Inicio España Inquietud en el Supremo por el intento de politización del tribunal

Inquietud en el Supremo por el intento de politización del tribunal

El Tribunal Supremo se ha convertido en el foco de la batalla política. Las trifulcas entre adversarios políticos acaban dirimiéndose en los tribunales. Los grandes dilemas que afectan al Estado pasan por el Alto Tribunal, al que se le reclama cada vez con más intensidad que sea el árbitro de todos los partidos: Catalunya, la monarquía, la gestión del Gobierno y los choques entre distintas formaciones políticas son algunos de los asuntos que le toca afrontar. Esta situación está provocando inquietud entre miembros del órgano, que aunque asumen su papel con naturalidad al ser el máximo tribunal y el responsable de revisar los asuntos de aforados nacionales, no dejan de expresar cierta resignación. “Se está utilizando la justicia para atacar al contrincante”, se lamentan algunos.

El máximo foco se puso en el tribunal cuando asumió la investigación por el procés. En aquel entonces, fuentes del tribunal ya advertían que con su sentencia el problema político no se resolvería. Lo único que podía hacer el tribunal era juzgar unos hechos y decidir si eran delictivos o no. En este caso, la Sala de lo Penal entendió que lo que ocurrió en Catalunya en el otoño del 2017, con el referéndum del 1 de octubre y la declaración unilateral de independencia, fue un acto de sedición. Pero el problema político se mantiene. El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha abogado por buscar una respuesta política. Pero esta ha pasado por anunciar la tramitación de los indultos para los líderes independentistas condenados. De nuevo, el foco se ha puesto en el Supremo, que será quien deberá emitir un dictamen al respecto, aunque en último término la decisión es del Gobierno, al tratarse de una medida de gracia. Dentro de esa “respuesta política”, está la concesión de los terceros grados.

El tribunal revisó el ‘procés’ y tiene pendientes los indultos y terceros grados

En un momento de intento de acercamiento por parte del Ejecutivo a los partidos independentistas para lograr su apoyo para sacar adelante los presupuestos, también es el Supremo el que debe decidir si se concede al exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y el resto de los condenados presos la modificación del grado penitenciario, que les permitiría salir de la cárcel. Fuentes gubernamentales asumen que mientras estos se encuentren en prisión las negociaciones son limitadas. Por otro lado, el Supremo tendrá la última palabra para determinar si la gestión realizada por el Gobierno con la pandemia tiene algún reproche penal.

La Fiscalía ya ha dicho que no, pero el tribunal tiene todavía que estudiar los múltiples delitos por los que se acusan a los miembros del Gobierno por una crisis sanitaria sin precedentes. A esto se añade que la semana pasada el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón reclamó al Supremo que investigue al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias, por el caso Dina, por presuntamente haber presentado una denuncia falsa como víctima de las cloacas del Estado dirigidas por el gobierno del PP.

El TS tendrá la última palabra sobre la gestión de la pandemia y el posible reproche penal

Mientras tanto, la Sala de lo Penal, que preside Manuel Marchena, recibe un constante goteo de querellas interpuestas entre partidos contra ministros y diputados. La formación Vox, liderada por Santiago Abascal, ha presentado varias querellas, entre ellas una contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por el caso Delcy, y otra contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

Por su parte, el PP ha utilizado una estrategia similar. Llevar al terreno judicial el reproche político. Y el PSOE y Unidas Podemos no se quedan atrás interponiendo querellas contra diputados de otros partidos por diversos aspectos como calumnias o delitos de odio. Sin contar con la batalla personal de la formación de Iglesias y de Izquierda Unida, partidos republicanos, por investigar al rey emérito.

Las querellas contra miembros del Gobierno y diputados son constantes

Gran parte de estas querella están siendo inadmitidas, como ya ocurrió con la investigación al presidente del PP Pablo Casado por el máster de la Universidad Rey Juan Carlos, o con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por su tesis doctoral, entre otras muchas. Fuentes del tribunal explican que cada asunto se revisa y cuando existen indicios delictivos se actúa, como es el caso de la portavoz de JxCat, Laura Borràs, a quien actualmente se investiga por malversación y prevaricación. Sin embargo, lamentan que los partidos busquen en la justicia una “fortificación” de sus ideas, sin distinguir antes de acudir al tribunal lo que pueden ser conductas criminales de otro tipo de comportamientos que pueden tener un reproche político, pero no penal.

Estas fuentes entienden que esta sobreexposición da un mensaje equivocado a la ciudadanía sobre qué se puede reclamar penalmente. Cuando llega al tribunal un asunto relacionado con algún aforado, la polémica está servida.

“Hay la sensación de que la justicia se ha convertido en espacio del pulso electoral”

Algunas fuentes del tribunal lamentan que antes de que la Sala adopte una decisión, ya se le sitúa desde un punto de vista partidista. Les parece que da igual los argumentos jurídicos en los que están basadas las resoluciones, por muy razonadas que estén, porque los criterios ya los tienen fijados antes de conocerlas. Los argumentos de un tribunal para admitir una querella o archivarla creen que ya dan igual. “Existe la sensación de que la justicia se ha convertido en un espacio más del pulso electoral”.

Se percibe este cambio en los últimos años porque el Supremo siempre ha revisado asuntos de gran trascendencia, pero sobre “realidades con nitidez criminal”. Ahora se ven entremezclados asuntos que sí la tienen con muchos otros que forman parte del barro político.

Asuntos pendientes

· Querellas contra el Gobierno por la gestión de la pandemia. La Fiscalía ha pedido que se inadmitan todas ellas. Los delitos van desde homicidio hasta lesa humanidad, o incluso contra el derecho de los trabajadores por la falta de protección. El tribunal dirá si alguno de los aspectos tiene visos de reproche penal.

· Investigación al vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias por el caso Dina. El juez de la Audiencia Nacional García-Castellón pide que se le abra causa por tres delitos.

· Querella al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos.

· Querella contra el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, por la entrada en España de una dirigente chavista.

· Resolución de indultos y terceros grados a los líderes independentistas condenados por sedición.

· Recurso contra la sentencia por la que se condenó al PP en el caso Gürtel y que provocó la moción de censura contra Mariano Rajoy.

· El tribunal está pendiente de si la Fiscalía finalmente interpone querella contra el rey emérito Juan Carlos I por sus cuentas en Suiza.

· Querella al dirigente de Vox Javier Ortega Smith por llamar “asesinas” a las jóvenes fusiladas en 1939 en Madrid conocidas como las Trece Rosas.

· Investigación abierta a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, por malversación de fondos.