Instalación destinada a la trituración de minerales en la mina Veladero, donde se han producido varios vertidos de cianuro. Los hielos cercanos no se incluyeron en un inventario de los glaciares argentinos, lo que ha dado lugar a un proceso judicial contra el glaciólogo responsable de ese estudio [Ferjacon].
El 27 de noviembre un juez federal de Buenos Aires procesaba al glaciólogo Ricardo Villalba, exdirector del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), en Mendoza, integrado en el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), junto con otros funcionarios del Gobierno argentino, por haber abusado de su autoridad e incumplir sus deberes. Villalba apeló el 4 de diciembre, pero si pierde irá a juicio. Mientras, el juez le ha ordenado que permanezca en el país y ha autorizado el embargo de sus bienes hasta un valor de cinco millones de pesos, alrededor de un cuarto de millón de euros.
El caso depende de la definición de glaciar, tal y como se ve desde el espacio. Cuando Villalba empezó en 2011, por encargo del Gobierno, un inventario de los glaciares argentinos, incluyó solo los que tienen una hectárea o más de extensión, conforme a los criterios internacionales de análisis por satélite. Pero un grupo medioambientalista de la provincia de San Juan sostuvo que la exclusión de algunos glaciares más pequeños impidió que se impusiesen normas más estrictas a las minas de la Barrick Gold Corporation, de Toronto, Canadá. Los colegas científicos de Villalba en Argentina y fuera de Argentina dicen que la acusación carece de fundamento y tiene motivaciones políticas.
Apoyo internacional
«Es surrealista y un poco ridículo», dice Bruce Raup, glaciólogo del Centro Nacional de Datos de la Nieve y el Hielo, en Boulder, Colorado, uno de los autores de una carta que apoya a Villalba. Raup se encarga de una base de datos internacional sobre los glaciares que incluye información procedente del inventario argentino. Afirma que muchos científicos establecen un tamaño mínimo de una hectárea para los glaciares a fin de evitar que se tomen en cuenta incorrectamente masas efímeras de hielo y nieve.
Villalba niega que él o sus colaboradores del IANIGLA incumpliesen sus deberes. «No hay otra institución en Argentina que haya hecho más por el conocimiento, el cuidado y la protección de los glaciares que el IANIGLA», añade. La aseveración de que el inventario de los glaciares estaba diseñado para promover los intereses de la minería «es totalmente errónea», dice, y en realidad agrede a la ciencia en general de Argentina.
Sus colegas científicos han corrido a defenderlo. Los colaboradores de Villalba en el CONICET, en Mendoza, hicieron un acto de protesta para apoyarlo cuando el 4 de diciembre presentó su apelación, y los científicos de otros países que han trabajado con Villalba están reuniendo firmas para una carta en su defensa y en la de su inventario de los glaciares. Muchos de estos investigadores ven semejanzas entre el caso de Villalba y el de seis sismólogos que, tras el terremoto de L’Aquila, en Italia, fueron inicialmente condenados por homicidio por haber confundido a la población acerca del riesgo de que fuera a haber un seísmo, si bien en última instancia fueron absueltos.
La acusación contra Villaba tiene su origen en una demanda presentada por un grupo de defensa del medioambiente de San José de Jáchal, municipio del noroeste de Argentina. Arguyen que el estudio de los glaciares realizado por Villalba y sus colaboradores del IANIGLA violó una ley que entró en vigor en 2010 y cuyo propósito es mejorar la protección de los glaciares argentinos, de los que viene la mayor parte del agua del país. La ley encomendaba al Gobierno la realización de un estudio de los glaciares terrestres de Argentina, el trabajo que luego coordinaría Villalba, que había abogado por la aprobación de la ley.
Impacto ambiental
Los ecologistas sostienen que Villalba y sus colaboradores deberían haber estudiado todos los glaciares, sea cual sea su tamaño, lo que incluye el hielo cercano a la mina de oro Veladero, de la Barrick Gold, no lejos de San José de Jáchal. «La ley no distingue entre glaciares por su superficie o tamaño», dice Diego Seguí, abogado que representa al grupo de ecologistas, la Asamblea Jáchal No Se Toca.
Una vez se hubiese cartografiado el hielo próximo a la mina, dicen los activistas, la ley habría exigido a los científicos que evaluasen el impacto de la mina de la Barrick en los recursos glaciares. Sostienen que eso habría llevado a que en esta se suspendiesen las actividades, lo cual habría impedido los vertidos de cianuro ocurridos en la mina en los dos últimos años.
Villalba y sus aliados rechazan esa idea. Dicen que el IANIGLA, en cuanto organismo científico, no es responsable de que se cumplan las leyes medioambientales. Al contrario, defienden, la responsabilidad de mantener la seguridad ambiental en la mina Veladero recae en la Barrick y en las instituciones argentinas encargadas de la conservación del medioambiente.
«Está claro que no hay ninguna relación entre el cartografiado y los vertidos de cianuro», argumenta Tom Veblen, geógrafo de la Universidad de Colorado en Boulder que fue director de tesis de Villalba. «Están usando a Ricardo como chivo expiatorio, no cabe duda».
Jeff Tolleson y Emiliano Rodríguez Mega/Nature News
Artículo traducido y adaptado por Investigación y Ciencia con permiso de Nature Research Group.
Más información en Unidiversidad (esta entrevista con Villalba del 10 de agosto y este artículo del 5 de diciembre) y La Izquierda Diario (un artículo de uno de los abogados de la Asamblea de Jáchal).
