George Bush, triunfador de las polémicas elecciones en Florida en 2000.
Carlos Mira.- Más allá de las encuestas (es muy pronto para saber si la reapertura de la investigación por sus correos va a tener un impacto en la intención de voto), nadie puede olvidar lo que sucedió en Florida en 2000, cuando la elección en el estado no pudo dilucidarse la noche de los comicios y la decisión sobre quién era el nuevo presidente quedó pospuesta por dos meses, hasta que un recuento final, avalado por la Corte Suprema de Justicia, le dio el triunfo a George W. Bush sobre Al Gore por 537 votos. Florida es trascendental en el Colegio Electoral por la cantidad de sus electores (29).
El evento fue demasiado traumático como para no tenerlo en cuenta. El país no recordaba un episodio similar en décadas. Por eso, hoy en día se sabe que cada voto cuenta y los más detallistas se han metido a estudiar la influencia en la votación final del país que podrían tener las leyes estaduales que regulan el ejercicio del derecho a votar de los presos que cumplen condena o incluso de los que ya han sido liberados.
Como decíamos, esa prerrogativa está en cabeza de los estados y allí hay mucha variación en el tratamiento. Tenemos estados duros, como Florida, Iowa y Virginia (casualmente “Swing States”, es decir estados cuya inclinación final puede decidir quién es el presidente), que directamente retiran el derecho a votar a los que están o estuvieron en prisión. Sólo un complejo procedimiento en donde pueden participar los tribunales o el gobernador podría otorgar una dispensa a un ex presidiario ya liberado. También, en el otro extremo, hay estados blandos, como Maine y Vermont, en donde incluso aquellos que están encerrados pueden votar si se registran.
El criterio de los estados duros para retirar el derecho a votar incluso a los que ya fueron liberados se basa en que alguien que atacó a la sociedad no puede participar del proceso por el que se hacen las leyes que la regulan y se eligen las autoridades que la dirigen. El gobernador de la Florida, Rick Scott, ha dicho que esa es su política en esta materia, porque la gente debe entender que cometer delitos no es gratis.
La cuestión se torna más espinosa cuando uno ve las estadísticas carcelarias: las poblaciones negra, hispana, de bajos recursos y pertenecientes a minorías tienen un porcentaje mucho mayor de gente presa que los blancos. En general, se tiene asumido que un negro tiene muchas más posibilidades de ir a la cárcel que un blanco por cometer el mismo delito. De hecho, la proporción de población afroamericana en Estados Unidos es del 12%, pero la población carcelaria tiene un 45% de componente negro.
En el país se calcula que uno de cada trece afroamericanos no podrá votar por este motivo. Pero particularmente en Florida, Tennessee, Kentucky y Virginia, ese número sube a uno de cada cinco.
Hoy en día, aproximadamente el 50% de la gente que no puede votar legalmente está cumpliendo penas de privación de la libertad. El resto cumple probations, está en libertad condicional o recuperó su libertad, pero no su derecho al voto, de acuerdo con la ley del estado en donde vive.
Desmond Meade, presidente de la Florida Rights Restoration Coalition, dice que cuando uno habla de estos temas, tiende normalmente a creer que se refiere a personas que acaban de salir de la prisión: “Pero no, en realidad la mayoría de las personas cuyos derechos no fueron restaurados es gente que ya está integrada a la comunidad”.
Hay 14 estados que restituyen el derecho al voto de modo automático cuando la persona es liberada de la prisión. Hay asociaciones muy conservadoras, como el Center for Equal Opportunity, que sostienen que el que viola la ley debe perder para siempre los derechos electorales cuyo ejercicio permite delinear los perfiles de la sociedad: “Si la atacaste, no podés participar de su diseño y serás un ciudadano de segunda, con todas las obligaciones, pero sin todos sus derechos”.
Algunos plantean la posibilidad de que haya un período de espera luego de la liberación y que a partir de allí se siga un determinado proceso que eventualmente pueda terminar con la restitución del derecho. Y fundamentan su postura en el alto grado de reincidencia.
En general, las personas con pasado carcelario son desproporcionadamente más jóvenes y menos educadas, lo que hace presumir que probablemente no tengan vocación de ir a votar. Pero, de todas maneras, en una votación cerrada, una pequeña diferencia puede hacer una grande.
En 2000, en aquella famosa elección entre Bush y Gore en la Florida, unas seiscientas mil personas no pudieron votar por tener antecedentes penales o por estar directamente en prisión. Obviamente, nadie sabe si hubieran ido a votar y, en ese caso, por quién lo hubieran hecho, pero definitivamente, como la diferencia final fue tan exigua, no cabe duda de que podrían haber decidido la suerte del nuevo presidente. Por eso, hoy, en el mismo estado en donde hasta hace pocas semanas Trump llevaba una corta ventaja, cualquier tema, hasta el de los presos, es suficiente para una nueva especulación.
