Auditores: miles de personas inexistentes o falsas en programa de teléfonos federal

Una de cada tres personas inscritas en un programa de teléfonos subsidiados por el gobierno quizás no cumple los requisitos del servicio, y miles de cuentas pertenecen a personas fallecidas o sencillamente que no existen.

Esta falta de supervisión les cuesta a los contribuyentes más de $100 millones en pagos indebidos, según los resultados, dados a conocer el jueves, de una auditoría de la Oficina de Fiscalización del Gobierno (GAO), una entidad federal no partidista.

Creado en los años 1980, el programa Lifeline de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) ayuda a personas de bajos recursos a pagar servicios de teléfono e Internet.

El gobierno federal reembolsa a las compañías de telecomunicaciones que ofrecen descuentos a suscriptores que cumplen ciertos requisitos a través de un fondo que se nutre de los cargos que se cobran a en las facturas telefónicas de la generalidad de los clientes.

Lifeline pagó $1,500 millones en subsidios el año pasado a más de 12 millones de núcleos familiares. Pero se calcula que 36 millones de suscriptores del programa quizás no cumplen los requisitos, según la auditoría.

La GAO revisó 3.5 millones de cuentas del programa Lifeline durante el período auditado de tres años, y no pudo confirmar la elegibilidad de 1.2 millones.

Los investigadores también identificaron que miles de cuentas activas de Lifeline pertenecen a personas que no existen o a fallecidos, y que la FCC no ha revisado significativamente el programa durante sus 30 años de existencia.

Hasta diciembre del 2016, los suscriptores de Lifeline tenían derecho a recibir $9.25 mensuales para su servicio de telefonía o costos de Internet.

La elegibilidad se determina mediante la participación en otros programas federales, como el de cupones de alimentos, vivienda pública subsidiada, ingresos suplementarios, pensiones a veteranos de guerra y otros. Las personas con ingresos correspondientes al nivel federal de pobreza o menos del 135 por ciento de ese nivel también cumplen los requisitos.

“La falta completa de supervisión ha provocado que este programa sea un fracaso, todo lo que puede salir mal ha salido mal”, dijo la senadora Claire McCaskill, demócrata por Missouri quien solicitó la investigación de la GAO.

McCaskill, ex auditora estatal de Missouri, ha presionado por una mayor supervisión de Lifeline desde hace años. La senadora pidió a la GAO que analizara el programa en el 2013 en su condición de presidenta de un panel del Senado que se ocupa de supervisión de servicios financieros y de contratación.

“En este momento permitimos que las compañías telefónicas cobren los cheques del gobierno todos los meses con muy poca supervisión”, dijo McCaskill.

Las conclusiones de la GAO están a tono con los resultados de una investigación realizada el año pasado por el presidente de la FCC, Ajit Pai, que reveló “debilidades serias” en el programa Lifeline, dijo Brian Hart, portavoz de la FCC.

“El informe de la GAO confirma que hay demasiado derroche, fraude y poca supervisión en el programa”, dijo Hart en un correo electrónico.

“El presidente Pai espera trabajar con sus colegas para eliminar a los proveedores inescrupulosos que abusan del programa porque cada dólar gastado en subsidiar a alguien que no lo necesita, no beneficia a alguien que sí lo necesita”, dijo Hart.

Durante la investigación de la GAO, que duró tres años, investigadores encubiertos solicitaron trabajo en una compañía que tiene un contrato de Lifeline para verificar la elegibilidad de los solicitantes. La compañía, que no fue identificada en la auditoría, contrató a los investigadores sin verificar sus antecedentes y entonces les pagaba para inscribir solicitantes falsos con documentación inventada.

Los auditores informan que planean llevar a esta compañía ante la FCC para que se tomen “medidas apropiadas”, al igual que la empresa sin fines de lucro que administra el programa Lifeline, Universal Service Administrative Company (USAC).

USAC tiene entre sus responsabilidades auditar a los proveedores de servicio telefónico para asegurar que pagan las contribuciones debidas al fondo del que se nutre Lifeline. La GAO informó en la auditoría que esa empresa nunca auditó a más del 0.5 por ciento de los proveedores.

USAC también mantiene en un banco privado $9,000 millones en dinero de los contribuyentes para el programa Lifeline, en vez de tener el dinero en el Tesoro federal, contrario a las recomendaciones de la GAO, reportaron los auditores.

La FCC tiene un plan preliminar para trasladar los fondos del banco privado al Tesoro, pero hasta que eso suceda “no cuentan con las mismas prácticas rigurosas de gestión ni las salvaguardas normativas de otros programas federales”, según la GAO.

Chris Henderson, quien renunció en mayo como presidente ejecutivo de USCA después que Pai le envió una carta en que criticaba con fuerza la administración de otro programa de la FCC, E-rate, que subsidia las conexiones de Internet para escuelas y bibliotecas.

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