza separada en la que dirige el procedimiento contra 22 personas

MADRID, 13 Feb. (EUROPA PRESS) –

Presidente murciano asegura que “no se puede condenar ni demostrar lo que nunca existió”

La Justicia investigará al presidente de Murcia por presunta malversación y prevaricación

El instructor del caso ‘Púnica‘, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, ha dictado un auto en el que conforma la pieza relativa a las actividades de la trama en Murcia y atribuye la posible comisión de los delitos de fraude, cohecho y revelación de información reservada al presidente de Murcia, Pedro Antonio Sánchez, y otras cinco conductas presuntamente delictivas a la senadora del PP Pilar Barreiro.

En un auto dado a conocer este lunes, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la formación de la pieza III de la “Operación Púnica” relativa a las supuestas irregularidades en Murcia y dirige el procedimiento contra 22 personas.

La presunta actividad criminal del presidente murciano, sería por supuestamente concertarse en la primavera de 2014 con empresas de Alejandro de Pedro para amañar contratos de formación en la Consejería de Educación de la que era el principal responsable con el fin de realizar, en realidad, trabajos particulares de reputación en Internet y redes sociales para reformar su imagen de cara a su postulación como presidente de Murcia. El coste total de los trabajos habría alcanzado los 32.200 euros si bien no llegó a ejecutarse tras estallar el caso.

En el caso de Barreiro, quien fue en su día, alcaldesa de Cartagena, el juez le atribuye los delitos fraude, malversación de caudales públicos, cohecho, prevaricación continuada y revelación de información reservada por igualmente concertarse con empresas de De Pedro para amañar futuras adjudicaciones en contratos públicos de formación de la Consejería de Educación, así como por presuntamente sufragar con dinero público previsto para campañas de publicidad de turismo en Cartagena trabajos particulares como la creación de un diario digital en esa ciudad que emitiera informaciones favorables, así como los honorarios de un periodista.

Respecto de ambos, el juez señala que al tratarse de una senadora -cuyo enjuiciamiento correspondería al Tribunal Supremo- y del presidente de la Región de Murcia -competencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia debe recabarse por el conducto oficial, tanto del Senado como de la Comunidad de Murcia, “su calidad de tales al objeto, en su caso, de elevar a los respectivos órganos judiciales competentes, la oportuna exposición razonada”.

INVESTIGA AL EXCONSEJERO DE INDUSTRIA Y A UN EXALCALDE

Además de contra Pedro Antonio Sánchez y Pilar Barreriro, el juez dirige el procedimiento contra otras 20 personas, entre ellas Alejandro de Pedro, el ex consejero de Industria de Murcia Juan Carlos Ruiz López, el ex alcalde de Molina de Segura Eduardo Contreras y dos exdirectoras generales, entre otras autoridades y funcionarios.

El juez considera los hechos constitutivos de los delitos de cohecho, fraude, revelación de información reservada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, prevaricación, falsedad en documento y pertenencia a organización criminal. El magistrado, que individualiza en el auto los delitos que atribuye a cada uno, también dirige el procedimiento contra 4 empresas que presuntamente participaron en los hechos: Madiva Editorial y Publicidad, Duravit & Marset Group, Mistral Inversiones y la marca comercial Linkatic.

En relación con los hechos relativos a la Consejería de Educación, el juez Eloy Velasco señala que durante 2014 se produjo un concierto entre Alejandro de Pedro y el entonces consejero, Pedro Antonio Sánchez, para la realización de trabajos reputacionales en Internet y redes sociales que “serían facturados bajo conceptos relacionados con la formación y que incluirían también la retribución por los trabajos de reputación” realizados para Pilar Barreiro, entonces alcaldesa de Cartagena.

Del mismo modo en que De Pedro y José Antonio Alonso Conesa se concertaron con autoridades y funcionarios en el seno de la Consejería de Industria, Turismo y Empresa, dice el juez, se planteó para junio de 2014 la posibilidad de realizar semejantes trabajos de reputación online para Pedro Antonio Sánchez quien “quien pretendía igualmente convertirse en candidato de su partido para la Presidencia de Murcia”.

