Activistas y abogados que representan a cientos de miles de inmigrantes haitianos y centroamericanos que enfrentan la deportación, dijeron que la decisión de un juez federal de California de bloquear temporalmente los planes del gobierno de Trump de terminar la protección temporal TPS ofrece nuevas esperanzas, pero también más incertidumbre.
El juez de distrito de Estados Unidos, Edward Chen, concedió el miércoles un recurso judicial preliminar que impide al gobierno y al Departamento de Seguridad Nacional poner fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para los inmigrantes de Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán. El fallo afecta a más de 300,000 personas a quienes, bajo el programa TPS, se les ha permitido vivir y trabajar legalmente en Estados Unidos durante décadas, luego de que sus países fueran afectados por confictos armados o serios desastres naturales.
“Es una alegría saber que todavía existe la posibilidad de que se pueda extender el TPS. Nos da esperanza [a las personas que tienen TPS]”, dijo el jueves Elva Castillo, de 71 años y que emigró de Nicaragua a Miami hace 21 años. “Pero es importante seguir en la lucha”.
Chen emitió la orden judicial como parte de una demanda en California presentada por abogados que representan a un grupo de beneficiarios del TPS de Haití, Nicaragua, El Salvador y Sudán, que tienen hijos nacidos en Estados Unidos. Los abogados de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) del Sur de California, National Day Laborer Organizing Network (NDLON) y un bufete de abogados privado solicitaron el paro temporal, argumentando que la decisión del gobierno de terminar el programa fue motivada por el racismo y afectaría adversamente a las familias inmigrantes.
Unos 19 estados y 34 ciudades y condados presentaron informes para respaldar el paro preliminar, dijo Emi MacLean, directora de asuntos legales de NDLON
“Esta es una decisión extraordinaria. Es la primera vez en la historia del TPS, un estatuto de 1990, que ha habido una detención ordenada por el tribunal para cualquier terminación de TPS”, dijo MacLean el jueves, durante una conferencia telefónica realizada por la Alianza Nacional de TPS. “Es sumamente importante en términos de lo que se dice acerca de las políticas de toma de decisiones de la administración Trump en el ámbito de la inmigración”.
Sin embargo, MacLean advirtió que la decisión es “preliminar y algo que tendremos que seguir defendiendo en los tribunales, en las calles y en Washington”.
Como parte de sus argumentos, MacLean y otros involucrados con la demanda citaron la posible separación de las familias, así como la supuesta referencia del presidente Donald Trump en enero a Haití, El Salvador y algunas naciones africanas como “países de mierda”.
En el fallo, el juez dijo que “los beneficiarios de TPS y sus hijos indiscutiblemente sufrirán daños irreparables y grandes dificultades”.
El fallo se extiende solo por la duración de la demanda de California. La próxima audiencia en el caso está programada para el 26 de octubre. El gobierno ha dicho que apelará la decisión. The Associated Press informó que el portavoz del Departamento de Justicia, Devin O’Malley, dijo que el fallo “usurpa el papel del poder ejecutivo”.
“El Departamento de Justicia rechaza completamente la idea de que la Casa Blanca o el Departamento de Seguridad Nacional hicieron algo indebido. Seguiremos luchando por la integridad de nuestras leyes de inmigración y nuestra seguridad nacional”, dijo O’Malley, según el informe de AP.
El juez había rechazado previamente una solicitud del Departamento de Justicia para desestimar la demanda. Chen escribió en su fallo que el gobierno “no ha logrado establecer ningún daño real si el status quo (que ha existido durante dos décadas) se mantiene durante el proceso de este litigio”.
Chen también dijo que la evidencia muestra que la decisión de la Secretaria Interina de Seguridad Nacional Elaine Duke de cambiar los criterios aplicados por los gobiernos anteriores para decidir si continuar o terminar el TPS “puede haberse realizado para implementar y justificar un resultado preestablecido deseado por la Casa Blanca”.
La congresista Frederica Wilson, demócrata de Miami, cuyo distrito incluye una gran población de haitianos-estadounidenses, dijo que no le sorprendió que el juez encontrara “evidencia directa de animosidad” en la decisión del gobierno de Trump de terminar el TPS.
