Primer roce entre Podemos y PSOE tras el acuerdo para colaborar en el Congreso

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El PSOE y Unidos Podemos han empezado su colaboración parlamentaria en el Congreso con un primer roce a cuenta de la presentación este martes por parte del grupo confederal de una proposición de ley que pretende obligar a contratar a los becarios al acabar la carrera sin poder ampliar becas.

Una iniciativa de la que el grupo que capitanea Pablo Iglesias no ha informado al PSOE, lo cual ha generado cierto malestar en la dirección del Grupo Socialista, sobre todo después de que en el encuentro de este lunes, que presidieron Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, ambas partes coincidieran en las medidas que se han de tomar para resolver el problema de lo que denominaron “precariado”.

Desde el PSOE consideran que registrar una iniciativa sobre uno de los asuntos tratados en la reunión apenas unas horas después y sin informar de la misma no es la mejor forma de iniciar esa colaboración parlamentaria a la que ambos grupos se han comprometido.

La proposición que Unidos Podemos ha presentado en el Congreso de los Diputados quiere regular el trabajo de los becarios planteando la creación de un estatuto que obligue a las empresas a pagar a los estudiantes en prácticas el Salario Mínimo Interprofesional calculado en proporción al número de horas dedicadas, así como los costes de transporte y manutención.

Obligación de contratar tras los estudios

La proposición plantea asimismo restringir los contratos en prácticas al ámbito universitario y que una empresa que quiera seguir contando con un becario tenga que contratarlo una vez este concluya sus estudios.

La iniciativa legislativa, que desarrolla una proposición no de ley aprobada en la Comisión de Empleo de la Cámara Baja, busca aprobar un Estatuto del Becario con la que asegurar “unos mínimos derechos y mínima remuneración”, tal y como han asegurado este martes en declaraciones a los medios los diputados Segundo González (Podemos) y Aina Vidal (En Comú).

Podemos denuncia el “fraude laboral” que tiene lugar en las prácticas académicas externas, pues asegura que en muchas ocasiones sirven para sustituir labores similares a las de un trabajador contratado y carecen del carácter formativo con el que se concibe esta relación.

Para garantizar “la calidad formativa” de estas prácticas la formación quiere que solo puedan desarrollarse en el ámbito universitario y con el control de los propios centros, y evitar así que otros centros de formación puedan proporcionar este tipo de contratos. Así, según subrayan en la iniciativa, las prácticas académicas externas “serán exclusivamente curriculares”.

La proposición de ley incluye límites a las prácticas dentro de las titulaciones académicas de las que forman parte —hasta el 10% de los créditos en estudios de Grado y del 25% en los de Posgrado—, pudiendo realizarse una vez el estudiante haya superado el 50% de los estudios.

Asimismo, establece límites de 5 horas diarias y 25 semanales para la realización de las prácticas académicas en período lectivo —7 horas diarias y 35 semanales en no lectivo— y un descanso mínimo de 48 horas ininterrumpido a la semana.

También establece cuotas a las empresas para la contratación simultánea de estudiantes, con un máximo de un becario en empresas de hasta 10 trabajadores, dos becarios en las de hasta 30, tres en las de hasta 59, y un porcentaje máximo del 5% de la plantilla en las que superen los 60 trabajadores.