El gobierno de Donald Trump continúa propulsando un política orientada a frenar la inmigración legal a Estados Unidos, esta vez penalizando a inmigrantes legales que han recibido asistencia social del gobierno, impidiéndoles conseguir la residencia permanente y, por ende, la ciudadanía estadounidense.
De acuerdo con uninforme de NBC News, la Casa Blanca está ultimando los detalles de una propuesta que dificultaría a los inmigrante obtener la green card si ellos u otra persona en su hogar alguna vez han usado servicios de bienestar social como Obamacare, el seguro de salud infantil, cupones de alimentos u otros beneficios.
Las modificaciones restrictivas planteadas fueron atribuidas al asesor especial de la Casa Blanca, Stephen Miller y no necesitarían aprobación del Congreso, afirmó NBC, citando a fuentes internas con conocimiento del plan. Más de 20 millones de inmigrantes legales se verían afectados, particularmente aquellos con bajos recursos, estimó la cadena.
Según el borrador de la propuesta enviada a la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca, “el uso de algunos beneficios públicos como el Seguro de Seguridad Social ya ha impedido a los inmigrantes obtener estatus legal en el pasado, pero los programas incluidos en el borrador del plan reciente podrían devenir en el rechazo de las familias inmigrantes que ganan tanto como el 250 por ciento de la línea de pobreza”.
Un vocero del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) dijo a la cadena que la dependencia “está comprometida a hacer cumplir la ley de inmigración existente, que claramente tiene la intención de proteger al contribuyente estadounidense asegurando que los ciudadanos extranjeros que buscan ingresar o permanecer en EEUU sean autosuficientes”.
La penalización a extranjeros que residen legalmente en el país ya viene contemplándose desde hace meses, cuando salió a relucir otra propuesta del DHS para impedirles la residencia permanente si dependen del gobierno de Estados Unidos y de entidades estatales y locales para obtener recursos.
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Según esa anterior propuesta, recibir beneficios públicos “implicaría un incentivo para los extranjeros migrar a Estados Unidos”.
Los lineamientos actuales prohíben explícitamente a los funcionarios de inmigración evaluar la recepción de asistencia no monetaria a fin de decidir si un postulante a la residencia permanente puede convertirse en una carga para el erario público.
Un estudio de Catholic Legal Immigration Network determinó que entre los beneficios no monetarios que se convertirían en un factor negativo si han sido recibidos en los últimos tres años se encuentran:
▪ Seguro de salud subsidiado bajo la Ley de Cuidado de Salud a Bajo Precio u Obamacare
▪ Medicaid (servicios hospitalarios que no sean de emergencia)
▪ Programa de Asistencia Nacional Suplementaria (SNAP)
▪ Programa de Seguro Médico para Niños (CHIP)
▪ Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC)
▪ Ayuda para costear la vivienda
▪ Ayuda para costear el servicio eléctrico
▪ Crédito por Ingreso del Trabajo (EITC) si excede la obligación fiscal
Paralelamente a estas propuestas, el Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) ha implementado un nuevo protocolo en el que un inmigrante legal será obligado a comparecer ante un tribunal de Inmigración si abusa de “cualquier programa relacionado con la recepción de beneficios públicos”.
El inmigrante será sometido a un proceso de remoción cuando haya evidencia de “fraude o tergiversación deliberada en relación a cualquier asunto o solicitud a otra entidad del gobierno”, explica el memorando publicado a finales de junio.
Estas nuevas iniciativas se suman a otras del mismo cariz como la propuesta por acabar con la lotería de visas y la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS) a salvadoreños, nicaragüenses, hondureños y haitianos. Por otra parte, la actual administración plantea aminorar las reunificaciones familiares y limitar la expedición de visas H1-B para profesionales especializados con títulos universitarios.
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