El gobierno de Estados Unidos presentó este miércoles una modificación de la legislación medioambiental vigente que busca reducir los requisitos federales con el objetivo de «que las infraestructuras puedan ser construidas de manera puntual, eficiente y asequible».
«La administración Trump presenta una normativa final que modernizará y acelerará la revisiones medioambientales contempladas en la Ley de Política Medioambiental Nacional», informó la Casa Blanca en un comunicado.
La publicación del proyecto supone el final a un proceso de revisión de varios años que modifica sustancialmente una ley que cuenta con 50 años de antigüedad y que fue la que cambió la supervisión ambiental en Estados Unidos al exigir a las agencias federales que considerasen el impacto de los grandes proyectos en el ecosistema y en la fauna.
Para la Casa Blanca, no obstante, los procesos de revisión de la Ley de Política Medioambiental Nacional han supuesto «una carga tanto para las agencias que llevaban a cabo las inspecciones como para los estadounidenses que buscaban obtener permisos o aprobaciones».
«Así que estamos reduciendo el cronograma de permisos federales para grandes proyectos de infraestructura de un máximo de 20 años -o más, aunque resulte difícil de creer- a dos años o menos», aseguró el presidente Donald Trump durante un acto celebrado en Atlanta, en el estado de Georgia.
El mandatario consideró que «no se puede dedicar una vida a un proyecto que no resulte aprobado… o que sí» y se comprometió a que la administración dará una respuesta, «sí o no», en un plazo de máximo de un par de años, ya que sólo se requerirá de una única aprobación del gobierno federal, no de una por parte de cada una de las distintas agencias implicadas.
Trump argumentó que el actual proceso de aprobación se debe a los grupos de cabildeo «que intentan hacerlo todo más difícil para que tengas que contratarles».
Sin embargo, el grupo ecologista Sierra Club, una de las asociaciones medioambientales más importantes de Estados Unidos, calificó la medida de «vergonzosa» y acusó al Gobierno de actuar «a petición» de la industria de los combustibles fósiles.
«Que se avergüencen Donald Trump y su administración por querer exponer a las comunidades vulnerables a un riesgo aún mayor y por silenciar a aquellos que hubieran hablado claro para darle vía libre a corporaciones contaminantes», señaló el director ejecutivo de Sierra Club, Michael Brune, citado en un comunicado de la organización.
