En los últimos dos años, 152 trabajadores consiguieron que la Sala Constitucional declarar con lugar sus reclamos para que el Ministerio de Hacienda girara los dineros de cuotas obrero patronales pendientes al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para poder acogerse a la jubilación antes de que entre a regir la reforma en pensiones.
Todos presentaron recursos de amparo en un intento de materializar su pensión con las reglas actuales, las cuales cambiarían el 11 de enero.
Quienes se jubilen antes de esa fecha, conservarán las condiciones actuales del régimen, las cuales son más favorables en el cálculo del monto mensual del beneficio y la edad de jubilación. El anuncio oficial de estos ajustes se publicó en el diario oficial La Gaceta en enero de 2022.
El cambio, se estima, impactará a 1,5 millones de trabajadores.
Desde octubre de 2021 a octubre anterior, la Sala recibió 503 recursos de amparo, indicó su Departamento de Prensa. De ese total, 152 se declararon con lugar, 266 sin lugar y otros 85 se rechazaron de plano o por el fondo.
Los trabajadores acudieron a la Sala con la urgencia de que se trasladaran cuotas de Hacienda a los sistemas de pensiones del Magisterio o de la CCSS, situación que se ha complicado en los últimos años. Por una parte, debido a la falta de fondos y, por otra, ante la ausencia de un sistema ágil que les garantice la portabilidad de las cotizaciones, o su transferencia entre regímenes.
Muchos en espera
Para dar una idea de la situación, hasta marzo del 2022, había 2.766 personas que llevaban meses o años esperando una resolución de Hacienda para permitirles el traslado de las cuotas que aportaron a otros regímenes.
De ahí que, cientos optaran por acudir a la Sala IV como lo hizo una trabajadora de 64 años quien logró que Hacienda fuera obligado a depositarle sus cuotas obrero-patronales del Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional requeridas para pensionarse.
La Sala declaró con lugar el amparo que la afectada interpuso contra ese ministerio ya que, desde 2019, solicitaba sin éxito el pago de dichas cuotas al régimen de Invalidez, Vejez y Muerte de la Caja.
Los magistrados confirmaron que se habían vulnerado los derechos de la ciudadana y, como resultado, se le ordenó a Hacienda entregar las cuotas pendientes en el plazo de un mes.
Así consta en el voto Nº 2023-027594, emitido el pasado 26 de octubre. La sentencia aún permanece en redacción.
En el 2022, La Nación también expuso el caso de un vecino de Monteverde quien llevaba más de un año en espera del traslado cuando acudió al tribunal constitucional, que le dio la razón en agosto de 2022, mediante sentencia 2022018001.
