El miércoles, la ciudad de Baltimore presentó una demanda federal contra el gobierno de Trump alegando que los esfuerzos «ilegales» que alteran una política del Departamento de Estado restringen a los solicitantes de visa y disuaden a los inmigrantes respetuosos de la ley de reclamar asistencia pública.
En su demanda, Baltimore afirma que el Departamento de Estado, a principios de año, amplió silenciosamente su definición de «cargo público», a alguien que en Estados Unidos probablemente depende principalmente de la ayuda del gobierno.
Dice que el cambio no solo está atemorizando a los inmigrantes legalmente autorizados para solicitar programas públicos, sino que impide que los inmigrantes elegibles ingresen al país en primer lugar.
La demanda dice que los cambios permiten a los funcionarios consulares considerar si los solicitantes de la tarjeta verde o sus familiares, incluidos los ciudadanos de EE.UU., se han beneficiado alguna vez de beneficios no monetarios, como vales de vivienda, almuerzos escolares subsidiados o vacunas gratuitas.
La ley federal ha exigido durante mucho tiempo, a aquellos que buscan tarjetas verdes, que demuestren que no serán una carga _ o una «carga pública», pero las nuevas reglas detallan una amplia gama de programas públicos que podrían descalificarlos.
La ciudad más grande de Maryland afirma que los inmigrantes ya temen usar programas gubernamentales que ellos o sus familias necesitan. Señala que la participación de los inmigrantes africanos, en el programa federal Head Start, ha «cesado virtualmente» en Baltimore en lo que va del año escolar.
La alcaldesa Catherine Pugh dijo que su ciudad es «conocida por abrazar a los inmigrantes» y que la creación, por parte de la administración Trump, de «obstáculos adicionales para quienes buscan vivir en Baltimore» es antiamericana y una perversión de los ideales nacionales.
«Estamos decididos a resistir este último intento de privar a nuestras comunidades de inmigrantes de los servicios básicos», dijo Pugh en Baltimore, que se encuentra entre las ciudades de EE.UU. que intentaron revertir la pérdida de población con diversas medidas favorables para los inmigrantes.
El Departamento de Estado no respondió de inmediato a un correo electrónico en busca de comentarios sobre la demanda de Baltimore, que exige que el cambio de política se declare inconstitucional y que la disposición del cargo público vuelva a la definición anterior.
La demanda de Baltimore, presentada en el Tribunal de Distrito de EE.UU. en Maryland, se realizó en colaboración con la Fundación Democracy Forward, un grupo con vínculos a partidos demócratas.
Anne Harkavy, directora de la organización con sede en Washington, califica la política de cargos públicos del Departamento de Estado como «otro ejemplo más de la hostilidad perturbadora de la administración de Trump hacia las personas nacidas en otros países y sus familias».
