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Exigen fin de acoso de patrocinadores de inmigrantes en EEUU

La agencia federal encargada de asistir a los menores que piden asilo y que se han separado de sus padres en la frontera entre Estados Unidos y México asumió este año nuevas funciones: Ayudar a deportar a los parientes de esos jóvenes migrantes dispuestos a hacerse cargo de ellos.

En una carta enviada el miércoles a los jefes del Departamento de Salud y Servicios Humanos (DSSH) y del Departamento de Seguridad Nacional (DSN), 112 organizaciones defensoras de las libertades civiles y de los derechos de los inmigrantes, agrupaciones que velan por el bienestar de los menores y otros activistas exigen al gobierno el cese inmediato de lo que consideran una práctica ilegal.

El DSSH y el DSN están usando la información acerca de los familiares que residen en Estados Unidos y de otros potenciales patrocinadores que suministran los menores arrestados para “detener y deportar a esas familias”, dicen los autores de la nota. Agregan que muchas “familias están tan asustadas que prefieren no hacerse cargo de los menores”.

El nuevo papel de la Oficina de Reubicación de Refugiados, una unidad de la DSSH que se ocupa de reunir a los menores no acompañados con familiares hasta que se resuelva su status inmigratorio, comenzó en el marco de un acuerdo para compartir información firmado en abril con los organismos del DSN encargados de hacer cumplir las leyes de inmigración.

Las huellas digitales y la información personal de los posibles patrocinadores y de las personas que viven con ellos son enviadas a un banco de datos del DSN creado para rastrear los antecedentes policiales de la gente y que a partir de mayo empezó a ser usado para verificar su identidad, de acuerdo con documentos del gobierno.

La carta del miércoles aduce que las autoridades federales, estatales y municipales –y algunos gobiernos extranjeros– tienen acceso casi ilimitado al banco de datos, lo que puede hacer que potenciales patrocinadores respetuosos de las leyes sean sometidos a un escrutinio inapropiado.

Funcionarios federales dicen que el objetivo de compartir la información es proteger a los menores migrantes de traficantes y de otros abusos. Desde que comenzó a compartirse la información, el tiempo promedio que pasa un menor bajo custodia del gobierno se casi duplicó en más de dos meses.

Lo que es peor, según los activistas, es que el acuerdo transforma a los menores, la mayoría de ellos centroamericanos que le huyen a la violencia e impunidad de sus países, en delatores involuntarios.

“Los menores son usados como carnada para recabar una cantidad sin precedentes de información de las comunidades de inmigrantes”, dijo Becky Wolozin, abogada del Legal Aid Justice Center, que firmó la carta. El centro representa a menores migrantes en un tribunal federal en Virginia en el que se cuestiona la política de compartir la información, que es descrita como arbitraria y caprichosa.

Ni la agencia de reubicación de refugiados ni el DSN respondieron directamente a preguntas de la Associated Press sobre si el acuerdo viola las protecciones legales de los menores no acompañados, que por ley deben ser retenidos por las autoridades el menor tiempo posible.

Al menos 41 familiares o allegados que se encuentran en el país ilegalmente fueron arrestados con miras a su deportación por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (conocido por sus siglas en inglés, ICE) gracias a la información compartida, según Matthew Albence, alto funcionario del ICE, a partir del uso de información compartida. Hizo su comentario durante una vista legislativa en septiembre. Un vocero del ICE dijo que los arrestos tuvieron lugar entre principios de julio y principios de septiembre, pero no dio cifras actualizadas, como había solicitado la AP.