También dice el juez que De Pedro había prometido hacer llegar a la cúpula del PP información favorable al entonces consejero de cara a posicionarle como candidato a la Presidencia de Murcia.

REPUTACIONES POR 4.600 EUROS AL MES

Para tal fin, explica, se pusieron en marcha contactos entre ellos, que se intensificaron a partir del 22 de septiembre, valorando los trabajos reputaciones en 1.500 euros al mes que facturarían en 3.000 euros al mes, más los 1.600 de un periodista y la creación de un portal de educación que daría cobertura al coste de los trabajos reputacionales, pasando finalmente una propuesta de 4.600 euros al mes en la que se cargaban e incluían los costes por los trabajos particulares, también de reputación, para Pilar Barreiro, que esta obtendría sin desembolso alguno.

La duración de los servicios sería de 7 meses, de noviembre de 2014 a mayo de 2015, exactamente, subraya el auto, el periodo previo a la campaña electoral de ese año -en la que los dos consejeros se disputaban la Presidencia de la Región- facturándose bajo el concepto “formación”. Las cantidades indicadas, explica la resolución, no se llegaron a cobrar al explotar la operación policial y judicial denominada “Púnica”, a finales de octubre, que la abortó.

El contrato reputacional sobre la persona de Pedro Antonio Sánchez incluía Estrategia SEO y Linkbuilding “Pedro Antonio Sánchez“, creación de identidad digital, dinamización del contenido en blogs y sites sectorizados, servicios de posicionamiento, auditoría de posicionamiento SEO en webs inexistentes, 1 periodista e informes mensuales, todo ello con un coste de 4.6000 euros al mes en un periodo de 7 meses, del 1 de noviembre de 2014 al 30 de mayo de 2105, con un importe total de 32.200 euros.

Sobre la senadora Barreiro, se dice que siendo alcaldesa de Cartagena “sentía una honda preocupación reputacional” por habérsela vinculado a una serie de proyectos urbanísticos en esta localidad sobre los que existían denuncias por trato de favor en el llamado ‘caso Novo Cartago’, por lo que ideó la creación de un diario digital con el propósito de difundir noticias que le fueran favorables.

Entre junio y septiembre de 2014 los trabajos se facturaron como “campaña de publicidad Turismo Cartagena” por 4.840 euros -que se pagaron de forma fraccionada para eludir los controles de la Intervención- y posteriormente De Pedro valoró realizar esta labor de forma conjunta con la que tenía previsto hacer para Pedro Antonio Sánchez.

LA TARJETA VISA DE LA ENTONCES DIPUTADA

El auto detalla que a uno de los empresarios vinculados a De Pedro para estos trabajos y también investigado en esta causa, Antonio Alonso Conesa, se le intervino en el momento de su detención una tarjeta de crédito Visa a nombre de Barreiro del Congreso de los Diputados, “demostrando la estrecha relación” entre ambos según el juez.

El resto de investigados son la exdirectora general del Instituto de Turismo María Dolores Martínez Robles ‘Mariola’; el secretario general de la Consejería Jesús Norberto Galindo Sánchez, el socio de De Pedro José Antonio Alonso Conesa, el exjefe de Gabinete del Consejero de Industria Fidel Saura, y varias personas vinculadas al empresario De Pedro como Sara Gargallo Rico, Francisco Javier Bueno, María José Gutiérrez Martínez ‘Ajo’, Guadalupe Caballero Carrascosa, Adrián de Pedro y Esther Gutiérrez Martínez.

También se dirige contra que era entonces directora del instituto de Fomento de la región de Murcia, Reyes Samper Henarejos. El resto de citados en el auto del juez Son Francisco de Asis Ferrero, María del Mar y David Conesa, Agustín Alonso Conesa y Vicente Gimeno Martínez.

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