En España había a 31 de marzo 13.654 menores extranjeros no acompañados acogidos por los servicios autonómicos de protección a la infancia, la mayor parte de ellos en Canarias, que acoge tantos como Andalucía, Madrid y Cataluña juntas.
Según los datos facilitados por el Ministerio del Interior a EFE este lunes, al final del primer trimestre del año el archipiélago canario daba asilo a 4.663 de estos niños y adolescentes, aunque las autoridades de las islas los cifran ahora en 5.500. La diferencia radica en que los datos de Interior no incluyen a los casi 900 menores que acogen los cabildos, dado que formalmente son administraciones distintas a la comunidad autónoma.
El registro de los menores no acompañados tutelados, que está coordinado por la Fiscalía General del Estado, muestra que la segunda autonomía con un mayor número de acogidos es Andalucía (1.790), seguida por Madrid (1.542), Cataluña (1.474) y la Comunidad Valenciana (1.061).
Las siguientes comunidades que tienen más menores extranjeros bajo tutela son el País Vasco (795), Baleares (382), Murcia (322), Ceuta (309), Castilla y León (286), Melilla (214) y Galicia (209). Por el contrario, las autonomías con menos acogidos son La Rioja (11), Cantabria (33), Extremadura (68), Asturias (76), Navarra (118) Aragón (125) y Castilla-La Mancha (147).
El Gobierno de España y el de Canarias han pactado este lunes una reforma urgente de la Ley de Extranjería para distribuir a los menores inmigrantes no acompañados llegados al país entre todas las autonomías, con el objetivo aliviar a aquellas que registran ya una situación de «emergencia» en la materia. Aunque quedan flecos jurídicos que pulir, se pretende que la reforma esté aprobada el próximo mes de septiembre.
El texto presentado por el Ministerio de Política Territorial al presidente canario, Fernando Clavijo, establece que cuando los recursos de acogida para menores migrantes de una comunidad estén por encima 150 % de su capacidad, como ocurre ya con Canarias, Ceuta y Melilla, se propicie su derivación a otras regiones del país, en función de su PIB y de su población.
En el caso del archipiélago canario, se considera que su cupo de acogida es de 2.000 menores, por lo que a partir de 3.000 (un 50 % por encima de lo fijado), se activarían los recursos de derivación hacia otras regiones. Con la situación existente en estos momentos, eso supondría que deberían salir de Canarias unos 2.500 menores no acompañados.
