WASHINGTON —
El Departamento de Estado de Estados Unidos dio a conocer el viernes su informe anual sobre Derechos Humanos en el cual destaca que Venezuela se está transformando cada vez más en una nación más autoritaria.
“La gobernanza democrática y los derechos humanos se deterioraron dramáticamente durante 2017 como resultado de una campaña del gobierno de Maduro por consolidar su poder”, señala el informe.
“Venezuela es formalmente una república constitucional, multipartidista, pero por más de una década, el poder político ha estado concentrado en un solo partido con un cada vez más autoritario poder ejecutivo que controla las ramas legislativa, judicial y electoral”, indica el informe.
El idocumento se refiere además lo que considera una violación de los derechos humanos indicando que: “La prensa y organizaciones no gubernamentales informan de golpizas y tratamiento humillante de sospechosos durante arrestos que fueron comunes e involucraron a varias agencias policiales y militares”. Destaca que se han reportado torturas y otros tratamientos inhumanos o degradantes o castigo a prisioneros durante al año pasado.
Según el informe del Departamento de Estado, el tratamiento cruel frecuentemente involucró la negación de cuidado médico a prisioneros y colocarlos en confinamiento solitario por largos períodos.
Observadores de derechos humanos continuaron experimentando largas postergaciones y restricciones en acceder a prisiones y centros de detención indica el informe.
CUBA
Los problemas más importantes de derechos humanos en Cuba, destacados en el Informe de DDHH 2017, incluyeron la tortura de opositores políticos percibidos; condiciones penitenciarias duras y altamente peligrosas; detenciones y arrestos con motivaciones políticas, a veces violentas; una completa ausencia de independencia judicial; arresto arbitrario y detención motivada políticamente y en ocasiones violenta; procesos de prueba que efectivamente colocan la carga sobre el acusado para probar la inocencia; y prisioneros políticos.
El reporte apunta que hubo una interferencia arbitraria en la privacidad, incluidas las operaciones de búsqueda e incautación en los hogares y la supervisión y censura de las comunicaciones privadas.
Señala que la libertad de expresión en Cuba se limitó a expresiones que «se ajustan a los objetivos de la sociedad socialista», con una censura estricta que castiga incluso la distribución de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Dice también que hubo prohibiciones en la importación de materiales informativos; control estricto de todas las formas de medios; restricciones en internet, incluida la limitación severa de la disponibilidad y el bloqueo del sitio; restricciones a la libertad académica, incluido el castigo por cualquier desviación de la línea del gobierno; criminalización de la crítica a los líderes del gobierno; y severas limitaciones a la libertad académica y cultural, incluido el acceso a la biblioteca.
Cuba también restringió los derechos de reunión a aquellos que el gobierno consideraba «contra la existencia y los objetivos del estado socialista»; la criminalización de reuniones de tres o más personas no autorizadas por el gobierno, y el uso de actos de repudio organizados por el gobierno en forma de turbas organizadas para asaltar y dispersar a quienes se reunieron pacíficamente, según el informe del Departamento de Estado.
El gobierno cubano además denegó a sus ciudadanos la libertad de asociación, incluida la negativa a reconocer asociaciones independientes; restricciones a la libertad de movimiento interno y externo; restricción de la participación en el proceso político a aquellos aprobados por el gobierno; corrupción oficial; prohibir los sindicatos independientes; trabajo obligatorio; y trata de personas.
«Los funcionarios del gobierno, bajo la dirección de sus superiores, cometieron la mayoría de los abusos contra los derechos humanos, y la impunidad de los perpetradores siguió siendo generalizada» en 2017 en Cuba, subraya el reporte.
EL SALVADOR
Con respecto a El Salvador el informe del Departamento de Estado dice que las autoridades civiles fracasaron a veces en mantener un efectivo control sobre las fuerzas de seguridad.
Los problemas más significativos sobre derechos humanos incluyeron presuntos asesinatos ilegales de supuestos miembros de pandillas y otros por parte de las fuerzas de seguridad, desapariciones forzadas por parte de personal militar, que el gobierno enjuició, tortura por parte de fuerzas de seguridad y condiciones de encarcelamiento duras y altamente peligrosas.
NICARAGUA
Las cuestiones más significativas relacionadas con los derechos humanos en Nicaragua incluyen informes de homicidios arbitrarios o ilegales; tortura durante la detención; condiciones penitenciarias duras y altamente peligrosas; arresto arbitrario y detención de sospechosos; una casi completa falta de independencia judicial; informes de tener al menos un preso político; interferencia ilícita con la privacidad; obstáculos múltiples a la libertad de expresión y de prensa, incluida la intimidación del gobierno y el acoso y las amenazas contra periodistas y medios de comunicación independientes; y restricciones partidistas a la libertad de reunión pacífica.
El informe de DDHH del Departamento de Estado afirma que el gobierno de Daniel Ortega restringió el derecho al voto de los ciudadanos y empleó políticas sesgadas para lograr el dominio de un solo partido. «Hubo corrupción generalizada, incluso en la policía, el Consejo Supremo Electoral (CSE), la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otros órganos del gobierno», se reporta.
El gobierno nicaraguense también restringió la capacidad de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las organizaciones de la sociedad civil para recibir fondos, acusa el Departamento de Estado.
Señala el reporte que «Hubo violencia social letal y creciente contra las mujeres; ataques violentos contra personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), a los que la policía no respondió; tráfico de personas; discriminación contra las minorías étnicas y las personas y comunidades indígenas; discriminación social contra las personas con discapacidad; y discriminación contra personas con VIH / SIDA.
«El gobierno de Nicaragua rara vez tomó medidas para enjuiciar a los funcionarios que cometieron abusos, ya sea en los servicios de seguridad o en otras partes del gobierno, y la impunidad sigue siendo un problema generalizado» destaca el informe de DDHH del Departamento de Estado.
México
Con respecto a México, el reporte publicado este viernes dice que los problemas más significativos incluyeron involucramiento de la policía, los militares y otros funcionarios del Estado, a veces en coordinación con organizaciones criminales, en asesinatos ilegales, desapariciones y tortura, condiciones de encarcelamiento difícil y que ponen en peligro la vida en algunas prisiones y arrestos arbitrarios, intimidación y corrupción de los jueces.
También se destaca la violencia contra los periodistas por parte del gobierno y de grupos criminales organizados.
Así mismo, el reporte apunta a la violencia mortal en México contra miembros de poblaciones indígenas y contra personas lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros.
