Ocho preguntas y respuestas sobre la imputación de los concejales Mayer y Sánchez Mato

La imputación de Celia Mayer y Carlos Sánchez Mato a raíz de una querella del PP ha abierto un nuevo frente a la Corporación Municipal de Manuela Carmena. Salvo que logren adelantar la fecha, como pretenden, los ediles de Políticas de Género y Diversidad y Hacienda, respectivamente, comparecerán en el juzgado de instrucción número 21 de Madrid el próximo 18 de septiembre. Darán cuentas sobre los dos informes que encargaron desde sus cargos directivos de la empresa municipal Madrid Destino por 100.000 euros sobre las irregularidades en el convenio entre la empresa pública y el Open de tenis de Madrid, y que sustentaron la denuncia que ambos llevaron a la Fiscalía por estas irregularidades. A continuación, algunas de las claves del caso:

¿Por qué Mayer y Sánchez Mato consideraron necesario auditar la gestión en el Open de Madrid?

Consideraban que había irregularidades en el contrato entre la empresa municipal Madrid Destino y la Sociedad Madrid Trophy Promotion, S.L organizadora del torneo de tenis Mutua Madrid Open que se celebra anualmente en la Caja Mágica – firmado antes de la llegada de Ahora Madrid al Gobierno municipal-. La Intervención General del Ayuntamiento no encontró nada reseñable al respecto. La auditoría encargada por la Corporación Municipal refleja que el procedimiento de contratación con Madrid Trophy Promotion fue irregular, que existen negocios jurídicos duplicados y objetos diversificados. También que no está cuantificada la cesión del uso de instalaciones, y que no existe control público sobre el destino dado a los derechos de acceso privilegiado (entradas, palcos vip, etc). Lo más llamativo es que la cantidad pagada a esta empresa con el dinero de los madrileños se disparó desde los 1.704.517 euros, en 2006, a casi 10 veces más, 10.469.136 euros, en la actualidad.

Con toda la información, el 23 de marzo, Mayer y Sánchez Mato presentaron una denuncia ante la Fiscalía, en calidad de presidenta del Consejo de Madrid Destino, y vicepresidente del órgano. También intervino Ana Varela, consejera delegada de Madrid Destino.

¿Había otros informes sobre la gestión del Open? ¿Por qué no se siguió recurriendo a los servicios del Consistorio?

Existían tres informes de los servicios jurídicos del Ayuntamiento que no daban cuenta de irregularidades en estos contratos. El Consistorio afirma que, al ser Madrid Destino una empresa municipal, parte de sus actuaciones quedan excluidas de los servicios de asesoría jurídica a los que sí tiene acceso el Ayuntamiento. Recuerdan que la empresa pública no tiene servicios jurídicos para abordar varias cuestiones, “por lo que entra dentro de la normalidad recurrir a asistencia legal externa en muchos casos”.

Por otro lado, en la Memoria justificativa del gasto correspondiente al asesoramiento jurídico de Madrid Destino, publicada por El País, se señala que “debido a la sobrecarga de trabajo” de los abogados municipales y a la necesaria “discreción”, se elegía a los dos despachos que recibieron los contratos.

¿Por qué no bastó con estos informes?

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Madrid declinaron entrar en materias como “valoraciones económicas” o “el control de gastos y a la eficiencia de servicios” sobre el convenio, como publicó El Diario.es.

Un documento de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento en respuesta a las peticiones de evaluación cursadas por el Gobierno de Ahora Madrid, afirma que “no corresponde” a este organismo “realizar labores de asesoramiento técnico jurídico: ni se emiten dictámenes de pura gestión, ni se dan opiniones de la actuación del órgano consultante”.

Por su parte, el bufete Nazaret 6, consultado en noviembre de 2016, afirmaba que para detectar un supuesto caso de duplicidad de gasto e irregularidades era necesario tener un mayor conocimiento de la documentación. El bufete recomendó “renegociar las condiciones de celebración del torneo”, pero no encontró ilícitos penales.

Según El País, un informe del Ayuntamiento del 19 de enero de 2017, reza: “Como se ha puesto de manifiesto en otras ocasiones [en un informe municipal anterior, de marzo de 2016], consideramos que derechos de sede y patrocinio son cuestiones jurídicamente distintas y separables, por lo que el hecho de que se instrumenten de forma separada no infringiría ninguna norma”.

¿Se designó de manera irregular a los despachos encargados de la auditoría del Open de tenis?

