Ya es casi una realidad, no solamente una amenaza: si los inmigrantes legales en Estados Unidos reciben beneficios públicos pudiesen perder el derecho a obtener la residencia permanente o green card.
El gobierno de Donald Trump propuso el sábado nuevas reglas que obstaculizarían el camino a la green card a los inmigrantes que reciben asistencia social del gobierno como cupones alimenticios (food stamps) o ayuda para el alquiler de viviendas bajo el Programa de la Sección 8.
Los lineamientos, publicados por el Departamento de Seguridad Nacional en su sitio de Internet, pondrían a millones de inmigrantes de bajos recursos entre la espada y la pared: recibir ayuda financiera o aspirar a una green card para vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos.
Los inmigrantes de la tercera edad que reciben medicamentos recetados a bajo costo a través del Medicare Parte D, también podrían verse obligados a renunciar a este beneficio sanitario o arriesgarse a ser catalogados “carga pública” para el erario, con lo cual no sería elegibles a la residencia permanente, informó el New York Times al dar a conocer la nueva medida el sábado por la tarde.
Unos 382,000 inmigrantes legales se verían afectados anualmente por esta medida, parte de una serie de normas promulgadas para frenar la inmigración legal a Estados Unidos.
Este artículo será ampliado próximamente.
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