El Supremo amplía la investigación a Marta Rovira

El Tribunal Supremo amplía la investigación sobre el procés a Marta Rovira. El juez Pablo Llarena ha ordenado este lunes nuevas diligencias sobre los integrantes del llamado comité estratégico, formado por representantes de partidos y entidades independentistas. Esto podría desencadenar en nuevas imputaciones, entre las que podría figurar la exportavoz de Junts pel Sí y actual número dos en la candidatura de Junqueras para el 21D.

Llarena ha pedido a la Guardia Civil elaborar un informe sobre el posicionamiento de los miembros del comité para llevar a cabo las actuaciones del procés. El grupo estaba formado por Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ya imputados, además de los portavoces, presidentes y secretarios generales de las formaciones independentistas, y los presidentes y vicepresidentes de la ANC, Òmnium y la AMI (Asociación de Municipios por la Independencia).

El comité aparece en un documento del que se incautó la Guardia Civil en un registro. Se titula “Enfocats”, y establece cómo se coordinará un hipotético Govern de transición. Éste tendría dos partes: el comité ejecutivo y el estratégico –formado por Puigdemont y Junqueras y los presidentes y portavoces parlamentarios de los partidos independentistas. En este caso, la entonces diputada de la CUP Anna Gabriel también podría ser incluida en la investigación. 

“Actos de agresión”

El magistrado también ordena realizar un informe que identifique los “actos de agresión, daños y grave resistencia” en Cataluña los días 20 y 21 de septiembre –durante la manifestación ante la Consejería de Economía–, 1 y 3 de octubre, y 8 de noviembre –la huelga general–. Además, la Benemérita deberá investigar a los llamados Comités de Defensa de la República (CDR).  

En la misma providencia, el juez solicita otro informe sobre los fondos públicos supuestamente usados para el procés, por ejemplo, en campañas de civismo, diseño y emisión de vídeos promocionales, impresión de carteles y papeletas o su distribución pública, compra de urnas o registro de catalanes en el extranjero, u otras semejantes.

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