MADRID, 6 May. (EUROPA PRESS) –
El Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández-Marugán, ha solicitado ayudas, subvenciones y planes de apoyo para el mundo de la cultura, al considerar que se trata de un sector que «se ha visto muy severamente afectado por la pandemia».
En su informe anual correspondiente al año 2020, al que ha tenido acceso Europa Press y que se ha publicado este jueves 5 de mayo, el Defensor realiza esta petición ya que «espectáculos de todo tipo han tenido que cancelarse o ver muy limitado su aforo, de manera que los profesionales del sector, así como el empleo derivado o dependiente de estas actividades, ha quedado en una situación de vulnerabilidad».
A su juicio, las ayudas, subvenciones y planes de apoyo no solo lograrán la «pervivencia presente y futura» de estas actividades, sino que además permitirán el acceso a la cultura de todos los ciudadanos.
El informe también hace referencia a la cancelación de actividades y de visitas a monumentos durante 2020, lo que ha dado lugar «a cierto número de quejas, bien sea por la ausencia de previsión o de información al respecto, o por el retraso en la devolución de las entradas abonadas con carácter previo a la cancelación o cierre de la instalación».
El documento también aborda la protección frente al expolio y subraya que «las actuaciones de las administraciones en materia de protección de estos bienes deben ser diligentes y someterse a los principios de celeridad y eficacia, ya que, de no ser así, los daños en los bienes culturales pueden ser, y de hecho son, en muchos casos irreversibles«.
En este punto menciona las actuaciones llevadas a cabo ante la Dirección General de Bellas Artes del Ministerio de Cultura y Deporte y la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, en relación con el inmueble denominado Villa Calamari, en Cartagena, declarado Bien de Interés Cultural en 2012, «cuando ya sufría un importante deterioro, actuaciones de las que ya se dio cuenta en el informe de 2018 y a las que ha debido darse continuidad».
Como relata el informe, los datos contenidos en los informes de la Administración autonómica evidenciaban el incumplimiento reiterado por parte del titular responsable del Bien de Interés Cultural (BIC) de las obligaciones de conservación desde 1992 y, al menos desde 2016, el incumplimiento de las medidas de protección acordadas.
Sin embargo, prosigue, no es hasta abril de 2020 que el Servicio de Patrimonio Histórico estudió proponer a la Dirección General de Bienes Culturales la incoación de un procedimiento sancionador contra la empresa titular de Villa Calamari por la comisión de una presunta infracción grave en la obligada custodia y protección de este inmueble BIC.
A juicio del Defensor, «la lentitud en la tramitación administrativa, la falta de seguimiento de las medidas de protección y la ausencia de una respuesta inmediata y coordinada están permitiendo el deterioro continuo del bien cultural, sin que se adopten las medidas correctoras y sancionatorias que prevé la legislación para la defensa del patrimonio».
El informe menciona otros casos relativos a la falta de protección debida al patrimonio histórico como la edificación incluida en el Entorno de Protección de la Plaza Mayor de Ocaña (Toledo), declarada Bien de Interés Cultural con la categoría de Conjunto Histórico.
En este caso, recuerda que, iniciada la actuación, la Viceconsejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha, informó del requerimiento, en febrero de 2018, a la propiedad para la remisión de un proyecto de ejecución redactado por técnico competente para la adopción de las medidas urgentes a realizar, a fin de frenar el deterioro del inmueble, así como una propuesta constructiva por parte del promotor al Ayuntamiento de Ocaña para su conocimiento y la emisión de las licencias correspondientes.
Dado que tras sucesivos informes la situación no parecía mejorar, el informe recuerda que se formuló a la consejería la Sugerencia de adoptar las medidas necesarias, previstas en caso de incumplimiento del requerimiento de actuación, para asegurar la integridad del bien, de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 4/2013, de 16 de mayo, de Patrimonio Cultural de Castilla-La Mancha, y, en su caso, con el régimen administrativo sancionador en materia.
A septiembre de 2020 el inmueble seguía, según el Defensor, salvo algunas actuaciones puntuales de apuntalamiento, sin que se acometieran las obras de protección necesarias. Por su parte, el ayuntamiento requirió a la propiedad para que realizase los trabajos y obras necesarias para mantener y, en su caso, recuperar la estabilidad y seguridad de la edificación, bajo la dirección de un técnico facultativo. Por ello, se prosiguen las actuaciones hasta tener constancia de su realización.
PROTECCIÓN DE BIC Y PATRIMONIO HISTÓRICO
Se prosiguen también actuaciones respecto de la protección y conservación de la las Salinas de Marchamalo y las instalaciones de Salinera Catalana de Cabo de Palos, en el término municipal de Cartagena (Murcia), respecto de las cuales la solicitud de incoación de declaración como BIC, con categoría de Sitio Histórico o Lugar de Interés Etnográfico, registrada el 14 de agosto de 2019, sigue sin resolverse y, por lo tanto, sin la protección que tal declaración conlleva.
En este entorno se sitúa un molino de sal (molino 100) declarado BIC, cuyo mal estado de conservación fue denunciado por los agentes medioambientales de la Dirección General de Medio Natural de la Región de Murcia, en diciembre de 2017.
Sin embargo, en el informe se denuncia que no ha sido hasta enero de 2020 y pese a disponer de informes relativos al mal estado de conservación, que se ha requerido a los propietarios la restitución del molino a un estado de conservación que garantice la integridad del inmueble mediante la realización de obras que habrían de ser autorizadas por la Dirección General de Bienes Culturales, instándose a este fin la remisión de la documentación pertinente, suscrita por técnico competente, en un plazo máximo de dos meses.
Las actuaciones de esta institución continúan, toda vez que una nueva comunicación del promovente inicial de la queja parece acreditar que ni por los propietarios ni por la Administración de forma subsidiaria se había efectuado trabajo alguno o se había tomado medida de ningún tipo para frenar el deterioro del molino.
En junio de 2020, se ha solicitado nueva información a la Dirección General de Bienes Culturales de la Región de Murcia, que se ha reiterado a finales de año, y que hasta el presente no ha sido atendida.
Otras actuaciones relativas al patrimonio histórico hacen referencia a las actuaciones del Defensor del Pueblo llevadas a cabo en este ámbito del patrimonio histórico, en concreto, ante la situación en que se encuentran la Ermita de Santa María de la Antigua de Madrid, el Teatro Fleta de Zaragoza y el dolmen de Guadalperal (Cáceres).
