Puigdemont planteará un debate en el Congreso sobre el referéndum del 1-O

Carles Puigdemont está dispuesto a jugar todas sus cartas para lograr que el referéndum previsto para el 1 de octubre en Catalunya se celebre. El compromiso y determinación de su Govern, la mayoría independentista en el Parlament, la movilización continúa programada por las entidades soberanistas hasta el día D… y esas otras cartas, las de siempre, que hasta el momento no sirven más que para fijar posiciones y manifestar voluntades.

La fiebre epistolar de las relaciones entre el Palau de la Generalitat y las instituciones del Estado y la UE llegará en unos días al Congreso. Después de Mariano Rajoy y el presidente de la Comisión de Venecia, el president tiene previsto remitir una nueva misiva ofreciendo diálogo al Gobierno central y los partidos de ámbito estatal, pero esta vez a través de la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy ofreció a Puigdemont que repitiera la operación Ibarretxe y sometiera su propuesta de referéndum a consideración del pleno del Congreso. Las vías que los populares ponen sobre la mesa son que el Parlament tramite una propuesta de reforma del Estatut o de la Constitución y que el president la defienda en el hemiciclo. Pero el president se aferra a que el Congreso y Rajoy han dicho no a las pretensiones de Catalunya en 18 ocasiones. Por eso, se pondrá a disposición de Ana Pastor para acudir al Congreso a explicar la propuesta catalana de referéndum, su pregunta –“¿Quiere que Catalunya sea un Estado independiente en forma de república?”– y hasta debatirla, pero no para pedir una ponencia constitucional, ni mucho menos someter sus planes a votación en Madrid.

El planteamiento del president es que esa etapa ya pasó, las propuestas catalanas fueron rechazadas, y lo único que queda por votar en el Congreso es “la propuesta del Gobierno de España, si la tiene”. Lo que busca Puigdemont es una “invitación” de la presidenta del Congreso para hacer efectivo lo más similar a un cara a cara con Mariano Rajoy. Algo que en el Palau de la Generalitat argumentan con la decisión del presidente del Gobierno de dar la réplica en el hemiciclo la próxima semana a la moción de censura presentada por Podemos. “Si tiene tiempo para replicar a Pablo Iglesias, debería poder hacer un esfuerzo para afrontar lo que él mismo considera como un grave problema”, sostienen fuentes del Ejecutivo catalán.

Puigdemont quiere que quede claro en todo momento, y hasta el día 1 de octubre, su disposición a sentarse en una mesa con Rajoy. Se reiterará por diferentes vías la oferta de un acuerdo, pero el president tampoco piensa perder el tiempo. Tras anunciar el viernes la fecha y la pregunta del referéndum, su declaración institucional fue remitida a los embajadores acreditados en Madrid y el cuerpo consular en Barcelona, pero no a la Moncloa. En paralelo, la Conselleria d’Afers i Relacions Institucionals i Exteriors i Transparència remitía un memorándum en el que se anunciaba la fecha del referéndum y se defendía la consulta como “única ruta posible” para determinar las relaciones entre Catalunya y el resto del Estado.

El trabajo de los estrategas gubernamentales tiene ahora rumbo fijo. En los próximos días se sucederán actuaciones para visualizar que la organización del referéndum está en marcha, la acreditación definitiva de las empresas que aspiran al contrato de suministro de las urnas, se avanzará en la concreción del censo y en la definición de los espacios de votación.

En ese ámbito, serán los alcaldes quienes tomarán protagonismo en los próximos días. En el calendario del proceso está marcado en rojo un acto municipalista en el que los ayuntamientos partidarios del referéndum manifestarán su apoyo al Govern. Se trata, según fuentes del Ejecutivo catalán, de evidenciar que la consulta “no es cosa de Puigdemont o de Oriol Junqueras”, sino que todas las instituciones –la Generalitat, con el Govern y los altos cargos, el Parlament y los ayuntamientos– están “conjuradas” para celebrar el referéndum. Así, señalan, la respuesta del Gobierno de Rajoy no irá “contra personas, sino contra instituciones”.

