La mayoría de los cerca de 230 manifestantes arrestados durante la investidura presidencial de Donald Trump, serán acusados por el delito grave de provocar disturbios, informaron fiscales federales, lo que puede significarles una condena de hasta 10 años en prisión.
Según lo informado por la policía, los detenidos debían comparecer el sábado ante una corte en Washington y serían liberados sin el pago de fianza, pero deberán volver a presentarse en febrero.
La posible sentencia también podría incluir una multa de hasta $250.000 mil dólares indicó la fiscalía.
Los arrestos se llevaron a cabo en un tramo de cuatro cuadras en el centro de Washington alrededor de la hora en la que Trump rendía su juramento.
Los cargos contra todos los detenidos fueron presentados por disturbios, según confirmó Peter Newsham, jefe de policía interino de la ciudad, quien remarcó que los involucrados representaban «un porcentaje muy pequeño» de todos los manifestantes.
Un manifestante protege su boca y nariz contra el gas disparado por la policía durante una manifestación después de la inauguración del presidente Donald Trump el viernes 20 de enero de 2017 en Washington.
Las heridas de los seis agentes son de levedad, agregó el jefe de policía, y como consecuencia de las piedras y objetos contundentes lanzados por los protestantes.
Los manifestantes quebraron los vidrios de varios automóviles, entre ellos uno de policía, y quemaron papeleras, mientras que las fuerzas de seguridad respondieron con gases lacrimógenos para tratar de dispersar a los protestantes.
Además, incendiaron una limusina aparcada en una de las calles, a apenas unas manzanas de donde más tarde pasó el desfile presidencial de Trump y su familia con destino a la Casa Blanca.
El grupo llevaba pancartas en las que, una vez más, tacharon al presidente de racista y en una se podía leer en español el tradicional grito de lucha popular «El pueblo unido jamás será vencido» en medio de las amenazas del nuevo gobierno de deportar a millones de indocumentados.
