Los principales postores en la quiebra de Puerto Rico

El día en que el huracán María entró a Puerto Rico, el fondo mutuo Oppenheimer Funds cuestionaba que el gobierno de la isla no pudiese pagar su deuda de $74,800 millones, debido a que en junio recaudó más impuestos de los estimados. Unos días antes, tras el paso de los huracanes Irma y Harvey, la empresa dijo que el mercado de bonos municipales podría convertirse en una fuente de capital para los lugares afectados, “que tengan o elijan modernizar o reemplazar infraestructura crítica, o embarcarse en un plan maestro para reconstruir áreas que fueron en gran parte destruidas”.

En contra de todos los pronósticos sobre la situación económica y fiscal de la isla antes del huracán, Oppenheimer creó una narrativa optimista. En diciembre de 2016 aseguró a sus clientes que sus inversiones en bonos emitidos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico les habían ayudado a mantener un desempeño atractivo de sus fondos, en comparación con sus competidores. “El panorama crediticio de Puerto Rico continúa evolucionando y, en nuestra opinión, mejorando”, afirmaron. Un año y medio antes, ya el ex gobernador Alejandro García Padilla había expresado públicamente que la deuda de Puerto Rico era impagable. Oppenheimer no menciona esto en el informe.

En contraste, el fondo mutuo Franklin Templeton aseguró a sus clientes hace unos meses que desde 2012 comenzó a reducir la exposición a bonos relacionados con Puerto Rico debido al escenario financiero en la isla. Según un informe de 2017, retuvieron aquellas inversiones que creyeron que estaban en la posición más fuerte y que contaban con protecciones legales y constitucionales. Sin embargo, en la emisión de bonos de Obligación General que lanzó el gobierno de Puerto Rico en 2014, y que las principales casas acreditadoras calificaron como de alto riesgo o chatarra, Franklin solicitó comprar $200 millones, de los que obtuvo $60 millones.

Estas dos empresas estadounidenses se aliaron a los fondos mutuos locales de Santander Asset Management, conocidos como First Puerto Rico Family of Funds, para formar el Mutual Fund Group, acreedores que reclaman la mayor cantidad de deuda en el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de la ley federal PROMESA. El grupo pide el pago de $7,200 millones en bonos de Obligación General, de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante (Cofina), la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE) y la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT). Los fondos mutuos Goldman Sachs Asset Management y UBS, también reclaman deudas en el Título III, pero no forman parte del grupo.

Los fondos mutuos son compañías que administran e invierten el dinero de sus clientes en diferentes productos (bonos, acciones o bienes raíces, por ejemplo), con el objetivo de crear ganancias para ellos y sus clientes. Por años han sido el vehículo de inversión favorito de los “mom & pop investors”, personas mayores, retiradas con capital moderado que esperan recibir ganancias a largo plazo.

Oppenheimer Fund dice que lleva más de 20 años invirtiendo en Puerto Rico; Franklin, más de 30. Ambas resaltan como atractivo de los bonos de la isla el hecho de que no pagan impuestos federales, estatales ni locales en Estados Unidos (el llamado Triple Tax Exemption). Otro incentivo que mencionan es que dentro de la deuda que emite el gobierno, la Constitución le daba prioridad de pago a los bonos de Obligación General, mientras una porción del Impuesto a la Venta y Uso (IVU) se usaba para el pago de los bonos de Cofina.

Así vendieron los bonos de la isla a inversores de bajo perfil que residen en Maryland, Ohio, Massachusetts, Minnesota, Colorado o Arizona. Esas inversiones aparentemente seguras terminaron en la quiebra más grande en la historia de una jurisdicción estadounidense.

Fondos mutuos bajo escrutinio

“Las personas que invirtieron en fondos mutuos, en general, no son muy sofisticadas. No se sientan a averiguar qué es este tipo de fondo. Pueden examinar cuál es la tasa de rendimiento, cuál es la descripción general, si es un fondo conservador, es un fondo de riesgo, podrían mirar cosas como estas posiblemente, pero no entrar en el detalle de en qué consiste. Por lo tanto, están confiando en las personas que manejan los fondos para que les protejan. Esas personas que manejan los fondos son regulados por mi oficina si hacen negocios en Massachusetts”, dijo William Francis Galvin, secretario de estado de Massachusetts, en entrevista con el Centro de Periodismo Investigativo.

En 2013, Galvin acusó a 15 firmas de corretaje, entre ellas Morgan Stanley (MS), Merrill Lynch (MER), UBS AG (UBS) y Bank of America Corp. (BAC), como parte de una investigación por la manera en que vendieron “productos esotéricos de alto riesgo” a personas mayores.

