Resulta tristemente irónico que, cuando se cumple un siglo de la inclusión de los habitantes de Puerto Rico en la ciudadanía estadounidense, el actual presidente de EE UU, Donald Trump, haya hecho de la exclusión –y expulsión– de los inmigrantes latinoamericanos uno de los ejes centrales de su política. Paradojas de la Historia. Fue otro presidente, el demócrata Woodrow Wilson, quien refrendó el 2 de marzo de 1917 la Ley Jones-Shafroth (por los nombres del congresista y el senador que la elaboraron), más conocida como Acta Jones de Puerto Rico o Ley Jones a secas.
Anteriormente regía la Ley Foraker de 1900 por la que EE UU había creado un gobierno civil para administrar la isla –una de las colonias, junto a Guam y Filipinas, que España le había cedido en el Tratado de París de 1898 tras perder la guerra hispano-estadounidense–, en sustitución del gobierno militar de ocupación. Pese a que dicha ley había introducido mejoras políticas, como la separación de poderes o la figura del Comisionado Residente en Washington, el estatus colonial de los puertorriqueños los privaba de ciudadanía internacionalmente reconocida.
Así las cosas, el Comisionado Residente Luis Muñoz Rivera argumentó la necesidad de una nueva legislación con varios importantes discursos ante el Congreso de Estados Unidos (donde no tenía voto, pero sí voz). El resultado final fue el Acta Jones de 1917 que convirtió a los ciudadanos de Puerto Rico en estadounidenses, aunque no de pleno derecho al no ser un Estado incorporado: no votan en las elecciones presidenciales y las leyes aprobadas por su gobierno –elegido por vez primera por los puertorriqueños en 1948– pueden ser vetadas por EE UU.
De hecho, aunque la Ley Jones otorgó derechos civiles a los boricuas (y también obligaciones, como formar parte del reclutamiento militar obligatorio de EE UU: 20.000 soldados puertorriqueños combatieron en la I Guerra Mundial), Estados Unidos siguió y sigue manteniendo control sobre sus asuntos fiscales, económicos, militares, postales, etc. Ello llevó en la década de 1950, por un lado, a la reforma de dicha ley para aumentar la independencia de Puerto Rico, que pasó a ser un Estado Libre Asociado con su propia Constitución; por otro, a la Insurrección Nacionalista, opuesta a esta relación de dependencia y cuya lucha emancipadora aún continúa.
