Madrid, 03 de diciembre de 2020 (06:55 CET)
El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, se jubila este 17 de diciembre y su vacante acabará en manos, con casi toda seguridad, de María Ángeles Sánchez Conde, actual fiscal jefa del Tribunal Constitucional y amiga de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado.
Se trata de una sustitución de un puesto clave en la Fiscalía, puesto que Sánchez Conde ocuparía el número dos del ministerio público y debería manejar asuntos que atañen directamente al Gobierno de coalición y a sus socios independentistas.
Según ha podido saber Economía Digital, Navajas ya se ha despedido de sus compañeros e, incluso, ha elaborado un informe sobre los temas que tendrá que abordar su sucesora, entre otros estos cuatro:
1) Las tres investigaciones abiertas contra el Rey Emérito
2) La causa contra el diputado de Podemos Alberto Rodríguez por, presuntamente, agredir a la autoridad
3) La denuncia contra la ministra de Educación, Isabel Celaá, por permitir pasar de curso a un gran número de estudiantes sin límite de suspensos
4) Las causas relacionadas con el procés y «el conflicto» con Cataluña
Precisamente, las causas judiciales pendientes con el independentismo en Cataluña son una gran preocupación para el Gobierno.
Sánchez se ha comprometido a «desjudicializar» el procés
El presidente Pedro Sánchez, cabe recordar, se comprometió con ERC a «dejar atrás la deriva judicial que tanto dolor y tanta fractura ha causado en buena parte de la ciudadanía catalana y española», según afirmó en el debate de investidura.
De hecho y por si hubiera alguna duda, Sánchez lo dejó por escrito en el documento que ambos firmaron (PSOE y ERC) para conformar la mesa de diálogo con la Generalitat y sacar adelante la investidura.
Este documento señala que «como cualquier conflicto de esta naturaleza, solo puede resolverse a través de cauces democráticos, mediante el diálogo, la negociación y el acuerdo, superando la judicialización del mismo«, indica el acuerdo de investidura.
El puesto que ahora deja Navajas es clave en todo ello, puesto que desde ahí se impondrá el criterio del Ejecutivo en los asuntos en los que Delgado no deba inmiscuirse por su pasado como ministra.
«Amiga» de Delgado
Fuentes de Fiscalía recuerdan en este punto que el artículo 28 del estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, la Fiscal General del Estado debería abstenerse en algunas causas «establecidas para los jueces y magistrados en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) en cuanto les sean de aplicación».
Ha sido el caso, por ejemplo, de la abstención de Delgado a la hora de debatir, recientemente, la imputación o no del vicepresidente Pablo Iglesias por el ‘caso Dina’. La exministra otorgó la plena confianza a Navajas.
Sánchez Conde cumpliría este mismo papel con lealtad a Delgado, ya que, según explican las fuentes consultadas, es una persona de su «máxima confianza» e, incluso, «una amiga».
El perfil buscado: una mujer de la Unión Progresista de Fiscales
Con ella, la exministra socialista cumpliría, además, su promesa de visibilizar a las mujeres en la cúpula de la Fiscalía logrando el inédito organigrama de los dos primeros cargos del ministerio público ocupados por mujeres.
Ambas comparten asociación, la Unión Progresista de Fiscales. Sánchez Conde ocupó puestos en las fiscalías de León y Bilbao. También fue fiscal en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y ocupó un puesto en el Tribunal de Garantías.
No fue hasta 2009 cuando el entonces fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, la nombró jefa del Constitucional y fue renovada en 2015 por el Gobierno del PP.
Sánchez Conde tiene hasta mañana, jueves, para presentar su candidatura. Los aspirantes a teniente fiscal deben llevar al menos tres años en la primera categoría de la Carrera. Para cubrir esta vacante el Consejo Fiscal tendrá que reunirse.
En caso de que se reúna tras el 16 de diciembre, Navajas no participaría y habría un voto menos de la Sala. A partir de ahí, Delgado propondrá el nombre al Consejo de Ministros y en última instancia es el Rey quien aprobará este nombramiento para los próximos cinco años.
