Los alcaldes de todo el país reaccionaron de inmediato al incremento de la presión del gobierno de Estados Unidos sobre las llamadas ciudades santuario y decidieron boicotear una reunión que tenían el miércoles con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos advirtió el miércoles por la mañana a las autoridades estatales y municipales, que solicitan fondos para subvencionar la seguridad pública, que podrían obligarlas legalmente a demostrar que están cooperando con las autoridades federales de inmigración.
En total, una veintena de jurisdicciones recibieron cartas con amenazas de emitirles citaciones si no entregan documentos para demostrar que no están ocultando información sobre el estatus inmigratorio de personas presas.
La medida provocó una reacción inmediata por parte de los funcionarios públicos, quienes anunciaron que boicotearían una reunión planificada en la Casa Blanca con el presidente Donald Trump el miércoles por la tarde.
El alcalde de Nueva Orleans, Mitch Landrieu, presidente de la Conferencia de Alcaldes, dijo en un comunicado que “la decisión de la administración Trump de amenazar a los alcaldes y demonizar a los inmigrantes una vez más y usar las ciudades como apoyo político en el proceso hizo que esta reunión sea insostenible».
“La Conferencia de Alcaldes de EE. UU. se enorgullece de ser una organización bipartidista. Pero un ataque a alcaldes que conducen ciudades acogedoras es un ataque contra todos en nuestra conferencia», dijo.
Bill de Blasio de Nueva York anunció su boicot en Twitter.
«NO asistiré a la reunión de hoy en la Casa Blanca después de que (en) el Departamento de Justicia de realDonaldTrump decidió renovar su ataque racista contra nuestras comunidades de inmigrantes», escribió, y agregó que la medida “no nos hace más seguros y viola los valores fundamentales de Estados Unidos”.
La portavoz de Trump, Lindsay Walters, dijo que la Casa Blanca estaba “decepcionada de que varios alcaldes hayan decidido realizar una maniobra política en vez de participar en una discusión importante con el presidente y su administración”.
Muchas ciudades han desafiado las amenazas. Chicago, Filadelfia y todo el estado de California han iniciado demandas para determinar si el gobierno federal ha cometido abuso de autoridad al retener los fondos.
Entre las 23 jurisdicciones que recibieron las cartas el miércoles se encuentran Chicago, Nueva York, Denver, Los Ángeles y los estados de Illinois, Oregón y California. Fuentes oficiales dijeron que esos lugares habían recibido advertencias de que debían brindar información sobre sus medidas para poder recibir fondos con los que se pagan desde chalecos antibalas hasta horas extra de policías.
El secretario de Justicia, Jeff Sessions, ha dicho que la política de las ciudades santuario es responsable de la delincuencia y la violencia pandillera. «Hemos visto demasiados ejemplos de la amenaza a la seguridad pública que representan las jurisdicciones que impiden activamente la ejecución de la política de inmigración: basta ya», dijo Sessions el miércoles.
Sin embargo, los defensores de las ciudades santuario dicen que éstas mejoran la seguridad pública al promover la confianza de las comunidades inmigrantes en la policía y permiten volcar los escasos recursos policiales a otras necesidades más urgentes de combate a la delincuencia.
