Condenan a 15 años de prisión a un general mexicano por nexos con el narcotraficante preso mexicano Joaquín Guzmán Loera, alias ‘El Chapo’.
Un juez federal mexicano condenó ayer domingo al general brigadier Juan Manuel Barragán a 15 años de cárcel por haber tratado de pactar un encuentro entre ‘El Chapo’ y Guillermo Galván, secretario de Defensa, durante el Gobierno del presidente Felipe Calderón (2006-2012), informa el diario mexicano Reforma.
La Justicia mexicana ha determinado que el militar solicitó un adelanto de 10 millones de dólares a mensajeros de ‘El Chapo’ para conseguirles reuniones y contactos con funcionarios del Gobierno, entre ellos Galván.
La reunión con este nunca se realizó, pero una grabación ha incriminado a Barragán como participante en una reunión con dos emisarios del narcotraficante, Humberto y Óscar Murguía Guerrero, en diciembre de 2011.
En la indagatoria se señala que Barragán fungiría como mensajero de los narcotraficantes para ofrecer a Galván un soborno de 140 millones de dólares. El dinero era para que desactivara los operativos realizados dese 2011 contra ‘El Chapo’ Guzmán en la zona conocida como «Triángulo Dorado», que comprende los estados de Durango, Sinaloa y Chihuahua.
Barragán es el segundo general en la historia del país en recibir una pena en un juzgado federal, y el segundo en 16 años hallado culpable de colaborar con una organización criminal dedicada al narcotráfico.
El general en retiro ya había sido condenado a 16 años de prisión por el fuero militar por delitos contra la salud en grado de tentativa y abuso de autoridad.
‘El Chapo’ fue detenido el 8 de enero en un operativo de seguridad de militares mexicanos en su estado natal, Sinaloa (noroeste), después de que huyera el 11 de julio del 2015 del penal de máxima seguridad de El Altiplano (estado de México). Su fuga puso en entredicho la vulnerabilidad y corrupción del Gobierno del presidente mexicano, Peña Nieto.
En octubre, un juez dictaminó que ‘El Chapo’ sea extraditado en enero o febrero de 2017 a EE.UU., donde está requerido por varias cortes estadounidenses por delitos de narcotráfico, lavado de dinero, homicidio y posesión ilegal de armas.
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