“Desde el inicio de su gobierno, el presidente Trump ha dejado más que claro, con su restricciones de visas a países musulmanes y, más recientemente, el trato inhumano a los niños migrantes, que las personas de color no son bienvenidas aquí”, dijo Wilson. “Nos corresponde a nosotros hacer todo lo posible para deshacer estos actos racistas”.
Después de haber visitado Haití y visto la devastación extrema del país, incluidos los daños causados por un huracán, un terremoto y un brote de cólera introducido por el personal de la fuerza de paz las Naciones Unidas, Wilson dijo que “hay una necesidad definitiva de continuar el TPS para los ciudadanos haitianos”.
La demanda es una de cinco que se han presentado en los tribunales federales que buscan rescindir la decisión, alegando que fue motivada por el racismo. El gobierno anunció el fin del TPS para Nicaragua y Haití en noviembre de 2017.
“Los cientos de miles de trabajadores con TPS que construyen nuestras ciudades y las mantienen funcionando merecen la seguridad de saber que las vidas que han construido en los Estados Unidos están seguras ”, dijo Working Families United, una coalición de seis sindicatos que representan a trabajadores inmigrantes, en una declaración. “Esto demuestra que la decisión de Trump de terminar el TPS se basó en sus motivaciones raciales y no en ninguna ley o consideración de seguridad”.
La coalición repitió su llamado al Congreso para que busque una solución permanente a la inmigración.
Castillo, la inmigrante nicaraguense que cuenta con el TPS, dijo que teme que “algunas personas se confundan y piensen que esta es una decisión final y que todo ya se ha resuelto. No lo es y debemos seguir buscando otras opciones para permanecer en el país”.
Castillo tiene dos nietos nacidos en Estados Unidos, ha trabajado cuidando niños y ancianos, limpiando casas e instalando pisos. “Algunos piensan que mágicamente va a pasar algo que les permita quedarse”, dijo Castillo.
La decisión de Chen no incluye a los ciudadanos de Nepal u Honduras, que también son beneficiarios del programa.
Los abogados en una demanda separada presentada en Boston en nombre de hondureños, salvadoreños y haitianos que recibieron TPS aplaudieron la decisión de Chen.
A principio de este verano, otro juez federal bloqueó los esfuerzos del gobierno para desestimar la demanda.
“La decisión favorable de Chen confirma que las familias sufrirán daños irreparables si se cancela el TPS”, dijo el abogado Iván Espinoza-Madrigal, director ejecutivo del Lawyers’ Committee for Civil Rights and Economic Justice.
En Miami, Marleine Bastien, cuya organización Family Action Network (FANM) es una de los demandantes en otro litigio, presentado en el Distrito Este de Nueva York, en nombre de varios haitianos del sur de Florida beneficiarios del TPS, calificó la decisión como “sensata”.
Bastien dijo que la noticia traerá esperanza a los beneficiarios del programa. El TPS para los haitianos está programado para finalizar el 22 de julio.
“Felicito al juez Chen por su valentía y le agradezco el suspiro de alivio que brindó a cientos de miles de familias, incluidos niños nacidos en Estados Unidos, sobre quienes se asoma el fantasma de la separación familiar”, dijo Bastien. “No se equivoquen, la decisión de la administración Trump de terminar el TPS se basó en el racismo y la xenofobia.”
Bastien agregó que “Nuestra esperanza es que esta decisión nos permita continuar con nuestros esfuerzos hacia una solución permanente para esas 300,000 familias que lo merecen”.
El abogado de inmigración Ira Kurzban, que se encuentra entre los abogados que representan a FANM y otros demandantes, dijo que espera que el fallo de California tenga “un impacto positivo en nuestro caso, ya que plantea problemas similares pero no idénticos”.
Los beneficiarios del TPS más inmediatamente afectado son los sudanéses, cuya protección está pautada para finalizar el 2 de noviembre, seguida por los nicaragüenses, que debían perder el TPS en enero.