“Son inversionistas de pocos dólares. No son multimillonarios por lo general, son personas que buscan seguridad. Los fondos mutuos tienden a atraer a los inversionistas que tienen menos riqueza, y están buscando la seguridad, en comparación con las personas que tienen mucho dinero y toman riesgos. Por lo tanto, tienden a ser más inversionistas conservadores. En términos generales, no tienen un asesor financiero personal, no tienen una estrategia sobre cómo ahorrar dinero o hacer algo de dinero de sus inversiones, no son personas con un montón de dinero, y esto es lo que los hace más vulnerables a esta situación, y por eso estábamos preocupados”, explicó Galvin.

A principios de 2017, Galvin abrió una nueva investigación sobre las prácticas de venta de fondos con bonos de Puerto Rico para determinar si los inversionistas habían sido informados sobre los riesgos del producto. Como parte de la investigación, envió cartas a Oppenheimer Funds, UBS Financial Services y Fidelity Investments, un fondo de pensiones de Estados Unidos.

“Hubo una buena razón al principio para que los fondos mutuos vieran los bonos de Puerto Rico como una buena inversión debido a su estatus exento de impuestos. Pero a medida que han surgido los problemas, y el Congreso realmente no ha abordado el problema en absoluto, no parecen estar proporcionando el dinero que es necesario para tratar con él o para llegar a una solución integral. El riesgo de un incumplimiento a estos inversionistas es bastante grave”, dijo Galvin.

“Por eso estábamos preocupados: por ver qué exactamente sabían estas empresas y asegurarnos de que eran conscientes de nuestro interés en supervisar lo que era el proceso de toma de decisiones… Estábamos mirando a esas dos firmas (Oppenheimer y UBS) porque tienen una gran presencia en Massachusetts, pero no se limitaba a esas. Nuestro interés es un interés general, no es específico en cualquiera de estas dos empresas. La investigación comenzó hace algunos meses, quizá incluso a finales del año pasado”, añadió el funcionario de ideal demócrata.

El dúo más grande de acreedores

Oppenheimer tiene la mayor cantidad entre las firmas del Mutual Fund Group, y entre todas las que reclaman deudas en el Título III, con $4,900 millones. De ese total, $1,500 millones son deuda de Obligación General, $1,900 millones de Cofina, $394 millones en bonos de la ACT y $957 millones en bonos de la Autoridad de Energía Eléctrica.

Esta es la firma de fondos mutuos que en 2014, junto a Franklin, demandó al gobierno de Puerto Rico y logró que el Tribunal Federal de San Juan y el Primer Circuito de Boston declararan inconstitucional la “Ley de Quiebra Criolla”. Oppenheimer además cabildeó en el Congreso para detener cualquier intento de que se diera acceso a Puerto Rico al Capítulo 9 de la ley de quiebra federal.

Oppenheimer es una subsidiaria de Massachusetts Mutual Life Insurance Company (MassMutual), una de las empresas aseguradoras más grandes en Estados Unidos. Para diciembre de 2016, manejaba aproximadamente $191,000 millones en activos bajo gestión.

De 2012 a 2016, Oppenheimer ha pagado más de $64 millones en multas a los reguladores federales del mercado financiero, la Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) y la Securities and Exchange Commission (SEC), por fraude y violaciones a reglamentos.

El director general y presidente la firma, Arthur Phillip Steinmetz, es donante del Partido Libertario en Estados Unidos, que promulga posturas esencialmente republicanas en cuanto a la mínima intervención del estado en lo financiero y regulatorio, a la vez que impulsa una agenda progresista en el ámbito de los derechos civiles. También aportó a republicanos como Mitt Romney y Mitch McConnell, y el demócrata Charles Schumer. Oppenheimer Funds estableció un Political Action Committee (PAC) con su nombre que para las últimas elecciones recaudó $356,841 y distribuyó 40% a los demócratas y 60% a los republicanos.

Oppenheimer añade en su informe de 2016 que uno de los factores positivos para Puerto Rico fue la elección de Ricardo Rosselló como gobernador. Lo describen así: “Un ardiente defensor de la estadidad, la campaña del gobernador electo se basó, en parte, en una plataforma que incluye su propósito de trabajar con los tenedores de bonos municipales de Puerto Rico para pagarles fundamentalmente el 100% de interés de la deuda pendiente. El éxito de este esfuerzo está por verse, pero creemos que el gobernador está en condiciones de negociar de buena fe con los tenedores de bonos, ya que parece entender la relación directa entre el pago de la deuda existente con el acceso futuro a préstamos del mercado de bonos municipales. En general, creemos que la elección de Rosselló representa un factor positivo para el futuro de los bonos municipales de Puerto Rico”.

