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Protestas contra un Palau vacío

Tras la “marcha por la libertad” emprendida con motivo de la Diada del 2018, algunos manifestantes acamparon en la plaza Sant Jaume. El president Quim Torra salió un día de su despacho a darles ánimos. Allí permanecieron hasta que fueron desalojados, un mes después. Esta semana también fueron expulsados de la plaza un grupo de acampados, dueños de negocios de ocio nocturno, que llevaban diez días allí instalados para pedir la reapertura de sus locales después de meses con la persiana bajada por el coronavirus. Y el pasado viernes, la plaza acogía otra protesta contra la decisión del Govern de cerrar bares y restaurantes. Los manifestantes lanzaron consignas, huevos y platos contra el Palau de la Generalitat. Suponiendo que hubiera tenido interés, ningún president pudo salir a hablar con los concentrados. Nadie con autoridad reconocida y reconocible podía escucharles. Palau estaba vacío. Símbolo inerte del momento que vive la institución.

Ningún gobierno adopta medidas nefastas para la economía y, por tanto, para su popularidad, si no son necesarias. Y el Govern compareció unido para anunciarlas. Con dos consellers de ERC y dos de JxCat. Pero eso no significa que se presten a asumir por igual el desgaste que implican esas decisiones. Así, el presidente del grupo parlamentario de Junts, Albert Batet, mostraba el viernes en un tuit su solidaridad con los 170.000 trabajadores del sector, insinuaba que “quizá se podían haber analizado otras alternativas menos lesivas para la economía” y concluía que era “imprescindible que las administraciones canalizasen ayudas directas, hasta ahora insuficientes”. Un implícito reproche contra el Departamento d’Economia que dirige el vicepresidente, Pere Aragonès, de ERC, que ha previsto 40 millones en subvenciones, cifra que los afectados estiman ridícula. De hecho, en JxCat calculan que se debería llegar a los 350 millones. El manual nacionalista dictaría redirigir la crítica al Gobierno central, pero el estandarte del victimismo se lo lleva el Madrid de Isabel Díaz Ayuso, con el que es difícil competir.

Las decisiones complicadas, en efecto, recaen sobre los departamentos de Esquerra. Sin embargo, a JxCat también interesa transmitir que es sensible a las inquietudes de los catalanes. Buena parte del tejido comercial y de pequeños empresarios que ve cómo se hunden sus negocios integraba la tradicional bolsa de votantes de Convergència y, en teoría, deberían recalar en JxCat. La crisis provocada por la pandemia está adquiriendo unas dimensiones tan preocupantes que ni los más procesistas se conforman con la práctica de una política prolija en simbolismo y desplantes, técnica que ha cundido en los dos últimos años a modo de tinta de calamar con la que despistar de la falta de un proyecto compartido al frente del Govern. De ahí que JxCat subraye el perfil económico de Ramon Tremosa como contrapeso a Aragonès. Ambos han entablado una dura pugna por acudir a la conferencia de presidentes autonómicos del día 26 –que aún no se sabe si será virtual o presencial– con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, sobre los fondos de recuperación de la UE. Antes ningún gobernante independentista habría tenido interés en formar parte de un foro autonómico, ahora se libra una dura pelea por asistir.

El pacto de orfebrería forjado entre JxCat y ERC para repartirse las funciones tras la inhabilitación de Torra permitiría acudir tanto al vicepresidente como al conseller del ramo. Junts dará la batalla para que sea Tremosa, titular de Empresa, mientras que ERC no puede permitir que el vicepresidente quede relegado, aun a costa de ser acusado de “usurpador”. Ambos partidos quieren aparecer como los interlocutores de la negociación de unos fondos que son el único asidero en medio de la tragedia económica. Algunos dirigentes de JxCat están preocupados por la posible desmoralización del votante que se sentía representado por el perfil gestor de Artur Mas. El expresident está alineado con el PDECat y la posibilidad de pacto de ese partido con Carles Puigdemont es escasa.

Al tiempo que se intenta poner distancia con el pasado, brota cierta nostalgia de Convergència entre sus herederos. De esa esquizofrenia han surgido dos opciones electorales, la del PDECat de Àngels Chacón y la del PNC de Marta Pascal, que tienen muy difícil lograr diputados por separado, pero que pueden sustraer unos miles de votos vitales a JxCat. A ello hay que sumarle la proliferación de facciones internas en el partido de Puigdemont, donde los aspirantes a la presidencia se cuentan con los dedos de las dos manos. Una disgregación que solo puede aplacarse si el expresident encabeza la lista y evita señalar al elegido hasta después de las elecciones. Puigdemont aún no ha decidido qué hará. Venció a Oriol Junqueras en las euro­peas, pero perder sería una merma para su aura de icono del independentismo.

A la espera de despejar esas incógnitas, el objetivo es salir indemne de estos cuatro interminables meses hasta las elecciones. Torra no las convocó para propiciar que ERC acuse el desgaste de la pandemia. En efecto, el malestar empieza a aflorar. Pero está por ver si afecta solo a ERC o a todo el Govern porque a la política catalana el virus la ha pillado exhausta. Como decía Mafalda, “el drama de ser presidente es que uno se pone a resolver los problemas de Estado y no le queda tiempo para gobernar”.

Expectativas sobre los indultos

Pedro Sánchez va a continuar con su intención de reformar el delito de sedición en el Código Penal, lo que favorecería la libertad de los presos del 1-O, y también quiere llevar adelante los indultos. Ambas cosas en paralelo. Pero tiene claro que eso no será antes de las elecciones catalanas del 14 de febrero, sino que probablemente alguna de las dos vías se materializará justo después. Sin embargo, sí se irá creando la expectativa de esa próxima puesta en libertad, por ejemplo aprobando la reforma penal en el Consejo de Ministros antes del 14-F, aunque después quedará su paso por el Congreso.

Iceta, candidato

La popularidad que ha adquirido Salvador Illa como ministro de Sanidad ha llevado a algunos dirigentes del PSOE a plantear la posibilidad de que fuera el candidato a la Generalitat. Pero ni en el PSC ni en la mesa del presidente Pedro Sánchez ha estado esa posibilidad. Miquel Iceta será el candidato, arropado tanto por Sánchez como por Illa, con quienes mantiene una buena relación, en especial con el ministro. Sánchez se volcará en la campaña catalana con el mensaje del “reencuentro”. El PSC espera recuperar el liderazgo del electorado constitucionalista.