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Padres deportados pueden perder custodia de hijos

Mientras los deportados eran llevados del avión a la humeante pista del aeropuerto de San Salvador, una angustiada Araceli Ramos Bonilla estalló en lágrimas con una mueca de dolor en su rostro: “¡Mi hija me la están robando!”

Habían pasado 10 semanas desde la última vez que Ramos tuvo en brazos a su hija de dos años, Alexa. Diez semanas desde que fuera arrestada cruzando la frontera de Estados Unidos en Texas y desde que las autoridades de inmigración se llevaron a la pequeña y le dijeron que no volvería a verla nunca.

Lo que vino después _ una familia de crianza logró inicialmente la custodia total de Alexa _ revela lo que podría ocurrir con algunos de los bebés, niños y adolescentes separados de sus familias en la frontera a principios de este año en base a una política del gobierno de Donald Trump. La iniciativa “tolerancia cero” terminó en junio, pero cientos de menores siguen detenidos, en albergues o en hogares de acogida y funcionarios estadounidenses apuntan que más de 200 no son candidatos a la reunificación o a la liberación.

Las autoridades federales insisten en que están reuniendo familias y seguirán haciéndolo. Pero una investigación de The Associated Press basada en cientos de documentos judiciales, registros migratorios y entrevistas tanto en Estados Unidos como en Centroamérica destapó agujeros en el sistema que permiten que jueces estatales otorguen la custodia de niños migrantes a familias estadounidenses sin notificar a los padres.

Alexa, de cinco años, se ríe con su madre, Araceli Ramos, mientras monta en un tiovivo en un parque en San Miguel, El Salvador, el 18 de agosto de 2018.

Al día de hoy, con cientos de madres y padres deportados a miles de kilómetros (millas) de distancia, el riesgo ha crecido de forma exponencial.

Los estados suelen blindar los casos de custodia y las agencias federales encargadas de los menores migrantes no monitorean la frecuencia con la que un juez estatal permite que sean entregados en adopción. Pero proporcionando el nombre del niño y su fecha de nacimiento al tribunal de distrito, testamentario o circuito implicado, la AP halló que a veces es posible rastrear su paradero.

El caso Alexa comenzó en noviembre de 2015, bajo el gobierno del expresidente Barack Obama, luego de que Ramos huyó de El Salvador para escapar de lo que dijo era una pareja abusiva. La separación de su madre durante 15 meses expone la frágil situación legal de los niños que están bajo el cuidado de la Oficina federal de Reasentamiento de Refugiados y a un sistema irregular y con fallas que puede cambiar el curso de la vida de un niño.

Un juez de una corte rural cerca del Lago Michigan tardó 28 minutos en conceder a los padres de acogida de Alexa, Sherri y Kory Barr, su tutela temporal. La madre de la pequeña y su abogado de inmigración no fueron ni siquiera notificados del proceso.

Basándose en su experiencia con Alexa, los Barr se habían convencido de que Ramos era una mala madre y de que la niña sufriría abusos si regresaba con ella.

“Mi esposa y yo estamos enfermos por eso”, dijo Kory Barr al juez que accedió a su pedido dos días después de Navidad.

El sistema federal que tenía la custodia de Alexa alega que los tribunales estatales nunca debieron haber permitido que los padres de crianza llegaran tan lejos, sin importar lo buenas que fueses sus intenciones.

Cada sistema judicial estatal, desde Nueva York a California, gestiona los procesos de custodia y adopción de forma distinta, y en ocasiones puede haber cambios incluso entre condados.

En Missouri, una pareja local logró en 2014 la adopción del bebé de una madre guatemalteca que fue detenida en una redada antiinmigración, luego de una batalla legal de siete años. En un caso similar en Nebraska, prevaleció el derecho de otra madre guatemalteca tras cinco años y más de un millón de dólares en gastos legales donados.

La Oficina de Reasentamiento de Refugiados y Bethany Christian Services, la agencia que puso a Alexa en el sistema de cuidado temporal, no realizaron comentarios sobre el caso. Pero Bethany señaló que los padres de crianza están informados de que no están autorizados a adoptar a niños migrantes.

Sin embargo, Bethany reconoció que desde la década de 1980, nueve de los 500 menores inmigrantes asignados a su programa de acogimiento han sido adoptados por familias estadounidenses. Los menores, con edades comprendidas entre tres y 18 años, fueron adoptados tras determinarse que no sería seguro ni posible que regresaran con sus familias; al menos uno pidió ser adoptado por sus padres de acogida y otro era víctima de la trata de personas, agregó la agencia.

“Nosotros no queremos nunca que las familias se separen”, dijo el director general de Bethany, Chris Palusky. “Eso es a lo que nos dedicamos, a reunir familias”.

Araceli Ramos camina con su hija de cinco años, Alexa, en un parque en San Miguel, El Salvador, el 18 de agosto de 2018.
Araceli Ramos camina con su hija de cinco años, Alexa, en un parque en San Miguel, El Salvador, el 18 de agosto de 2018.

John Sandweg, que dirigió el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos durante el gobierno de Obama, señaló que le preocupa que muchos más niños migrantes separados recientemente de sus familias puedan no volver a verlas más.

“Tenemos a los niños en Estados Unidos y a los padres en Centroamérica, y ahora están entrando en juego todas esas agencias de bienestar infantil. Es una receta para el desastre”, dijo.

En el caso de Alexa, la presión del gobierno salvadoreño, de defensores de menores y una serie de videos virales de Ramos publicados en Facebook en los que expresaba su amor por la niña ayudaron a la reunificación.

Un mes después de que los Barr obtuvieron la tutela de Alexa, el Departamento de Justicia ejerció una fuerte presión sobre el tribunal de Michigan.

“Los Barr obtuvieron la orden de custodia temporal en violación de la ley federal”, argumentaron los fiscales a principios de 2017.

La pareja retiró pronto su petición para quedarse con Alexa y en un escrito dijeron al juez que el gobierno federal los había puesto en “una esquina sin salida”.

Araceli Ramos, con su hija de cinco años, Alexa, mirando por encima del hombro, mira las fotos en Facebook publicadas por la familia adoptiva de Alexa en Michigan, durante una entrevista en un parque en San Miguel, El Salvador, el 18 de agosto. 2018.
Araceli Ramos, con su hija de cinco años, Alexa, mirando por encima del hombro, mira las fotos en Facebook publicadas por la familia adoptiva de Alexa en Michigan, durante una entrevista en un parque en San Miguel, El Salvador, el 18 de agosto. 2018.

​Ahora, de regreso con su madre en El Salvador desde hace más de un año, Alexa ha vuelto a aprender el español que olvidó y a forjar una relación con su madre y sus hermanos. Cuando quiere atención, susurra al oído de su madre y suele colocar sus pequeños brazos en torno a la cintura y el cuello de Ramos.

De vez en cuando, Ramos permite que Alexa hable con los Barr, que también quieren a la pequeña.

Temiendo por los padres separados de sus hijos bajo la política de tolerancia cero, Ramos volvió a recurrir a Facebook recientemente para pedirles que luchen por recuperar a sus hijos.

“No deje de luchar porque uno por sus hijos es capaz de ir hasta el fin del mundo”, apuntó durante una entrevista. “Son nuestros hijos y no son de ellos”.