Puerto Rico está seriamente amenazando por otro huracán, esta vez los fuertes vientos que significaría el proyecto de ley republicano en materia de impuestos, advierten las autoridades.
La iniciativa de ley fiscal que se discutió el jueves en el Senado, incluye efectivamente un impuesto especial de 20 por ciento sobre bienes que las compañías estadounidenses compran a sus filiales establecidas en el exterior, incluidos los territorios como Puerto Rico.
Excepto si se modifica a última hora, esa cláusula pudiera abrumar a los fabricantes de la isla, sector que representa aproximadamente el 40 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) de Puerto Rico y genera más de 250,000 empleos directos e indirectos, dijo Carlos Mercader, director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington DC.
“Consideramos que [el proyecto de ley tributario] es el huracán después del huracán”, afirmó. “Esto acabará con Puerto Rico y su economía”.
La oficina de Mercader ha cabildeado a senadores desde hace varias semanas, con la esperanza de persuadirlos de que modifiquen esa parte del proyecto de ley. Y aunque muchos han mostrado solidarios con la situación en la isla, Mercader dijo que “no hay garantías” de que se modifique el texto.
La noticia no pudiera llegar en peor momento para Puerto Rico, que ya estaba en bancarrota y se arrastraba desde hace una década con una recesión antes que el huracán María tocara tierra el 20 de septiembre. La tormenta provocó unos $94,000 millones en daños y ha obligado a más de 165,000 puertorriqueños a buscar refugio en la Florida.
Este jueves, más de dos meses después del paso de la tormenta, sólo se ha reanudado el 66 por ciento del servicio eléctrico en la isla.
Después que la Cámara de Representantes aprobó su versión del proyecto de ley anteriormente este mes, el gobernador puertorriqueño Ricardo Rosselló advirtió que a menos que se enmendara “laceraría” la economía de Puerto Rico.
“Esto discrimina a 3.4 millones de ciudadanos estadounidenses que viven en Puerto Rico”, dijo.
Y la Asociación de Industriales de Puerto Rico dijo que la medida pudiera destruir “el corazón de la economía”.
Pero la naturaleza abarcadora del proyecto de ley —que modifica sustancialmente el código tributario para empresas e individuos, y con profundas implicaciones para el mercado de seguros médicos— ha superado las preocupaciones particulares de Puerto Rico.
El impuesto especial es una parte clave de los planes del gobierno del presidente Trump para obligar a muchas empresas a traer de regreso empleos de manufactura al país, al eliminar una cláusula que permite a las empresas estadounidenses operar filiales en otros territorios sin penalidad alguna mientras no traigan a Estados Unidos el dinero ganado allí.
Según el código tributario, Puerto Rico, un territorio estadounidense desde 1898, se considera una jurisdicción tanto nacional como extranjera. Eso permite a las filiales estadounidenses operar en la isla con alivios fiscales que se otorgan a filiales extranjeras, pero el derecho a etiquetar los productos “Hecho en Estados Unidos”.
Aunque para las compañías estadounidenses es conveniente mudar fábricas del extranjero a casa, como desde Shanghai y Bombay, no tiene mucho sentido deprimir aún más la ya abrumada economía de Puerto Rico, dijo Mercader.
Durante años, muchas empresas muchas grandes farmacéuticas han fabricado en Puerto Rico medicamentos que se consumen en el territorio continental. Johnson & Johnson, Pfizer y la Asociación de la Industria Farmacéutica de Puerto Rico declinaron solicitudes de entrevista, pero queda claro que el sector tiene mucho que perder.
Sin embargo, modificar el proyecto de ley tributario no sería complicado. Pero Mercader dijo que en la políticamente cargada atmósfera en el Congreso, donde se espera que el proyecto de ley se apruebe con el menos margen posible, hay temor de que cambiar las cosas pudiera impedir que la iniciativa se apruebe.
Aunque algunos senadores han renegociado aspectos del proyecto de ley para beneficiar a sus electores, Puerto Rico no tiene voto en el Congreso.
“Estamos enfrentando un déficit político de nuestra parte”, dijo Mercader. “Nadie está pensando en las enormes consecuencias que esto tendrá en la isla”.
Pero Puerto Rico tiene sus defensores en el Congreso. El miércoles, el senador Bill Nelson, demócrata por la Florida, exhortó a sus colegas a votar contra el proyecto de ley, alegando su impacto negativo.
“Si aprobamos este proyecto de ley, será otro huracán en Puerto Rico, porque tiene cláusulas muy punitivas para la isla”, dijo. “Esto no es algo que queremos para Puerto Rico. Lo que queremos es ayudar a Puerto Rico”.
El jueves las expectativas eran tan elevadas que hubo los votos necesarios en el Senado para aprobar la iniciativa de ley. Pero incluso así, Mercader dijo que todavía esperaba que pudieran hacerse unos cambios a última hora.
“Este proyecto de ley significa peligro para nosotros”, dijo. “A menos que haya cambios, habrá un desastre masivo”.
