Rajoy busca un acercamiento a la Generalitat con «medidas reales»

Los contactos entre el Gobierno nacional y el autonómico siguen de forma discreta

La «operación diálogo» sigue adelante, de forma discreta y sin muchos focos, según explican en el Gobierno de Rajoy. Pero esos contactos entre ambas administraciones están dirigidos a lo que La Moncloa llama «políticas reales», medidas concretas que afectan a los ciudadanos, pero que nada tienen que ver con los fines independentistas ni con el referéndum ilegal. En las últimas semanas, el Ejecutivo ha intensificado el intento de acercamiento a la Generalitat, con una batería de medidas y gestos con los que busca allanar el camino del diálogo y demostrar que el Gobierno sí se ocupa de Cataluña, pese a las acusaciones de Puigdemont y Junqueras.

Desde La Moncloa se asegura que «el Gobierno ha fijado como uno de los ejes de la legislatura atender las prioridades de los catalanes y mantener un diálogo constante con el conjunto de la sociedad catalana». Siempre con respeto «a la soberanía nacional, la igualdad de todos los españoles y la ley».

Uno de los «gestos» más claros lo protagonizó Rajoy hace diez días en Bruselas, cuando mostró un apoyo rotundo a la candidatura de Barcelona como sede de la Agencia Europea del Medicamento, a pesar de que había otras ciudades candidatas en España. Pero hay otras decisiones del Gobierno más contantes y sonantes ahora mismo. El 3 de marzo, el Consejo de Ministros aprobó casi 12.000 millones para las Comunidades autónomas a través de los mecanismos de financiación en los dos primeros trimestres. De ese importe, Cataluña será la que más reciba, 3.598 millones.

En la negociación de los Presupuestos, el Gobierno está dialogando con el PDECat, y aunque finalmente no logre su respaldo, sí incluirá inversiones demandadas por esa Comunidad. De hecho, el Corredor del Mediterráneo recibirá una fuerte inyección presupuestaria, según desveló Rajoy en el Congreso.

El Ejecutivo también trató de acercarse al PDECat para aprobar el decreto ley de la estiba portuaria, sin éxito. Unos días antes, el PP sí apoyó, con el visto bueno de Moncloa, una Proposición de Ley de los independentistas encabezados por Homs, para poner freno a los «okupas». Y esta semana pasada, el Gobierno aprovechó la presencia de Puigdemont en Madrid, en la entrega de los premios Blanquerna, y envió una significativa «delegación», encabezada por el ministro portavoz, Íñigo Méndez de Vigo, y las dos «manos derecha» de Sáenz de Santamaría: José Luis Ayllón y Roberto Bermúdez de Castro.

En este contexto, desde La Moncloa no se descarta que Rajoy y Puigdemont vuelvan a hablar, tras la reunión secreta que mantuvieron en enero. De hecho, el presidente tiene previsto viajar a Barcelona en los próximos días, y no solo para participar en el congreso del PP catalán el fin de semana.

Por parte de la Generalitat, cualquier alusión a la «operación diálogo» es tomada prácticamente a mofa. La coincidencia en las últimas semanas de los procesos judiciales contra líderes soberanistas ha servido al Gobierno catalán no solo para desmerecer cualquier aproximación por parte del Ejecutivo de Rajoy, sino para dar por enterrada la citada «operación». Con la celebración de un referéndum como medida innegociable, el Ejecutivo de Carles Puigdemont precipita un choque de trenes incompatible con cualquier aproximación.

Pese a ello, y como se ha explicado, a un segundo nivel el diálogo entre ambas administraciones nunca se ha interrumpido, de manera notoria entre la consejería de Economía del vicepresidente Oriol Junqueras (ERC) y su homóloga Soraya Sáenz de Santamaria. Con todo, y como se reconoce desde la parte catalana, sin hablar de referéndum cualquier gesto será estéril.