Un mes más tarde, tras haberse inaugurado la administración Rosselló, el director ejecutivo de la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal (AAFAF), Gerardo Portela, se sentaba a la mesa con Oppenheimer, Franklin y Goldman Sachs, las compañías aseguradoras de bonos y varios fondos de cobertura.

Los ejecutivos de Oppenheimer también se expresaron “esperanzados” ante la ley PROMESA y el nombramiento de una Junta de Control Fiscal, que catalogaron como “poderosa”.

Tal vez ahora la firma lo vea distinto, pues tanto la administración de Rosselló como la Junta de Control Fiscal han ofrecido menos dinero para el pago de la deuda que lo que puso sobre la mesa en las negociaciones la pasada administración. “El Plan Fiscal certificado (por la Junta de Control Fiscal) exigiría recortes a la deuda de entre 62% y 79%, si se aplica sobre una base proporcional. En contraste, la última oferta de García Padilla, la cual fue rechazada por los acreedores, pedía un recorte promedio de sólo 32% en todos los créditos”, indica una presentación de junio de 2017 de Millstein & Co., ex asesores en reestructuración de la administración de García Padilla.

En enero de 2017, la firma hizo otras expresiones a sus bonistas, encabezadas por la siguiente afirmación: “En un año en que la frase ‘noticias falsas’ entró en nuestro vocabulario nacional, creemos que la cobertura de los medios de comunicación sobre los acontecimientos en y relacionados con el Estado Libre Asociado de Puerto Rico podría describirse mejor como ‘noticias parciales’”. Luego, desglosa por qué todo va bien con sus inversiones en la Isla, aunque al final advierte que el deterioro de la economía de Puerto Rico podría tener un impacto adverso en los bonos de Puerto Rico y el desempeño de los fondos municipales de Oppenheimer Rochester.

Cinco meses más tarde, en mayo de 2017, cuando ya se había certificado el Título III como proceso para la renegociación de la deuda, Oppenheimer mantenía su optimismo e indicaba a sus clientes: “Si bien la situación en Puerto Rico sigue siendo un desafío, el mercado para los bonos emitidos por el Estado Libre Asociado sigue siendo ‘líquido’ y los ingresos se mantienen en un máximo histórico”.

Hace un mes el panorama cambió. El huracán María arrasó con las fuentes de repago de las deudas. El gobierno central que emitió los bonos de Obligación General dirige ahora sus recursos a atender la crisis humanitaria que dejó la tormenta. El Impuesto a las Ventas y el Uso, parte del cual paga los bonos de Cofina, se dejó de cobrar en alimentos preparados desde el 8 de octubre. Durante un mes no se cobraron los peajes, cuyos ingresos se usan en parte para pagar la deuda de la ACT. Mientras que parte de la infraestructura de la AEE, de la que Oppenheimer y Franklin también son acreedores, quedó totalmente destrozada.

Por su parte, Franklin Mutual Advisers LLC es la firma sombrilla que tiene 22 fondos distribuidos en bonos de Obligación General, Cofina y la AEE. En total tienen $1.8 mil millones en deuda y ocupan el segundo lugar entre todos los acreedores que participan del Título III. Franklin Mutual Advisers LLC es una subsidiaria de Franklin Resources, que en conjunto con sus subsidiarias es conocida como Franklin Templeton Investments, con $65 mil millones en activos bajo gestión.

Al tener bonos de Cofina y bonos de Obligación General a la vez, las firmas del Mutual Fund Group tienen un conflicto. En el caso de quiebra del gobierno de Puerto Rico bajo el Título III de PROMESA, algunos bonistas de Obligación General sostienen que Cofina es ilegal porque se creó para emitir deuda por encima del límite constitucional, usando como fuente de repago una porción del Impuesto a la Venta y Uso (IVU). Mientras que los bonistas de Cofina mantienen que esa parte del IVU les pertenece por ley, los que tienen bonos de Obligación General se amparan en que la Constitución establece prioridad de pago para ese tipo de bonos.

Franklin Mutual Advisers también forma parte del Ad Hoc Group de bonos de Obligación General, donde reclama $294 millones en ese tipo de bono.

Además de coincidir en ser los fondos mutuos con más bonos de Puerto Rico, y de su oposición exitosa a la ley de quiebra criolla, Oppenheimer y Franklin se combinan en otra faena: el inversionismo político. Ambas firmas participan del PAC llamado Investment Co Institute que levantó $1.2 millones para las últimas elecciones federales y que reparte sus donaciones entre candidatos demócratas, con un 34%, y republicanos, con 66%. Los principales directivos de Franklin, Gregory E. Johnson y Rupert H. Johnson, Jr., han sido además donantes consuetudinarios de las principales figuras republicanas.

