SAN JUAN —
El gobernador de Puerto Rico firmó el lunes un paquete de reformas a las leyes impositivas con la intención de atraer inversión extranjera y ayudar a los trabajadores y a algunos empresarios en medio de la recesión que padece el territorio estadounidense desde hace 12 años.
La nueva ley crea un crédito al impuesto sobre los ingresos, reduce un impuesto sobre los alimentos preparados y elimina un impuesto que afecta a las pequeñas y medianas empresas, entre otras disposiciones.
Las autoridades dijeron que la ley representa un alivio impositivo de casi 2.000 millones de dólares cuando la isla hace arduos esfuerzos para recuperarse del huracán María y reestructurar una parte de su deuda pública, la cual asciende a 70.000 millones de dólares.
«Aún nos queda camino por recorrer para una transformación completa del sistema contributivo, pero… lo vemos como un buen primer paso», dijo la presidenta de la Asociación de Contadores Públicos, Cecilia Colón.
El gobernador Ricardo Rosselló dijo que el crédito al impuesto sobre los ingresos tendrá beneficios de entre 300 y 2.000 dólares para cada trabajador, con un ahorro anual de 200 millones de dólares. Añadió que el impuesto de 11,5% sobre las ventas de alimentos procesados se reducirá a 7% a partir de octubre de 2019.
La ley también elimina un impuesto entre empresas para aquellas que generan 200.000 dólares al año o menos, que representa 79 millones de dólares en ahorros en cinco años, dijo Rosselló. Casi 80% de los negocios en Puerto Rico se beneficiarán de esa medida, agregó la secretaria de Hacienda Teresa Fuentes.
Además, la nueva ley reduce la tasa impositiva para corporativos de 39% a 37,5%.
«Hoy marca un punto bien importante en mantener la competitividad en Puerto Rico», dijo Fuentes.
La medida también legaliza decenas de miles de máquinas de apuestas, pero limita la posesión de cantidad de máquinas, que los legisladores calculan que generarán al menos 160 millones de dólares al año. Hasta 40 millones de dólares de esas entradas se destinarán al fondo general del gobierno, mientras que los fondos restantes se destinarán a ayudar a los municipios y agentes policiales.
Sin embargo, Natalie Jaresko, directora ejecutiva de la Junta de Supervisión y Administración Financiera, ha reiterado que la isla necesita una reforma fiscal mucho más extensa que mejore la recaudación de ingresos y promueva el desarrollo económico. Agregó en un comunicado que la junta también se preocupa de que el gobierno y la legislatura no han demostrado que los cambios no van a «canibalizar» los ingresos.
Antonio Fernos, profesor de economía y finanzas en Puerto Rico, cuestionó la efectividad de la nueva ley, que parece generar un ingreso general menor.
«No hace sentido», dijo. «¿Para qué lo están haciendo, sobre todo en un país que está insolvente y necesita más fuentes de ingresos?».
Fernos también argumentó que el crédito al impuesto sobre los ingresos no basta para sacar a la gente de la economía informal. «Yo no veo a nadie abandonando los esquemas de evasión contributiva», dijo.
