Los acusados de Gürtel “atentaron contra el Estado de derecho”, según Anticorrupción

La fiscala Anticorrupción Concepción Sabadell ha necesitado tres días para cimentar su petición de pena para los 37 acusados del juicio del ‘caso Gürtel’. Fue detallando la conducta delictiva de todos ellos, desde el cabecilla, Francisco Correa, que “desarrolló un mecanismo dirigido a conseguir contratos públicos a cambio de sobornos a funcionarios y autoridades del PP“, a los partícipes a título lucrativo, el propio Partido Popular y la exministra de Sanidad Ana Mato, que se lucraron con los delitos cometidos, aunque los ignoraran. El colofón consistió en afirmar que los que se sientan en el banquillo “atentaron contra el Estado de derecho” con una “actuación que resultará de muy costosa reparación social”.

“Los hechos acreditados” en el juicio que comenzó hace un año de la primera época de la Gürtel (1999-2005) “son de extrema gravedad, no sólo por la naturaleza de los delitos cometidos y el perjuicio que han provocado a los fondos públicos, sino porque se extendieron y enraizaron, como un modo ordinario de contratación pública, durante un largo periodo de tiempo y en distintas administraciones gobernadas por el PP, en las que algunas de sus autoridades aceptaron sobornos para enriquecerse con cargo a los fondos públicos que tenían la responsabilidad de conservar, proteger y salvaguardar“, aseveró la fiscala.

Sabadell destacó que esos “funcionarios y autoridades faltaron a sus deberes éticos: prevaricaron por sobornos y desfalcaron las arcas públicas en beneficio propio y del grupo Correa”. “Los acusados -dijo- con su reiterada actuación y penetración en la administración consiguieron que estos mecanismos viciados de toma de decisiones en los procedimientos de contratación pública se consolidaran como un problema estructural con graves repercusiones en la confianza de los ciudadanos y en la administración”, en una “reiterada violación de los principios de equidad, integridad, responsabilidad e igualdad en la atribución de los contratos públicos”.

“Qué miedo me da”

A la fiscalía le siguió el abogado del Estado Edmundo Bal Francés, que pidió a la Sección Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional una “sentencia ejemplar” para los acusados con el objetivo de que sirva para que “el empresario que se vea” en el futuro “en la tentación se diga: ‘Jolín, ¡qué miedo me da la cantidad de años de cárcel que le han caído a estas personas!”.

Previamente, Sabadell había explicado cómo el PP y la exministra Ana Mato se lucraron con las comisiones “en efectivo y en especie” (un Jaguar, viajes, una comunión y cumpleaños) que recibió a cambio de adjudicaciones el exalcalde de Pozuelo de Alarcón (Madrid) y ex marido de la exresponsable de Sanidad, Jesús Sepúlveda. Por eso pide que ella devuelva 28.468 euros y el partido, 328.440, que se destinaron a gastos electorales en dicho municipio y en la cercana Majadahonda en la campaña de 2003.

Eficaz blanqueo

La fiscala lamentó que no se sabe dónde están 4.100.000 euros de los más de 10 que ocultó en Suiza el extesorero del PP Luis Bárcenas, para quien pide 39 años de cárcel. Un dinero que, según la representante del ministerio fiscal, obtuvo de la caja b del PP, cuya existencia “ha quedado plena y abrumadoramente acreditada” en el juicio, y del cobro de comisiones por adjudicaciones.

Bárcenas lo blanqueó “con tal eficacia” que no han podido ser localizados movimientos por 3,8 millones y una retirada de efectivo de 300.000. Le ayudaron el extesorero de Alianza Popular Ángel Sanchis Perales y su hijo Ángel Sanchis Herrero, para los que solicita ocho y medio de prisión. Su esposa, Rosalía Iglesias, para quien pide 24 años, fue cooperadora necesaria.

Bárcenas se acogió a la “amnistía fiscal”, pero “no para regularizar, sino para ocultar la titularidad de sus cuentas, ya que lo hizo a nombre de empresas” y “hay un abundantísimo patrimonio no declarado a Hacienda”.

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