Santander en el Mutual Fund Group

Al Mutual Fund Group lo completa Santander Asset Management, con sus fondos First Puerto Rico Family of Funds, pide el pago de $478 millones en bonos de Obligación General, Cofina y de ACT. Santander Asset Management es una subsidiaria de SAM Investment Holdings Limited, que a febrero de 2017 manejaba $1.6 mil millones en activos. Frank Serra Cardona, presidente y director ejecutivo de Santander Asset Management, no contestó llamadas del Centro de Periodismo Investigativo.

Dennis Williams, Oficial Jefe de Inversiones de SAM, comentó en 2016 que la operación de la Junta de Control Fiscal, a pesar de ser “políticamente controversial”, podría traer estabilidad económica, transparencia financiera y disciplina fiscal al proceso de presupuesto de Puerto Rico. “Hemos notado que el precio de algunos bonos municipales de Puerto Rico han mejorado durante los dos meses posteriores a la firma de PROMESA”, comentó.

En el mismo informe, reconoce que los fondos de First Puerto Rico Family of Funds podrían afectarse por las decisiones que tome la Junta. “Dependiendo del enfoque que adopte, sus decisiones pueden resultar favorables o desfavorables para los acreedores. La Junta puede elegir honrar los compromisos con los bonistas o puede decidir priorizar las pensiones a expensas de los bonistas. El resultado para los bonistas de Puerto Rico dependerá en última instancia del enfoque fiscal favorecido por los miembros de la Junta de Control Fiscal”.

La firma ofrece acciones en fondos mutuos únicamente a individuos y negocios que residen en Puerto Rico. Estos fondos son principalmente adquiridos por personas para inversiones a largo plazo tales como el pago de la universidad para sus hijos o los ingresos para la jubilación. La firma está obligada por ley a invertir dos tercios de sus activos en valores de Puerto Rico, y han invertido cantidades significativas de dinero en el gobierno y sus corporaciones públicas.

Entre 2001 y 2008, José Ramón González, miembro de la Junta de Control Fiscal, fue presidente de la Junta de Directores de Santander Securities y de su subsidiaria Santander Asset Management, entidad que maneja los fondos de First Puerto Rico Family of Funds. Según se desprende de sus informes financieros parciales radicados como integrante de la Junta, la esposa de José Ramón González liquidó sus inversiones en First Puerto Rico Tax Exempt Target Maturity Fund II y IV y de First Puerto Rico Tax Advantaged Target Maturity Fund 1, entre septiembre y octubre de 2016, poco después de que fuera nombrado a la Junta. El valor de las inversiones retiradas no es preciso, fluctúa de entre $1,001 y $15,000 cada uno, según el informe de divulgación financiera. La ganancia reportada por cada fondo fluctúa de entre $201 y $1,000. En ninguna de las partidas se menciona si hubo ganancia o pérdida en la disposición de estas inversiones.

Carlos García, otro integrante de la Junta de Control Fiscal que también trabajó en Santander, liquidó sus inversiones en cinco fondos de First Puerto Rico Family of Funds: First Puerto Rico Target Maturity Income Opportunities Fund II, First Puerto Rico Tax Advantaged Target Maturity Fund I, First Puerto Tax Exempt Target Maturity Fund III y IV y First Puerto Rico Tax Exempt Target Maturity Fund II, en agosto de 2016. El informe financiero de García es igualmente impreciso e indica que el valor de cada fondo era de entre $1,001 y $15,000 y la cantidad de ingresos por fondo de entre $201 y $1,000.

Los informes financieros de González y García que se han hecho públicos son incompletos y han sido certificados por la oficial de ética contratada por la misma Junta de Control Fiscal, Andrea Bonime Blanc, quien se supone que evalúe si los intereses financieros divulgados representan o no un posible conflicto de interés que afecte la integridad de esa entidad. Además, los documentos divulgados cubren un periodo luego de ser nombrados a la Junta, y no antes o durante su proceso de evaluación para esa función. El Centro de Periodismo Investigativo inició en junio de este año una demanda contra la Junta en la que solicita estos documentos, de forma completa y tal cual fueron entregados a las agencias federales que les evaluaron.

Santander informó que donará $2 millones a organizaciones locales de ayuda y socorro, organizaciones de sin fines de lucro y a un fondo para ayudar a los empleados del Banco.

La firma de abogados Toro, Colón, Mullet, Rivera & Sifre, que representan al Mutual Fund Group en Puerto Rico, no respondió intentos del CPI para indagar detalles sobre su cliente.

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