Cree que la distinción entre abuso sexual y agresión sexual causa a la víctima una sensación de haber sido «menos agredida»
MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) –
La juez de instrucción de la Audiencia Nacional María Tardón ha calificado de «entelequia» la intención de incluir en la nueva Ley de Libertades Sexuales –conocida como la del ‘sólo sí es sí’– una definición de consentimiento sexual. Lo ve «imposible» ya que, según ha explicado, dos personas pueden expresar de «infinitas» formas que quieren continuar con este tipo de interacción.
Así lo ha dicho la titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 en una entrevista a Europa Press, en la que se ha mostrado a favor de que el anteproyecto de la Ley Integral de Garantías de la Libertad Sexual plantee la absorción del delito de abusos sexuales en el de agresión sexual. «Creo que, efectivamente, la distinción entre agresión y abuso, quizás, no debería ser tan acusada como ahora», ha afirmado Tardón incidiendo en que «la falta de consentimiento es agresión» y eso es lo que, a su juicio, se debe de «perseguir».
Tardón, que cuenta con reconocida experiencia en materia de violencia de género, ha señalado que «desde muchos ámbitos jurídicos» ya se venía apostando por la revisión de esa distinción «tan clara» que actualmente existe entre ambos delitos. «Muchas veces, cuando calificas un comportamiento de abuso y no de agresión, a la víctima le da la sensación de que ha sido menos agredida», ha apostillado.
Así, Tardón considera que una determinada conducta que sí ha sido obtenida sin consentimiento de la víctima debe configurarse como agresión sexual y no como un abuso.
EL ABUSO SEXUAL NO ES UN DELITO «MENOR»
En cualquier caso, la magistrada ha recordado que el delito de abuso sexual no es «menor», puesto que puede conllevar penas de hasta 12 años de cárcel si se comete con acceso carnal, y que se agrava en caso de que la víctima sea menor de 16 años.
No obstante, ve «imposible» que se pueda determinar en un texto legal qué es consentimiento y qué no lo es, ya que éste puede ser expresado «de muchas maneras». «Tratar de definir en una norma penal comportamientos humanos y sociales es una entelequia porque, evidentemente, cuando hay interacción en el ámbito sexual entre dos personas, sean del género que sea, las formas de prestar el consentimiento, de llegar al mutuo acuerdo de seguir interactuando y de seguir manteniendo esa relación en el ámbito sexual son infinitas», ha aseverado.
En este sentido, ha indicado que contemplar una definición como la que se pretende va en contra de la presunción de inocencia porque «al final es la falta de consentimiento lo que va a determinar si alguien que ha mantenido una relación sexual con otra persona puede ser perseguido como autor de un delito de agresión sexual».
«Y nadie puede ser obligado a probar su inocencia», ha añadido Tardón, que ha hecho hincapié en que va en contra de lo marcado por la Constitución Española en su artículo 24, sobre el derecho a la tutela judicial efectiva, que «el que no se sepa si ha habido o no consentimiento implique necesariamente que la persona que no sabe si ha habido consentimiento o no vaya a ser imputada en un procedimiento penal».
«Nadie puede ser objeto ni siquiera de investigación si no existen elementos indiciarios que nos dicen que estamos ante un hecho delictivo», ha advertido.
María Tardón, que instruye causas como el supuesto saqueo a la petrolera estatal de Venezuela, PDVSA, y el posterior blanqueo de esos fondos; o contra el narcotraficante gallego José Ramón Prado Bugallo, alias Sito Miñanco, forma parte además del Grupo de Expertos en Violencia Doméstica y de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
IGUALDAD ENTRE HOMBRES Y MUJERES EN LA CARRERA JUDICIAL
Al órgano de gobierno de los jueces se presentó en 2018 –cuando caducó el mandato del Consejo presidido por Carlos Lesmes– como candidata a ser vocal. Para Tardón, una de las exigencias que debe tener presente esta institución es la «igualdad entre hombres y mujeres».
La magistrada ha recalcado que las propias estadísticas del CGPJ proporcionan «cifras claras» de que existe una «importante brecha en la carrera judicial en perjuicio de las mujeres por muchas razones y cuestiones que generan impacto de género».
Según ha destacado, donde «más claro se ve» la desigualdad en la carrera judicial es en los nombramientos en la cúpula judicial. Las mujeres representan «más del 65 por ciento» de los ingresos en la carrera, si bien sólo están en un «20 por ciento» de las más altas magistraturas, ha indicado recogiendo datos reflejados en un informe del pasado enero elaborado por la Comisión de Igualdad de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), a la que pertenece.
A ello ha añadido otro dato: La antigüedad media de las mujeres que han conseguido llegar al Tribunal Supremo es superior con respecto a sus compañeros varones. «Algo falla y es una labor inmensa que no se puede dilatar por más tiempo. Es el empeño más importante», ha concluido.
SENSIBILIZACIÓN Y FORMACIÓN PARA LUCHAR CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO
Con todo ello, Tardón cree que «es muy posible» acabar con la violencia de género y para ello ha instado a hacer una mayor labor de «sensibilización» y «formación». «Sólo se acaba si realmente todos estamos por la labor de acabar con la violencia de género y eso no es así todavía (…) Tenemos que acabar con la mentalidad de mucha gente que cree que esto de la violencia de género es algo que se inventan muchas víctimas o que la sufren porque quieren o porque son débiles», ha lamentado.
En su opinión, lo primero que habría que hacer es eliminar los «patrones» de atribuir comportamientos «a lo masculino y a lo femenino». Así, poniendo como ejemplo la carrera judicial, ha subrayado que las licencias para el cuidado de hijos o de personas dependientes siguen siendo solicitadas en su mayoría por mujeres, lo que es un signo más, ha agregado, de desigualdad.
Desde la Justicia también se está luchando contra la violencia de género. Tardón, que, antes de instalarse en la Audiencia Nacional, presidió la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, con competencias exclusivas en Violencia sobre la Mujer, ha enfatizado que cada vez más los Tribunales Superiores de Justicia, y sobre todo, la Sala Segunda del Tribunal Supremo están marcando una «línea clarísima» sobre esta materia.
Todo ello gracias a la «formación especializada» que están recibiendo jueces, fiscales, operadores jurídicos o policías «tanto en materia jurídica, como en conocimiento de la realidad en la que se produce» este tipo de violencia.
Sin embargo, Tardón cree que la sensibilización aún hay que «ampliarla» e «intensificarla» en algunos grupos de la sociedad, como en los más jóvenes, quienes, según ha dicho con «tristeza», «no han asumido los patrones de comportamiento igualitario».
