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La corrupción del PP, en 13 piezas

La sentencia del Tribunal Supremo (TS) dictada esta semana por el caso Gürtel es solo una de la quincena de piezas abiertas a raíz de la investigación por la mayor trama de corrupción en España, vinculada al Partido Popular. Desde que en el 2009 saltó el escándalo, el Alto Tribunal ha confirmado dos sentencias; hay dictadas otras tres por parte de la Audiencia Nacional pendientes del recurso de casación; otra de las piezas está a la espera de sentencia, y todavía quedan seis juicios pendientes. Y a esto se añade la nueva investigación por un in­tento de robo de documentos a Luis Bárcenas, la conocida como ­operación Kitchen. En total son 13 piezas que afectan de lleno al PP. Y esto sin contar con otras causas de corrupción coetáneas o contemporáneas como son el caso Púnica y caso Lezo, ambas por la corrupción madrileña vinculada a este mismo partido, o el caso Erial, que afecta al expresidente valenciano Eduardo Zaplana, además de varias condenas al expresidente de Baleares Jaume Matas.

Lo que diferenciaba a la pieza recién sentenciada por el Supremo del resto de Gürtel es uno de sus acusados. Se trata de Bárcenas, quien durante décadas había gestionado los fondos del partido. Cuando el juez Baltasar Garzón inició la investigación junto con la unidad de delincuencia económica y fiscal de la Policía (UDEF) y la Fiscalía Anticorrupción, desconocían el alcance de la trama. Un edil de un pueblo madrileño, José Luis Peñas, había grabado, entre diciembre del 2005 y mayo del 2007, al empresario Francisco Correa y otros de sus acólitos.

José Luis Peñas

Un año y medio de grabaciones que destaparon la trama

Aquel concejal de Majadahonda había formado parte de aquel grupo hasta que decidió denunciarlo en noviembre del 2007. Pero antes grabó todas las conversaciones con un dispositivo en su chaqueta durante un año y medio. Correa confesaba cómo pagaba a alcaldes a cambio de adjudicaciones, contaba sus relaciones con los máximos representantes de Madrid y Valencia, ambos del PP, y alardeaba de cómo lo recibían como uno más en la sede central del partido en la calle Génova. En una de las últimas grabaciones, Correa afirmó: “Yo a Bárcenas le he llevado más de 1.000 millones de pesetas”.

Después de aquello, acudió a la Policía y entregó todas las cintas acumuladas. Trece años después, el Supremo le ha hecho pagar por haber formado parte de aquella trama. Cuatro años y nueve meses de cárcel que deberá cumplir si no logra ser indultado porque, sin aquella denuncia, probablemente hoy no se habría destapado la financiación ilegal instaurada en uno de los principales partidos españoles. Como dice el TS, “un auténtico y eficaz sistema de corrupción a través de influyentes militantes del PP”.

Luis Bárcenas

Una bomba de relojería que le estalló a Mariano Rajoy

Cuando el caso estalló en febrero del 2009 era imposible conocer el alcance de la investigación. De hecho, los principales imputados lograron sentar a Garzón en el banquillo de los acusados por ordenar intervenir conversaciones con sus abogados desde la cárcel vulnerando su derecho de defensa. Garzón fue condenado por el TS e inhabilitado. El asunto recayó en manos de varios jueces hasta que llegó al titular del juzgado central de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que le dio un impulso a la causa. Rajoy, que ya presidía el PP tras la salida de Aznar en el 2004, llegó a creer que el asunto estaba amortizado, hasta que en enero del 2013 Suiza dio el campanazo al enviar a Ruz las cuentas que escondía el tesorero del PP en su país. Había llegado a acumular 48 millones de euros.

El PP no pudo seguir protegiendo a Bárcenas, le echó del partido y las consecuencias vinieron pronto con la filtración de toda la caja B del PP, los apuntes de cómo el partido se había nutrido de donaciones de empresarios sin declarar al Tribunal de Cuentas y cómo diversos dirigentes de la formación habían cobrado sobresueldos. De ahí salió una nueva investigación, la pieza conocida como papeles de Bárcenas, un juicio que arrancará en febrero y pondrá negro sobre blanco todas las finanzas del partido que ahora dirige Pablo Casado. Incluso se ha abierto una nueva investigación ante nuevas sospechas de que empresarios pagaron al PP a cambio de adjudicaciones y que instruye actualmente el juez de la Audiencia José de la Mata.

Pero además, se acaba de descubrir que el gobierno de Rajoy organizó una operación “parapolicial” para robar a Bárcenas toda esa documentación, cuando ya se había convertido en un traidor. Es la conocida como operación Kitchen, que se encuentra en fase de instrucción. Se investiga si desde el Ministerio del Interior se encargó al excomisario José Manuel Villarejo, entre otros, captar al chófer de Bárcenas para robar documentación sensible e incluso el pago a un delincuente común para que, disfrazado de cura, asaltara el domicilio. Y todo ello supuestamente pagado con fondos reservados.

Las otras causas

Fitur, la visita del Papa, Aena y Jerez de la Frontera

Gürtel destapó la corrupción madrileña, pero también la valenciana. De la investigación se conoció los vínculos de la trama con el ­entonces presidente Francisco Camps, además de con varios consejeros madrileños de Esperanza Aguirre. De la trama valenciana, el Supremo ya confirmó una condena por los amaños en la feria de turismo Fitur, y la Audiencia Nacional ya ha condenado la rama valenciana por delitos electorales en las municipales del 2007 y las generales del 2008.

La justicia certificó que el PP valenciano, con Ricardo Costa como secretario general, se benefició de la red de Correa. Pero además, está pendiente que la Audiencia Nacional dicte la sentencia por la pieza en la que se enjuició la supuesta adjudicación irregular de un contrato de más de siete millones de euros por un montaje de pantallas y sonido para la visita del Papa a Valencia en el 2006. Y a esto se añade que Camps, que logró ser absuelto hace siete años por recibir unos trajes del grupo de Correa, está pendiente de un nuevo juicio, por el que se enfrenta a dos años y medio de prisión, por favorecer a una sociedad del empresario, Orange Market, en el 2009.

La Audiencia Nacional también ha condenado a la trama por recibir contratos amañados de Aena entre los años 2000 y 2002 y en otra por lograr la adjudicación de tres contratos por parte del Ayuntamiento de Jerez para Fitur 2004. Además, queda pendiente de juicio la pieza principal del caso Gürtel, conocida como Época II, además de la pieza por las ilicitudes en el Ayuntamiento madrileño de Boadilla del Monte, en la época de Arturo González Panero como alcalde, y una última por hechos similares en la madrileña Arganda del Rey. Por todo ello, Correa lleva acumulados 79 años de prisión, aunque pronto podría ascender a 115 años sin contar con los juicios pendientes.