Sindicatos de la Guardia Civil y Policía piden que no se vulneren los derechos de los trabajadores en el Prat

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Actualizado 14/08/2017 13:28:50 CET

AUGC dice que los guardias civiles se sienten “utilizados” por el Gobierno; el SUP asume la intervención en el Prat, pero pide que no se “vulneren los derechos de los trabajadores” y UGT critica que el Gobierno “no respeta el derecho de huelga”.

MADRID, 14 Ago. (EUROPA PRESS) –

El portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), Juan Antonio Fernández, ha expresado que los guardias civiles se sienten “utilizados” por el Gobierno que, a su juicio, “utiliza a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego” en situaciones de conflicto, como la huelga de vigilantes de seguridad en el aeropuerto El Prat (Barcelona).

En declaraciones a Europa Press, Juan Antonio Fernández ha admitido que se limitan a “cumplir órdenes que vienen del Gobierno” y en estos momentos están “velando por que se cumplan los servicios mínimos”, con lo que se ha mostrado “de acuerdo”. Pese a ello, ha reivindicado: “Nos sentimos utilizados en beneficio de los intereses del Gobierno que, cuando quiere, utiliza a la Guardia Civil para que le saque las castañas del fuego, pero cuando se trata de mirar por el ciudadanos no es así”.

“La situación es delicada”, ha apuntado, “el malestar viene cuando el Gobierno ha tendido el problema, que no es otro que una falta de dialogo en un conflicto laboral”. Asimismo, se ha quejado de que se haya vuelto “a recurrir a los guardias civiles”, que se han visto “obligados” a trasladarse a El Prat: “Sin ninguna contraprestación económica, ninguna petición o diálogo”, y ha añadido que únicamente reciben al día 40 euros en concepto de manutención.

SOLIDARIDAD CON LOS HUELGUISTAS

En este sentido, el portavoz de la AUGC ha subrayado que “si hubiera habido mayor dialogo no habría sido necesario que la Guardia Civil hubiera ido de manera forzosa”. No obstante, ha afirmado en declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, que desde el cuerpo se “solidarizan” con los trabajadores en huelga, entre otros motivos, porque reclaman lo mismo que llevan “años” pidiendo ellos.

“Venimos muchos años reivindicando una subida salarial del tipo que se ha ofrecido a los vigilantes ahora mismo”, ha apuntado, mientras se mostraba disconforme con sus condiciones laborales: “Muchísimos menos derechos que los que tienen los vigilantes de seguridad, (…) no tenemos ni siquiera herramientas para visualizar la precariedad que tiene la Guardia Civil de manera interna”.

En este sentido ha reivindicado que, si bien los agentes de la Guardia Civil tienen unas condiciones “muy, muy precarias”, cumplen “siempre” con su función: “El Gobierno nos reclama y volvemos a acudir, ahora y siempre que haga falta”, ha destacado. Así, ha afirmado que algunos de los agentes se han visto “forzados” a trasladarse a Barcelona para tomar el relevo de las funciones que han dejado de realizar los vigilantes de la seguridad de El Prat, mientras antes de la huelga su papel era “controlar y supervisar”.

EL SUP PIDE QUE NOS SE “VULNEREN LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES”

Por su parte, el portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Ramón Cosío, ha explicado que asumen que la Guardia Civil “tenga que ir” a cubrir tareas de seguridad en el aeropuerto del Prat, pero ha pedido que “no se vulneren los derechos de los trabajadores”. En este sentido, ha selañado “que tienen que ir” porque es un servicio mínimo que hay que cumplir “‘in extremis'”.

En declaraciones a Europa Press, el sindicato policial ha criticado que la decisión del Gobierno se debe a una “falta de previsión” y a un trabajo “mal hecho” por parte de la Adminstración cuando contrata “este tipo de servicio” que, según ha apuntado, “en origen es público”. “Nosotros creemos en la seguridad pública y no quedan otras narices”, ha añadido.

A su juicio, este servicio no es “una cafetería” y, en este sentido, el Gobierno tiene que introducir clausulas de control en los contratos “que garanticen los derechos de los trabajadores” en un servicio “que es de origen público”.

“El origen del problema es la privatizacion de los servicios sin el control necesario sobre los contratos y sobre el servicio”, ha añadido Cosío.

Con todo, ha explicado que cubrir este tipo de servicio por parte de las Fuerzas de Seguridad del Estado perjudica al cuerpo ya que “están sin personal en todos los sitios”. De este modo, ha pedido al Gobierno “asumir responsabilidades” y ha reiterado que se respeten los derechos de los trabajadores cuando se contratan estos servicios.

UGT: EL GOBIERNO VIOLA EL DERECHO A HUELGA DE LOS TRABAJADORES

Por otro lado, el secretario de seguridad de UGT, Sergio Picallo, ha afirmado que el Gobierno está violando “completamente” el derecho de huelga de los trabajadores de seguridad del aeropuerto de El Prat, porque “no se puede considerar como una situación de normalidad que la Guardia Civil esté sustituyendo a trabajadores que están ejerciendo el derecho a huelga”.

En declaraciones a Cadena Ser recogidas por Europa Press, Picallo ha manifestado su desacuerdo con la posición del Gobierno de convocar un arbitraje obligatorio –figura recogida en una norma de 1977 para “acordar la reanudación de la actividad laboral de modo temporal o definitivo” de huelgas con “perjuicio grave de la economía nacional”–. Para el dirigente de UGT “imponer un laudo arbitral es eludir la responsabilidad de la negociación” imponiendo condiciones “que a ninguna de las partes le resulta satisfactoria”.

En este sentido ha respondido a quienes acusan a los trabajadores de “tomar de rehenes a los pasajeros de El Prat”, aduciendo que los servicios mínimos fijados son del 90%. Asimismo, ha recordado que la huelga es la herramienta “más importante”de la que disponen los trabajadores y ha recordado que se están reivindicando “situaciones personales sobre salarios que, en algunos casos, no llegan a los 1.000 euros”.

Sobre la posibilidad de que los paros se extiendan por otros aeropuertos españoles, Picallo ha declarado que “se pueden crear conflictos de manera generalizada” si el Gobierno “no toma cartas en el asunto y trabaja sobre un modelo de contratación pública que realmente resuelva el problema”.