La fiscalía estudia cómo acumular los distintos procedimientos por el 1-O en la Audiencia Nacional

El fiscal general del Estado, José Manuel Maza, se ha reunido este martes con los responsables fiscales catalanes y los de la Audiencia Nacional para revisar las decenas de causas abiertas por toda Catalunya en relación con el ‘procés’ y la celebración del referéndum ilegal del 1-O. El objetivo es tratar de acumularlas y, en su caso, trasladarlas a la Audiencia Nacional, informaron fuentes fiscales a este diario.

Se trata de optimizar recursos y facilitar la investigación de los procedimientos abiertos en distintos juzgados por hechos similares. Por toda Catalunya, tras el 1 de octubre, se abrieron causas por distintos motivos. Hay denuncias por la utilización sin autorización de datos personales para la elaboración del censo, por amenazas o presiones a hijos de guardias civiles y hasta por la inacción de los Mossos d’Esquadra. Además, el Juzgado de Instrucción número 7 de Barcelona investiga la actuación de policías y agentes del instituto armado para impedir el referéndum y el Juzgado número 13, las estructuras con las que contó la Generalitat para la consulta suspendida por el Tribunal Constitucional.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) también tiene abiertos varios procedimientos contra los aforados: uno contra el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los demás miembros del Govern por los delitos de desobediencia, prevaricación y malversación por la convocatoria del 1-O, y otro contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y demás miembros de la mesa de la cámara catalana por los mismos delitos.

Un informe para fijar criterios

La fiscalía ha pedido a la Secretaría Técnica que elabore un informe para fijar criterios con el fin de acumular el mayor número de procedimientos posible preferentemente en la Audiencia Nacional. El ministerio público los trasladaría al Juzgado Central de Instrucción número 3, cuyo titular, Carmen Lamela, ya investiga por sedición al ‘major’ de los Mossos, Josep Lluís Trapero, a la intendente Teresa Laplana y a los presidentes de la Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ambos en prisión desde el pasado día 16. O bien abriría otros procedimientos en otros juzgados centrales.

Precisamente, entre los deberes que tiene pendientes la fiscalía figura solicitar a la magistrada Lamela que amplíe la causa por sedición con lo ocurrido hasta el 1 de octubre; ahora el procedimiento se centra en las protestas de los días 20 y 21 de septiembre que obstaculizaron la labor de la comisión judicial enviada por el juzgado 13 de Barcelona a registrar la ‘Conselleria’ de Economía. De hecho, el atestado ampliatorio presentado en la Audiencia por la Guardia Civil sobre la conducta de los Mossos el 1-O se elaboró en un principio para el titular del juzgado 13, Juan Antonio Ramírez Sunyer.

A toda esta labor judicial se suman las diligencias abiertas por fiscalía contra los 712 alcaldes que pusieron a disposición del Govern sus locales para la celebración del referéndum ilegal y las seguidas por los distintas pruebas de delito intervenidas en los días previos a la consulta, como papeletas o carteles electorales.

Y en el caso de que Puigdemont declare unilateralmente la independencia se añadirá una querella contra él y previsiblemente los demás miembros del Govern por rebelión. Aunque la fiscalía aún estudia dónde la interpondría cada vez gana más papeletas la opción de que sea el Tribunal Supremo el encargado de investigarles por este delito penado con 30 años de prisión.

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