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El Congreso de EEUU aprueba proyecto de ley para presionar a Daniel Ortega

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó este martes el proyecto de ley H.R. 1918, conocido por sus siglas NICA Act (Nicaraguan Investment and Conditionality Act) que busca presionar al gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo para que respeten los derechos humanos en Nicaragua.

El NICA Act había sido aprobado por el Senado a finales de noviembre y ahora requerirá de la firma del presidente Donald Trump para convertirse en ley. Se trata de dos proyectos que buscan presionar al gobierno nicaragüense, uno impulsado por la representante republicana de Miami, Ileana Ros-Lehtinen y otro impulsado por el senador Bob Menéndez. Ambos de origen cubano. Los senadores Ted Cruz y Marco Rubio apoyaron la propuesta.

“Agradezco a mis colegas de la Cámara de Representantes y el Senado por aprobar la Ley NICA que ayudará a los nicaragüenses a liberarse del control despótico de Ortega”, dijo Lehtinen quien está a punto de cederle su escaño a la demócrata Donna Shalala después de décadas en la política estadounidense.

“Con la aprobación final de la Ley NICA enmendada, el Congreso dio un salto adelante para responsabilizar a Ortega y sus títeres por los abusos cometidos. En un esfuerzo desesperado por aferrarse al poder, Ortega y sus matones han seguido reprimiendo la libertad de expresión y las manifestaciones pacíficas”, agregó la congresista, quien es presidenta emérita del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes.

“Estados Unidos ha respondido al llamado del pueblo nicaragüense y continuará haciéndolo en apoyo de las necesarias reformas electorales y de derechos humanos”, puntualizó.

Las sanciones que el Congreso norteamericano intenta impulsar buscan aumentar la presión individual sobre los máximos responsables del Estado nicaragüense. Además intentan cortar las fuentes de financiamiento del gobierno condicionándolas a que se realicen reformas democráticas.

En ambas cámaras el proyecto fue aprobado por unanimidad.

De concretarse este proyecto de ley —que solamente necesita la firma del presidente— el Tesoro instruirá a organizaciones como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo para que se opongan a la aprobación de créditos a Nicaragua.

También se les impedirán las transacciones a los responsables de la represión contra el pueblo nicaragüense en las instituciones financieras estadounidenses y se congelarán los activos de los represores, incluyendo propiedades. Las medidas incluyen la revocación de visados.

La crisis en Nicaragua tras el inicio de las protestas contra Ortega el pasado 18 de abril ha dejado al meos 325 muertos, 24 de los cuales son niños, según datos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).