El gobierno develó el viernes una serie de normas con las que busca proteger a entidades médicas que se nieguen a practicar abortos por motivos religiosos, coincidiendo con una marcha en la capital de activistas que se oponen a ese procedimiento.
El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS por sus siglas en inglés) delineó la normativa a seguir para proteger a toda entidad que se niegue a aplicar procedimientos, como el aborto, por motivos religiosos. Además anuló una directriz aprobada bajo la presidencia de Barack Obama que le dificultaba a los estados negarles el programa asistencial Medicaid a entidades de planificación familiar como Planned Parenthood.
Los anuncios coinciden con la organización de la llamada “Marcha por la Vida” en Washington, por parte de quienes se oponen a que una mujer decida sobre el aborto, evento ante el cual el presidente Trump dará un discurso por video.
El vicepresidente Mike Pence dio un preámbulo de la retórica que se usará en el evento, al decirle a los activistas: “En apenas un año, el presidente Donald Trump ha marcado la diferencia a favor de la vida”.
El HHS anunció una nueva regla para aplicar protecciones a quienes por razones de conciencia se niegan a realizar ciertos procedimientos. Además, el jueves por la noche, esa dependencia anunció la creación de un departamento nuevo de Protección de Derechos Civiles a cargo de proteger a profesionales médicos que expresen objeciones de conciencia.
La nueva norma busca “garantizar que se cumplan leyes que hasta ahora no se han aplicado a cabalidad”, dijo Roger Severino, un abogado conservador que será director del nuevo departamento. “Estas normas son aspectos estándar cuando se trata de hacer cumplir leyes de protección de derechos civiles”.
Bajo esa ley, los hospitales, universidades, clínicas y otras entidades que reciben fondos de programas del departamento federal como Medicare y Medicaid tendrán que certificar que están obedeciendo unas 25 leyes federales de protección de conciencia y de religión. La mayoría de estas leyes se refieren a procedimientos como aborto, esterilización y suicidio asistido. Cualquier infracción podría acarrear la pérdida de fondos federales.