Según el Ayuntamiento, todo se hizo en el marco de la ley de contratos del Sector Público. Las Instrucciones de Contratación de Madrid Destino –que no fueron adoptadas por Ahora Madrid- marcan en 50.000 euros el límite para adjudicar contratos sin elaborar pliegos ni realizar una licitación abierta.

“En la preparación de los contratos cuyo valor estimado sea superior a CINCUENTA MIL EUROS (50.000 €), MADRID DESTINO elaborará con carácter obligatorio un pliego de prescripciones técnicas y administrativas”, reza el documento.

¿De qué los acusan?

El Partido Popular ha interpuesto una querella contra Mayer y Sánchez Mato por prevaricación, malversación de fondos públicos y delito societario. Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer y Ana Varlea han sido citados a declarar como querellados en el Juzgado de Instrucción número 21 de Madrid, el próximo 18 de septiembre.

¿Qué dice el código ético de la formación?

En su punto 1.4 , el código ético establece el “Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación por la judicatura de delitos relacionados con corrupción, prevaricación con ánimo de lucro, tráfico de influencias, enriquecimiento injusto con recursos públicos o privados, cohecho, malversación y apropiación de fondos públicos, bien sea por interés propio o para favorecer a terceras personas”. Ambos concejales están siendo investigados por prevaricación y malversación de fondos públicos, delitos que aparecen reflejados en el texto.

Según el Gobierno municipal, en el texto “se establece con absoluta claridad la dimisión en caso de actos que pudieran ser sospechosos de lucro o enriquecimiento propio o ajeno”. “No cabe ninguna duda de que Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer actuaron con la única intención de esclarecer posibles irregularidades. No hay ninguna posibilidad de que esa actuación pudiera emplearse en beneficio económico propio o ajeno”, afirman.

¿Cuál es la postura del Ayuntamiento? ¿Y De Ahora Madrid?

La Corporación municipal ha cerrado filas en torno a Mayer y Sánchez Mato, rechazando que tengan que dimitir o que hayan incurrido en irregularidades. “Cuando se elaboró el código ético, las personas que forman parte de Ahora Madrid sabían que una de las estrategias que ciertos grupos emplearían para frenar la lucha contra la corrupción sería la vía judicial. No es nada nuevo, prácticamente todas las actuaciones emprendidas contra la corrupción han sido respondidas con querellas”, recuerdan.Tampoco ha habido fisuras en la candidatura municipalista Ahora Madrid, formada por Podemos, Izquierda Unida, Equo y Ganemos –del que se escinde M129-. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha rechazado este miércoles que deban dimitir y ha elogiado su “comportamiento ejemplar”: “Lo que han hecho Celia y Carlos ha sido investigar la corrupción y precisamente les atacan y denuncian por investigar la corrupción”.

La posición de la alcaldesa tiene más matices. Manuela Carmena se encuentra de viaje oficial en Montreal (Canadá) para participar en el XII Congreso Mundial de Metrópolis, donde se abordarán temas como el desarrollo sostenible, la movilidad y la economía colaborativa. Fuentes del Consistorio aseguran que todas las actuaciones del Gobierno municipal “han sido consensuadas” con ella, y no consta ninguna reacción pública a la imputación. En su día, Carmena criticó que los dos ediles acudieran a la Fiscalía sin informarla previamente. Dijo que le “hubiese gustado conocer la denuncia antes, y no después”. Mayer y Sánchez Mato actuaban en calidad de directivos en la empresa municipal, y fueron destituidos de estos cargos apenas una semana después, aunque aseguraron que no existía relación entre su cese y la denuncia.

¿Y la de la oposición?

El PP, que fue quien presentó la querella, y quien gobernaba durante los años en los que se investiga el contrato, ha pedido la dimisión de ambos concejales desde distintos espacios, incluido el Congreso de los Diputados.

El Grupo Popular del Ayuntamiento llevará al próximo pleno, el miércoles, una moción para que la alcaldesa cese a ambos concejales. Contará con el respaldo de Ciudadanos, que también ha pedido que renuncien a sus actas como ediles.

Por su parte, la portavoz del PSOE, Purificación Causapié, ha pedido a la alcaldesa que “reflexione” y “mueva ficha” sobre si quiere estar acompañada de “personas desleales”. Causapié afirma que la querella provoca “una situación muy grave” que les genera “intranquilidad”, y hace que estén “muy preocupados”. Apunta que el Gobierno Municipal debe tomar “medidas de algún tipo”, sin entrar en más detalles.

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