MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) –
Una alianza de pueblos originarios indígenas de Bolivia han reclamado a Naciones Unidas, Colombia y España que el galeón San José sea considerado patrimonio «común y compartido».
En concreto, las naciones originarias killakas, karangas y chichas –que estuvieron vinculadas, «forzadamente», con la explotación histórica del Cerro Rico de Potosí de donde proviene buena parte de la carga del galeón— son las demandantes de esta nueva situación.
Según han explicado sus representantes jurídicos, las comunidades buscan que el galeón sirva para «una reconciliación histórica» de los pueblos y afirman que el derecho internacional les otorga capacidad para ser consultados y participar en el destino del galeón.
En su primer escrito dirigido a la UNESCO, al que ha tenido acceso Europa Press, se pide a la institución internacional que haga pública «su mayor preocupación» sobre la ausencia de condiciones de seguridad jurídica en la intervención y extracción del galeón San José, conforme a los actuales planes de la República de Colombia.
En este sentido, entienden que la actual actuación «al margen del derecho internacional» por parte colombiana hace que los intereses privados de cazatesoros como Sea Search Armada cobren posibilidades de éxito.
Asimismo, entienden que las actuales decisiones suponen «un grave riesgo» para el resto del patrimonio arqueológico de los demás yacimientos de buques de la Carrera de Indias en aguas de Colombia y de otros países de América, puesto que «abre una vía para apartar estos importantes yacimientos del derecho internacional que podría protegerlos».
«Supone un paraguas que para estos pueblos puede representar obtener la cualidad de patrimonio cultural común y compartido«, han añadido. El abogado que les representa en este caso, José María Lancho, afirma que hay una base jurídica internacional muy importante para sostener la petición de estas comunidades y añade que «si hay un elemento moral en la Historia estas comunidades tienen derecho a ser parte en el destino de los restos del galeón».
«Si la explotación cultural del mismo genera rendimientos económicos sería una aberración que una parte significativa de los mismos no se dirija a mejorar el bienestar de estas comunidades, ligadas durante siglos a la explotación en condiciones claramente desiguales a las que disfrutaban los demás súbditos de la Corona de Castilla», ha apuntado Lancho.
Estos pueblos originarios de Bolivia que tienen personalidad jurídica incluso internacional, aunque no sean Estados, conforme a la Constitución del Estado Plurinacional de Bolivia, al Convenio 169 de la OIT, la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas e importante jurisprudencia de la Corte IDH han habitado de manera ancestral la región de Charcas.
Así, han preservando su cultura, lengua e instituciones propias según acreditan estudios históricos, afrontando en la actualidad muchas dificultades. Las naciones originarias afirman que el acceso unilateral al galeón por Colombia al margen de las demás partes interesadas y al derecho internacional sería «un acto de expolio y un acto neocolonial».
Es por ello que instan a que Unesco requiera a Colombia e incluso a España, país que es parte de la Convención sobre la protección del patrimonio subacuático de 2001, que «emprenda acciones» ante los organismos internacionales competentes, incluido el Tribunal Internacional de Justicia para «hacer valer la inmunidad soberana» de los restos correspondientes al galeón San José.
De esta manera, entiende que se garantizaría que las naciones originarias sean consultadas, puedan participar efectivamente en el destino del galeón y que el San José sea un patrimonio común y compartido.
