El juez Llarena retira la orden de detención a Puigdemont

Pablo Llarena, el juez del Tribunal Supremo, ha acordado retirar las Ordenes Europeas de Detención dictadas contra Carles Puigdemont y los exconsellers Antonio Comín, Lluís Puig, Meritxell Serret y Clara Ponsatí, y que se comunique su decisión a las autoridades belgas, a fin de que dejen sin efecto la colaboración solicitada en su día y reclamándoles la devolución del formulario.

Llarena considera que se deben retirar las órdenes europeas porque está investigando un delito de naturaleza plurisubjetiva dotado de unidad jurídica inseparable, lo que requiere una única contestación para evitar respuestas contradictorias. Esto implica que Puigdemont deberá ser detenido cuando ingrese al territorio español, y juzgado por todos los delitos que la justicia española le impute. De esta forma el juez Llarena evitará que la justicia belga pueda suprimir delitos de la causa.

Si la justicia belga concediese la entrega a España por un solo delito, por ejemplo, suprimiendo el de rebelión se podría dar la circunstancia de que Puigdemont y los otro cuatro exconsejeros fueran juzgados en España por menos supuestos delictivos que los que aún están en prisión o los que acaban de abandonarla. La decisión de Llarena aleja la posibilidad de que los cinco de Bélgica vuelvan al país, pero evita presuntas nulidades en el futuro.  

Instrumento de colaboración 

El juez recuerda que la orden europea de detención es un instrumento de colaboración judicial y que una vez emitida, el juez instructor puede ponderar en cualquier momento la conveniencia u oportunidad de su mantenimiento, teniendo en cuenta las circunstancias que le prestan soporte conforme con su derecho interno, y los efectos que esa orden de detención pueda tener en el proceso penal que se esté tramitando, en este caso en España.

Llarena explica que los autos de busca y captura e ingreso en prisión y las oportunas órdenes europeas de detención y entrega se emitieron el 3 de noviembre de 2017. El juez describe el nuevo escenario que se presenta en este momento: de un lado, con posterioridad a la emisión de las órdenes, “los investigados parecen haber mostrado su intención de retornar a España, con la finalidad de tomar posesión y ejercer unos cargos electivos para cuyos comicios se han presentado recientemente”.

De otro lado, Llarena recuerda que, una vez acumulada la causa, los hechos investigados suscitan la eventual comisión de un delito de naturaleza plurisubjetiva: “Con posterioridad a que se emitieran las órdenes de detención que contemplamos, se ha definido que los hechos pudieran haberse perpetrado mediante el concierto de todos los investigados y con una unidad jurídica inseparable, esto es, que la depuración de las distintas responsabilidades penales deba ser llevada de manera unificada, pues de otro modo podría romperse la continencia de la causa y conducir el proceso a respuestas contradictorias y divergentes para los distintos partícipes”.

“Ventajas” para los fugados

Según el magistrado, el actual mantenimiento de las órdenes de detención no facilitaría el adecuado desarrollo del proceso “pues al ser posible que el Estado requerido deniegue parcialmente la ejecución de las órdenes de detención, se posibilita una restricción del título de imputación para los que se encuentran fugados, lo que dificultaría la respuesta homogénea que justificó la acumulación de las actuaciones e introduciría perturbaciones de defensa para los investigados que sí están a disposición de este órgano instructor, quienes podrían ser investigados y enjuiciados por todos los delitos que el instructor contempla, colocándose así en “peor derecho” que quienes se encuentran fugados”.

Por ello, en el estado actual de las actuaciones, el magistrado considera oportuno, ponderando los intereses en juego, retirar las órdenes de detención objeto de análisis y renunciar a la petición de colaboración que comportan. Además, el juez entiende que esta retirada no genera ningún gravamen a los afectados “pues, en la medida en que los encausados se opusieron a que se ejecutara por el Estado requerido el acto de colaboración que analizamos, eso es lo que esta resolución les aporta”. El auto de Llarena podría ser apelado por los abogados de Puigdemont o los demás exconsellers que aún se encuentran en Bruselas
 

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