Rajoy ofrecerá más financiación e inversión para Catalunya tras el 1-O

No habrá ningún movimiento del Gobierno hasta el 1 de octubre. Lo dijo el lunes Mariano Rajoy, pero ¿qué hará después? Los colaboradores del presidente del Gobierno consultados aseguran que aún no está decidido, porque depende de muchas cosas, pero apuntan que una oferta de negociación del Ejecutivo a Catalunya pasará, sin lugar a dudas, por una mejora en la financiación autonómica, más inversiones en infraestructuras, y muchos de los puntos que en su día Artur Mas primero y Carles Puigdemont después plantearon como reivindicaciones. Y eso que la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha quejado amargamente de que ha llevado ofertas en las 45 cuestiones planteadas, en sus negociaciones con Oriol Junqueras, pero el vicepresidente catalán sólo quería hablar de una, la 46.ª, la que exigía la celebración de un referéndum de autodeterminación.

Lo que no figura entre los planes del presidente del Gobierno es plantear una reforma de la Constitución, como ofrecen los socialistas, y que sólo estaría dispuesto a contemplar “si se pone una propuesta concreta encima de la mesa”, aseguran las fuentes consultadas, cosa que el PSOE todavía no ha hecho, creen en el PP, por temor a la reacción de sus comunidades ­autónomas.

Mariano Rajoy aseguró que no habrá ningún movimiento del Gobierno hasta el 1 de octubre

Esas fuentes señalan que el PP estaría dispuesto a explorar una reforma constitucional en determinadas circunstancias, pero nunca antes del 1 octubre, como ha hecho el PSOE, porque si ahora se hace esa oferta, aducen, ¿qué es lo que se va a ofrecer después? De hecho, el vicesecretario del territorial del PP, Javier Arenas, considera “nefasto” y “absolutamente inoportuno” que el PSOE quiera abrir ese melón antes de la fecha fijada para el referéndum, porque cree que una de las claves de lo que ocurra es mantener la unidad de acción entre PP, PSOE y Ciudadanos antes y después de la fecha del referéndum. Hasta entonces, para que no se celebre, y después para que la oferta que se haga a Catalunya cuente con el consenso de los principales partidos, y pueda, por lo tanto, suponer un compromiso de cumplimiento.

Por eso, entre otras razones, ni el Gobierno ni el PP quieren hablar aún oficialmente de una oferta política a Catalunya. Y porque esa oferta “dependerá de muchas cosas” y de cómo se sucedan los acontecimientos de aquí al 1 de octubre. Y es que, en primer lugar, subrayan en el PP, habrá que esperar a ver quién es el interlocutor del Gobierno central tras el 1 de octubre. Si hay un desacato por parte de miembros del Govern de la Generalitat a las sentencias e indicaciones del Tribunal Constitucional, para el Ejecutivo quedarán inhabilitados para negociar, al margen del futuro judicial que les espere.

Lo que no figura entre los planes del presidente del Gobierno es plantear una reforma de la Constitución, como ofrecen los socialistas, y que sólo estaría dispuesto a contemplar “si se pone una propuesta concreta encima de la mesa”

Habrá que ver también, señalan, si tras el 1-O, o porque este no pueda celebrarse, el presidente de la Generalitat convoca elecciones al Parlament, con lo que todo quedará paralizado hasta que se celebren. Y habrá que ver también la disposición de los gobernantes catalanes, los actuales o los próximos, a una negociación, a lo que, aseguran en el PP, se han negado en estos años.

Sería ese el momento de elaborar una propuesta, que Rajoy desearía que estuviera avalada por el PSOE y Ciudadanos, y ver la reacción de los responsables de las instituciones catalanas ante el acuerdo. Rajoy, aseguran en su entorno, está dispuesto a hacer un esfuerzo y hacer una propuesta, incluso aceptando elementos de las propuestas de los otros partidos.

Su guía, de todas formas, insisten en el Gobierno y en el PP, será el documento que le entregó Carles Puigdemont a Mariano Rajoy en su primera reunión, en abril del 2016, y con la intención, aseguran, de mantener una vía política de diálogo abierta que permita llegar a acuerdos amplios sobre las reivindicaciones de Catalunya y las posiciones de los partidos constitucionalistas.

En ese ámbito, cuestiones sobre la lengua catalana, como plantea el PSOE en su declaración de Barce­lona, el desarrollo del Estatut o la ampliación de competencias serían temas que discutir.

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