El representante republicano por la Florida Carlos Curbelo apoya introducir en una propuesta de ley que se está negociando un impuesto del 2% a las ventas de productos agrícolas a Cuba, lo que permitiría compensar a dueños de propiedades confiscadas por el gobierno de la isla.
“Aunque no se ha llegado a un acuerdo definitivo, el concepto de que las víctimas de la tiranía castrista puedan percibir algún beneficio de las transacciones entre EEUU y Cuba merece ser considerado. Durante la previa Administración se le concedió todo a la dictadura sin exigirle nada. Ahora eso tiene que cambiar”, dijo el congresista a el Nuevo Herald.
El representante republicano por Arkansas, Rick Crawford, dijo al Nuevo Herald recientemente que estaba trabajando en un proyecto de ley que eliminaría las restricciones al financiamiento privado de las exportaciones agrícolas a la isla. Para buscar el apoyo de congresistas cubanoamericanos que se han opuesto firmemente a relajar las sanciones a Cuba, el proyecto incluiría el impuesto del dos por ciento para compensar a quienes poseen reclamaciones certificadas por el gobierno de Estados Unidos en relación a propiedades confiscadas por el gobierno cubano a partir de 1959.
Pero las negociaciones para llegar a este punto “han sido difíciles”, comentó un miembro del gabinete de Crawford. En julio del año pasado, durante las negociaciones del proyecto de ley de gastos financieros y generales del gobierno, el representante republicano por la Florida, Mario Díaz-Balart, pidió llegar a una solución que “satisficiera las necesidades de los agricultores, pero que… no brinde apoyo al régimen de Castro, sus servicios militares o de inteligencia.”
La oficina del congresista Crawford está satisfecha con una proyecto de ley que aseguran cumple con estos requisitos. “Si bien todavía no hemos visto el apoyo público de nuestros socios en la negociación, no vemos ninguna razón por la que se opondrían a la idea que ellos mismos propusieron y que beneficia a sus electores de manera tan significativa”, señaló un miembro del equipo del congresista.
La oficina del representante Mario Díaz-Balart reiteró que aún no llegado a un acuerdo para apoyar el proyecto de ley.
Curbelo también logró introducir en el texto que se está negociando su propuesta de eliminar el acceso automático de los cubanos a los beneficios del programa para refugiados. La medida solo afectaría a los cubanos que llegaran a Estados Unidos después de que el proyecto se convirtiera en ley.
El texto del proyecto de ley consultado por el Nuevo Herald también apunta al cambio de política que podría hacer la administración de Donald Trump con respecto a Cuba, con un lenguaje más fuerte que el utilizado por el ex presidente Barack Obama, quien propició un cambio de política hacia la isla centrado en “normalizar” las relaciones.
El documento señala que es política de EEUU “apoyar los esfuerzos del pueblo de Cuba para promover el establecimiento de las libertades fundamentales en Cuba, incluyendo un sistema político democrático en el que las fuerzas militares y de seguridad estén bajo el control de los líderes civiles elegidos democráticamente”. Asimismo señala que también forma parte de la política estadounidense “apoyar una transición a un gobierno en Cuba que no oprima al pueblo”.
El proyecto de ley también le pide al Presidente un reporte anual sobre las entidades y compañías cubanas conectadas con los militares.
Una propuesta “creativa”
La idea de la tarifa del dos por ciento es “creativa” aunque no es la solución definitiva para resolver la histórica disputa por las confiscaciones de propiedades de estadounidenses en Cuba, opinaron expertos consultados por el Nuevo Herald.
“Es una medida políticamente creativa, plausible desde el punto de vista financiero y posiblemente puede ser un primer paso hacia un acuerdo exhaustivo de compensación a quienes poseen reclamaciones certificadas” por el gobierno de Estados Unidos, comentó Richard Feinberg, un exfuncionario encargado de la política latinoamericana en el gobierno de Bill Clinton y autor de un estudio de Brookings Institution sobre este tema publicado en el 2015.
Jason Poblete, abogado especialista en reclamaciones, cree que la propuesta, similar a ideas que su bufete Poblete Tamargo ha hecho circular por Washington durante años, “es un desarrollo positivo” aunque “no es suficiente”.
“La Administración del presidente Trump debe elaborar una propuesta exhaustiva y Cuba debe estar dispuesta a negociar pero ha estado estancando el proceso durante años”, dijo.
Cuba debe cerca de $8,000 mil millones por confiscaciones y expropiaciones a ciudadanos estadounidenses (entre principal e interés) y si la única solución de pago fuera este impuesto del dos por ciento, la resolución podría tomar siglos, según cálculos de John Kavulich, presidente del U.S.-Cuba Trade and Economic Council.
Según cifras de exportaciones a Cuba recopiladas por Kavulich, las ventas de productos agrícolas a Cuba sobrepasaron los $230 millones en el 2016. Con ese monto y con una tarifa del dos por ciento, el pago del principal, unos $2,000 millones, tomaría casi 400 años.
“Para cualquiera que defienda un respeto a la ley internacional o nacional, tomar de uno para pagar a otro por las acciones de un tercero, es injusto”, agregó.
Pero aunque la tarifa del dos por ciento sería pagada por las compañías estadounidenses, “usualmente, las corporaciones pasan el costo de impuestos a los productos, así que es razonable pensar que parte de esta tarifa va ser pagada por Cuba”, señaló Feinberg.
Según la oficina de Crawford, varias asociaciones de agricultores ya han mostrado apoyo al proyecto y si bien la tarifa del dos por ciento “no es ideal” y “no es una solución definitiva”, es un primer paso para el pago de las reclamaciones. Según el proyecto de ley, la tarifa sería eliminada si los gobiernos de EEUU y Cuba llegan a un acuerdo sobre las compensaciones.
Feinberg y Poblete coinciden en que este impuesto podría extenderse a otras exportaciones a Cuba, con lo que el monto de lo recaudado podría ser mayor.
Feinberg, autor del libro Open for Business: Building the New Cuba Economy, cree que en condiciones normales el comercio con Estados Unidos podría acaparar el 50 por ciento del mercado cubano, una cifra similar al comercio de EEUU con el Caribe. En estas circunstancias, un dos por ciento de las ventas podría alcanzar $200 millones en diez años que podrían ayudar a pagar alrededor de 5,000 de las casi 6,000 reclamaciones certificadas –y que no están en manos de grandes compañías.
“Toda propuesta de este tipo debe verse como una solución a largo plazo”, subrayó. “El resto de las reclamaciones de las compañías deberían ser negociadas con el gobierno cubano”.
