La diputada popular Magdalena Carmona declara en el juzgado como investigada

Magdalena Carmona, diputada autonómica y concejala popular en el Ayuntamiento de Calamonte, acudió ayer a declarar ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Mérida por una denuncia presentada por el Consistorio calamonteño.

La denuncia se debe a gastos realizados por el Ayuntamiento durante la última etapa de gobierno del PP, que estuvo al frente de la Alcaldía entre 2007 y 2015. En este caso, se trata de aclarar una presunta prevaricación administrativa realizada por Carmona al actuar como proveedora del área de Servicios Sociales, de la que era responsable durante el periodo investigado.

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Según la información que fue publicada por el Ayuntamiento de Calamonte en su web a mediados del pasado año, existe una factura por un importe de 400 euros, otra de 570 euros y una tercera por valor de 200 euros. Además, y dentro de la partida de Gestión de Centro de Día, dependiente también de su concejalía, aparece otra factura en la que la proveedora era nuevamente la concejala por un importe de 290,35 euros. En todos los casos se trata de compras realizadas a su negocio familiar, una panadería.

Renuncia al aforamiento

Magdalena Carmona señala que, a pesar de que está aforada por su condición de diputada en la Asamblea, ha decidido declarar ante el juzgado emeritense que investiga estos hechos para contribuir a aclarar la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Calamonte, gobernado por el PSOE con el apoyo de Calamonte Avanza. «Quiero colaborar con la justicia», afirma.

En cuanto a los hechos denunciados, señala que la panadería fue traspasada a su marido, por lo que no se trataba de un negocio de su propiedad. Además, explica que el centro de día estaba gestionado por una empresa, por lo que no hay vinculación directa con el Ayuntamiento.

Carmona también apunta que se trata de servicios puntuales, de escaso importe, que también se conciertan con otros negocios similares de la localidad, tal como se ha venido haciendo tradicionalmente. De hecho, apunta que en la actualidad la panadería de su marido sigue trabajando con el Consistorio y que la última factura se remonta al 30 de septiembre.

A su juicio, la denuncia obedece a «una persecución política del PSOE» contra el PP calamonteño. Según indica, desde el año 2009 se han iniciado acciones judiciales por distintas cuestiones y en todos los casos han sido desestimadas. También lamenta que la acusación se costea con fondos municipales.

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