El legado de Forcadell: un recurso constitucional a la semana

12.01.2018 00:00 h.

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Carme Forcadell no repetirá como presidenta del Parlamento catalán. Sus problemas con la justicia han disuadido a la diputada electa de ERC de aceptar de nuevo un cargo del que ayer hizo un balance positivo. En realidad, los dos años de mandato de Forcadell se han saldado con una elevada conflictividad judicial entre el Gobierno y las instituciones catalanas debido al proceso secesionista.

Como máxima responsable de la Mesa de la Cámara catalana, Forcadell dio luz verde a numerosas iniciativas parlamentarias rupturistas en contra de las reiteradas advertencias del Tribunal Constitucional (TC). Esa desobediencia la ha situado en ese escenario judicial que, en su opinión, la inhabilita para ejercer de nuevo el cargo.

Según el listado de recursos de inconstitucionalidad que maneja la Mesa del Parlament y al que ha tenido acceso Crónica Global, durante 2016 y 2017, período en el que Forcadell fue presidenta del Parlament, el Gobierno interpuso 24 recursos ante el TC contra leyes catalanas. Destacan las impugnaciones de las leyes del referéndum y de transitoriedad, así como de la reforma del Reglamento del Parlament que permitió aprobar esas citadas normas por la vía de urgencia.

El Estado recurrió también las leyes tributarias catalanas, varias leyes del Código Civil catalán, la ley de comercio, la ley de la Agencia de Ciberseguridad de Cataluña y de la Agencia Catalana de Protección Social. En su mayoría eran leyes destinadas a construir las “estructuras de Estado” de la futura república catalana. Asimismo, fue objeto de recurso inconstitucional, por parte en este caso de los grupos de PP y Ciudadanos en el Congreso, la partida de los presupuesto de la Generalitat de 2017 destinada al referéndum (organización, gestión y seguimiento de procesos electorales). La Defensora del Pueblo también impugnó las cuentas catalanas.

Legislación social

El Gobierno también impugnó legislaciones de carácter social por supuesta invasión de competencias estatales, como la ley de las asociaciones de consumidores de cannabis, la de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, la de medidas urgentes contra la pobreza energética, la de medidas de protección del derecho a la vivienda de las personas en riesgo de exclusión residencial y la de ordenación de los servicios de transporte de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas. Los nuevos impuestos sobre viviendas vacías y activos no productivos de las empresas acabaron, asimismo, en manos del alto tribunal.

Por su parte, el Parlament y la Generalitat han presentado durante estos dos últimos años 19 recursos contra normas estatales ante el TC. El más reciente tuvo lugar el pasado diciembre, cuando la Diputación Permanente –la Cámara catalana estaba disuelta— impugnó la aplicación del artículo 155 de la Constitución. PDeCAT y ERC ya intentaron en noviembre y octubre recurrir esa medida, pero el TC rechazó esas impugnaciones por prematuras. La propia Carme Forcadell pidió la recusación de los magistrados del TC que la investigaban, pretensión que el alto tribunal desestimó en dos ocasiones.

DUI y referéndum

El PSC apeló al TC cuando la Mesa decidió tramitar la declaración unilateral de independencia (DUI), así como el debate parlamentario sobre el referéndum del 1-O.

Cataluña impugnó la ley de Seguridad Nacional y la reforma de la Ley del Tribunal Constitucional, así como las pruebas de evaluación de la educación primaria, la ley de FP o la del Sistema Nacional de Protección Civil.

En la legislatura 2013-15, el Parlament presentó siete recursos ante el TC contra leyes estatales: unidad de mercado, medidas tributarias de impulso de la economía, calidad educativa, sector eléctrico, racionalización y sostenibilidad de la administración local, medidas urgentes en relación al sistema gasístico y titularidad de las centrales nucleares y protección de la seguridad ciudadana.

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