Juan Antonio Hernández Alvarado, el hermano del presidente de Honduras, junto con otras personas, presuntamente conspiró con algunas de las “ redes criminales transnacionales más mortales y peligrosas del mundo en México y Colombia” para inundar las calles de Estados Unidos con drogas, según la DEA.
El agente especial a cargo de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Raymond Donovan, dijo que esa agencia antidrogas espera que debido a ello Hernández Alvarado, alias “Tony Hernández”, se enfrente a la justicia estadounidense y responda por los presuntos delitos que habría cometido.
Las autoridades estadounidenses describieron en un documento las presuntas operaciones de tráfico de drogas de “Tony Hernández”, quien fue arrestado en Miami el viernes pasado y compareció ante el juez Jonathan Goodman el lunes en la tarde en un tribunal federal de esta ciudad.
“Como se alega, el ex congresista hondureño Tony Hernández estuvo involucrado en todas las etapas del tráfico a través de Honduras de cargamentos de cocaína de varias toneladas con destino a Estados Unidos. Supuestamente organizó el aseguramiento de la cocaína con ametralladoras en los embarques, sobornó a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley para obtener información confidencial para proteger los envíos de drogas”, dijo el fiscal federal de Manhattan, Geoffrey S. Berman. Y, además, supuestamente solicitó grandes sobornos a traficantes de drogas.
El ex congresista y hermano del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, enfrenta cargos de conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, delitos relacionados con el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y por mentir a agentes federales, acusaciones que fueron presentadas en un tribunal de Nueva York.
El documento judicial del caso señala que desde al menos 2004 y hasta 2016, varias organizaciones de tráfico de drogas en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas, y con el apoyo de algunas personas prominentes, “incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, para recibir cargamentos de cocaína.
La droga era enviada a Honduras desde Colombia y otros países a través de rutas aéreas y marítimas, que luego era transportada hacia el oeste de ese país centroamericano hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos, de acuerdo con el documento.
Para protegerse de la interferencia oficial y facilitar el paso seguro a través de Honduras de los cargamentos de cientos de kilogramos de cocaína, “los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos algunos miembros del Congreso Nacional de Honduras”.
Hernández supuestamente estuvo involucrado en el procesamiento, recepción, transporte y distribución de los cargamentos de cocaína que llegaron a Honduras a través de aviones, buques rápidos y, en al menos una ocasión, en un submarino.
También tuvo acceso a los laboratorios de cocaína en Honduras y Colombia, en los que parte de la droga estaba marcada con el símbolo “TH”, en referencia a “Tony Hernández”, dijeron las autoridades estadounidenses.
El ex legislador asimismo coordinó y, en ocasiones, proporcionó seguridad fuertemente armada para los envíos de cocaína transportados dentro de Honduras, incluso “por miembros de la Policía Nacional de Honduras y narcotraficantes armados, entre otras cosas, con ametralladoras”.
En febrero de 2014, sostuvo una reunión con Devis Leonel Rivera Maradiaga, ex líder de una violenta organización de narcotraficantes hondureña conocida como Los Cachiros, que fue organizada por, entre otros, un “ex miembro de la Policía Nacional de Honduras”, indica en el documento judicial.
Hernández, de acuerdo con una parte de esa reunión grabada en video y en audio, acordó ayudar a Rivera Maradiaga para que las entidades del gobierno hondureño pagaran el dinero que se le debe a una o más compañías de lavado de dinero de Los Cachiros a cambio de pagos ilícitos de Rivera Maradiaga, según la Fiscalía.
Rivera Maradiaga pagó al acusado aproximadamente $50,000 durante la reunión, según las autoridades estadounidenses.
Si a Hernández lo declaran culpable podría enfrentar un mínimo de 10 años de cárcel y un máximo de cadena perpetua.
La detención del ex congresista de 40 años ha tenido un gran impacto en el presidente Juan Orlando Hernández, quien declaró a periodistas que “nos criaron para poder respetar a los demás pero también no puedo desconocer que es un golpe fuerte para la familia, es triste, es difícil, no se lo deseamos a nadie”.
Su gobierno informó de la detención el viernes en un comunicado y se comprometió a colaborar con la justicia y este martes informó que las acciones del presidente hondureño contra el narcotráfico y el crimen organizado han generado el desmantelamiento de cinco carteles de la droga, entre ellos Los Cachiros.
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