Un juez federal bloqueó el miércoles temporalmente gran parte de la nueva ley de Texas contra las “ciudades santuario”, la cual le permitiría a la policía preguntar el estatus migratorio de una persona durante interacciones de rutina, tales como detenciones de tránsito.
La ley SB4 ha sido aplaudida por el gobierno del presidente Donald Trump, pero criticada por grupos defensores de los derechos de los inmigrantes que argumentan que podría forzar a alguien que parezca estar en el país ilegalmente a “mostrar sus documentos”.
La medida pasó por la legislatura controlada por los republicanos a pesar de meses de protestas y de la oposición de grupos empresariales preocupados de que la ley pueda provocar escasez de mano de obra en industrias como la construcción. Los detractores entablaron una demanda, bajo el argumento de que violaba la Constitución de Estados Unidos, y el fallo del juez de distrito Orlando Garcia, de San Antonio, evita que entre en vigor el viernes y permite que proceda la querella.
En un fallo de 94 páginas, Gracia escribió que hay “evidencia contundente de funcionarios locales, incluyendo a elementos del orden público, de que la SB4 podría dañar la confianza pública y provocar que las comunidades y vecindarios sean menos seguros” y de que “las localidades sufran consecuencias económicas que por consiguiente dañarían al estado de Texas”.
“El tribunal no puede y no critica a la legislatura”, agregó el juez. “Sin embargo, el estado no puede ejercer su autoridad en un sentido que viole la Constitución de Estados Unidos”.
La ley pretende multar a las autoridades del orden público que no cumplan las solicitudes de autoridades migratorias de mantener detenidas para su posible deportación, a personas que fueron encarceladas por delitos que no están relacionados con asuntos migratorios. También habría posibilitado que los jefes de la policía sean destituidos y enfrenten cargos penales por no cumplir con las solicitudes federales de retención.
Las cuatro ciudades más grandes de Texas: San Antonio, Austin, Houston y Dallas, se han unido a la demanda, ya que dicen que la ley es vaga y podría tener un efecto negativo en las comunidades de inmigrantes.