Aunque en el bloque independentista sigue abierto el debate sobre si la norma que regule el referéndum debe formar parte del corpus de la ley de transitoriedad jurídica o tener vida propia, desde el Govern y el grupo parlamentario se minimizan las diferencias. El contenido de la norma se conocerá antes del parón estival, aunque se recuerda que, en cualquier caso, no está previsto “firmar nada” –la aprobación de una ley en el Parlament, la convocatoria del referéndum o los concursos de suministro de material– hasta la última semana de agosto o la primera de septiembre. Al portavoz del Gobierno central, Íñigo Méndez de Vigo, le gusta repetir que “los pensamientos son libres”, así que a la espera de los hechos y la concreción de si el Consejo de Ministros pide al Tribunal Constitucional que actúe o lo hace la Fiscalía, no faltan elucubraciones en la Generalitat en función del cargo que se ostente. En la Presidència, incluso esperan operaciones “quirúrgicas” de suspensión de competencias, incluida la de la convocatoria electoral, que ostenta el presidente de la Generalitat.

También se ajustarán los discursos en el seno el Govern en el tramo decisivo hacia el referéndum. Puigdemont mantiene contactos regulares con representantes empresariales y sindicales en busca de comprensión por la vía unilateral aunque no la apoyen explícitamente. También con los comunes de Ada Colau, aunque la unidad debe empezar por casa.

Tras la conferencia conjunta en Bruselas del pasado enero, Puigdemont y Junqueras impusieron un cierre de filas en el Govern y sus partidos que no pudo evitar incidentes como la crisis de la grabación a David Bonvehí pero que les ha permitido avanzar. “No vivimos en una balsa de aceite pero ahí estamos”. La pregunta del referéndum es un ejemplo. Incluye la palabra república, en ERC agradecen el gesto y lo relacionan no con el pasado sino con una evocación a un cambio de régimen, pero si no apareciera, “no pasaría nada”. Lo que sí tienen claro es que a partir de ahora el relato debe girar en torno al porqué el referéndum es “la única salida a un régimen asfixiante”. De ahí la singularidad del discurso de Junqueras el viernes en el Palau de la Generalitat citando la operación Catalunya, el escándalo del proyecto Castor o cómo se han “ventilado” el fondo de reserva de la Seguridad Social.

Los republicanos también están dispuestos a acompañar el discurso anticorrupción de Puigdemont justo cuando la justicia aprieta a la antigua Convergència con la sentencia del caso Palau pendiente y la investigación del 3% en marcha, que ha supuesto la imputación de Germà Gordó y su ruptura con el PDECat. “Es evidente que en el futuro los intereses serán divergentes, pero ahora todos tenemos claro que unas elecciones no pueden sustituir al referéndum”, sostienen fuentes republicanas. El acuerdo, afirman, es que “no habrá elecciones autonómicas” y que es preferible ser inhabilitado por la justicia intentando hacer un referéndum que “por tus propios votantes”.

Igual de compleja se presenta la relación del Govern con los comunes de Ada Colau. La reacción de la alcaldesa y Xavier Domènech al anuncio de la pregunta fue considerada “suave” desde el Palau de la Generalitat. Tras la reunión del martes en la que el Pacte Nacional pel Referèndum pasó a un estado de hibernación, el discurso del dirigente de Catalunya en Comú alejaba del imaginario del referéndum la cifra mágica del 80% de apoyo. Domènech no tiene previsto estar hoy en el acto de reivindicación del referéndum junto a las columnas de Puig i Cadafalch y ayer avisó que no darán “un cheque en blanco a una mayoría de la que no participan ni a anuncios simbólicos”.

No obstante, la constatación de que más allá de insistir en un referéndum con garantías se admita que se llamará a la movilización supone un respiro para los socios del Govern. Los comunes aspiran a blindar su proyecto de la hoja de ruta del Govern, pero también son conscientes de que tienen pendiente una reflexión interna que aspiran a resolver en la reunión de la coordinadora del 8 de julio.

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