Un plan del gobierno del presidente Donald Trump de incluir una pregunta de ciudadanía en el cuestionario de censo del 2020 ha provocado la resistencia de los fiscales estatales demócratas, quienes argumentan que podría ocasionar una baja participación y conducir a un recuento inexacto.
Sin embargo, ningún fiscal estatal republicano ha interpuesto una demanda, ni siquiera los de los estados con grandes poblaciones de inmigrantes que pueden verse perjudicados si un conteo menor en el censo afecta la asignación de escaños en la Cámara de Representantes o de fondos federales.
De hecho, muchos fiscales estatales republicanos han exhortado al equipo del censo de añadir la pregunta.
“Siempre es mejor tener un recuento más preciso de ciudadanos que de no ciudadanos. No veo ningún inconveniente en esto”, indicó Ken Paxton, fiscal estatal de Texas.
Las distintas posturas entre los principales fiscales estatales republicanos y demócratas destacan cómo hasta las decisiones más básicas de recopilación de datos pueden verse rápidamente polarizadas en medio del intenso debate sobre la inmigración.
Las preocupaciones sobre los inmigrantes han aumentado debido a que el gobierno de Trump ha tomado medidas contra las llamadas ciudades santuario, ha incrementado los arrestos de inmigrantes, ha despachado a la Guardia Nacional a la frontera y ha buscado prohibirle la entrada a ciudadanos de ciertos países de mayoría musulmana.
El mes pasado, el secretario de Comercio Wilbur Ross anunció que el cuestionario de censo del 2020 incluirá una pregunta de ciudadanía por primera vez desde 1950. Indicó que la pregunta era necesaria en parte para ayudar al gobierno a implementar la Ley del Derecho al Voto, una ley de 1965 dirigida a proteger la representación política de las minorías.
El secretario dijo que proporcionará un recuento más exacto de los residentes con derecho a voto que actualmente está disponible en una encuesta más pequeña que incluye la pregunta de ciudadanía.
En una carta donde explicó su decisión, Ross dijo que la Oficina del Censo estimó que hasta 630,000 hogares adicionales podrían no responder si se incluye una pregunta de ciudadanía. Sin embargo, reconoció que el gobierno no sabía cuáles serían las consecuencias reales debido a que no ha probado el cambio.
