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Un tribunal con gran experiencia y considerado equilibrado juzga a partir del martes el proceso independentista

Publicado 10/02/2019 11:01:33CET

Marchena preside una Sala de mayoría conservadora pero que reúne a todas las sensibilidades de la Carrera

MADRID, 10 Feb. (EUROPA PRESS) –

El tribunal que juzgará a partir del próximo martes 12 de febrero el ‘procés’ independentista en Cataluña, integrado por siete magistrados de reconocida trayectoria, es calificado en ámbitos jurídicos de ‘equilibrado” por representar en un mismo órgano práctica totalidad de sensibilidades en la carrera judicial.

De mayoría conservadora, cuyos principales valedores en la Sala son los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Andrés Palomo del Arco, la Sala que juzgará al exvicepresident de Cataluña Oriol Junqueras y otros 11 exmandatarios independentistas estará presidida por un moderado y fino jurista, Manuel Marchena, cuya labor al frente de la Sala que juzgará este trascendente caso es calificada de impecable por sus compañeros.

Completan el tribunal el también conservador moderado Andrés Martínez Arrieta y, a la izquierda de todos los anteriores, los progresistas Luciano Varela Castro y la única mujer del grupo, Ana María Ferrer, la primera en la historia que entró a formar parte de la Sala de lo Penal del alto tribunal.

La presencia en esta causa de Marchena -que preside la Sala II (de lo Penal) del Tribunal Supremo y será además el ponente de la sentencia que se dicte sobre el ‘procés’- estuvo a punto de decaer el pasado mes de noviembre, cuando su nombre fue ‘filtrado’ como el del próximo presidente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que debía entonces renovarse como ‘hombre’ de consenso entre el PP y el PSOE.

UN PRESIDENTE QUE ESTUVO A PUNTO DE NO SERLO

La polémica que siguió a dicha filtración culminó con la ‘renuncia’ de Marchena a dicho cargo, para el que todo el mundo le daba como seguro pero que debería haber sido votado por el nuevo Consejo, cuyos miembros siguen sin ser renovados a comienzos de este mes de febrero.

La decisión de Marchena, muy aplaudida en ámbitos judiciales, no sorprendió a sus compañeros del alto tribunal, que mayoritariamente lamentaron la imagen de “conchabeo” político y la puesta en cuestión de la independencia de un jurista de su categoría.

La gota que colmó el vaso fue la filtración del contenido de un mensaje vía ‘WhatsApp’ del portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosidó, apuntando a que la elección de Marchena permitiría a los populares controlar a la Sala de lo Penal de este órgano “desde detrás”. A esta información siguió un comunicado del juez renunciando a su nombramiento, lo que se atribuyó a un “hartazgo personal” ante críticas injustas .

Marchena, que no pertenece a ninguna asociación de jueces, preside lo Penal del Supremo desde octubre de 2014, cuando fue designado por el CGPJ por 12 de los 21 votos del órgano de gobierno de los jueces, superando en apoyos al progresista y exfiscal general del Estado Cándido Conde-Pumpido y a otro conservador, Miguel Colmenero.

Magistrado del Supremo desde 2007, el presidente del tribunal del ‘procés’ procede de la Carrera Fiscal, a la que accedió tras licenciarse en Derecho por la Universidad de Deusto en 1981.

Nombrado fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado en 1992, dos años después pasó a ejercer como fiscal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, donde estuvo hasta 1996, cuando volvió a su anterior destino -la Secretaría Técnica- de la que en 2003 fue designado fiscal de sala jefe y un año después llegó al Supremo.

EL RESTO DEL TRIBUNAL

Martínez Arrieta, que hubiera sido el presidente del ‘procés’ de haber culminado la renovación pactada entre PP y PSOE con Marchena, es un magistrado experimentado, moderado y pertenece a la asociación Francisco de Vitoria. Lleva 20 años desarrollando su labor en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, pues fue nombrado en 1998, cuando con 43 años se convirtió en el el juez más joven en acceder al alto tribunal.

Este magistrado tiene una reconocida trayectoria en esta Sala pues formó parte del tribunal que condenó al exjuez Baltasar Garzón por prevaricación debido a las escuchas a los líderes de la trama ‘Gürtel’ y del que le absolvió, por otro lado, por investigar las fosas del franquismo. Hace casi un año fue nombrado por el CGPJ como magistrado para conocer las actividades del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en caso de ausencia del designado en primer lugar para ejercer dichas funciones.

En el lado conservador del tribunal del ‘procés’ están también el veterano Juan Ramón Berdugo, de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), quien reparte justicia en la Sala Segunda del Supremo desde 2004. Es juez desde 1979 y antes de recalar en el alto tribunal ejerció en Aguilar de la Frontera (Córdoba), Vitoria, Ciudad Real y Córdoba capital.

Se suman a este sector el también exfiscal del Supremo Antonio del Moral, miembro igualmente de la APM quien formó parte de la comisión de expertos encargada de elaborar un borrador de texto articulado de nuevo Código Procesal Penal en 2012 y 2033; así como Andrés Palomo del Arco, no asociado y que fue designado en 2013 con el apoyo mayoritario del CGPJ procedente de a Audiencia Provincial de Segovia.

LOS PROGRESISTAS

En el extremo más progresista de esta Sala se sitúa otro veterano, Luciano Varela, que accedió a la judicatura en 1975 y fue uno de los fundadores la asociación Jueces para la Democracia (JpD). Natural de Pontevedra, ciudad a cuya Audiencia Provincial accedió en 1989, fue autor del borrador de la Ley del Jurado y, tras acceder al Supremo en 2007 fue el ponente de resoluciones que han afectado a otros jueces como Baltasar Garzón -en la causa por investigar el franquismo, por la que resultó finalmente absuelto – y Francisco Javier Urquía, apartado de la carrera por cohecho.

Finalmente, la única mujer del tribunal y hasta hace apenas unos meses única magistrada de lo Penal en esta Sala del Supremo, Ana Ferrer, nació en enero de 1959 e ingresó en la carrera judicial en 1984.

Miembro también de JpD fue presidenta de la Audiencia Provincial de Madrid y de allí saltó al Supremo. Con anterioridad y como juez de Instrucción, le correspondió la tramitación de sumarios de gran relevancia pública, como los incoados por los delitos imputados al ex director general de la Guardia Civil Luis Roldán, a la ex directora del BOE, Carmen Salanueva, o los iniciados tras la desaparición y muerte de la niña Susana Ruiz, entre muchos otros.