La implicación de las comunidades en la tarea y la asistencia a las víctimas de las minas, tareas clave
MADRID, 15 May. (EUROPA PRESS) –
Más de 11.500 colombianos han visto sus vidas truncadas por las minas antipersona. El conflicto que durante más de medio siglo ha golpeado a Colombia ha dejado el país sembrado de estos artefactos y de municiones sin explotar, convirtiéndose en un peligro latente que el Gobierno se ha comprometido a erradicar para 2021, con la ayuda de la población local y de organizaciones internacionales.
El reto es ambicioso. En los 20 meses transcurridos desde el inicio del proceso en 2016 se ha conseguido declarar 226 municipios libres de la sospecha de minas y se está trabajando en otros 232, según los últimos datos publicados por la Dirección para la Acción Integral contra las Minas Antipersona de Colombia. En total, se han identificado 673 municipios que deben ser desminados.
Pero la tarea no es sencilla ya que no existe un estudio detallado sobre dónde se encuentran las minas sino que «a veces se dispone de la localización geográfica y a veces solo de una descripción, pero no hay una estimación de la zona que se sospecha minada», explica a Europa Press el director de la ONG Humanity & Inclusion en Colombia, Gregory Le Blanc.
«En Colombia, todas las minas antipersona son improvisadas y están sembradas sin patrón, por lo que el trabajo se hace más complicado y más lento», puntualiza el director de programa de HALO Trust en el país, Chris Ince. Los responsables de ambas ONG, que cooperan con el Gobierno colombiano en el desminado, coinciden en que la orografía montañosa también dificulta el acceso a las zonas minadas, complicando el transporte del personal y el material.
IMPLICAR A LAS COMUNIDADES
Por eso, es importante conseguir implicar a las comunidades locales, aunque no siempre es fácil. «El conocimiento de las comunidades sobre los posibles campos minados así como su aceptación del proceso son cruciales para el éxito del desminado», subraya Le Blanc.
Sin embargo, muchos colombianos no confían en el proceso de paz entre el Gobierno y la antigua guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y en las zonas rurales, las más castigadas por el conflicto, los habitantes se muestran «reacios a ofrecer información sobre los campos minados, por temor a represalias», explica el responsable de HI.
Aquí es donde entra la labor de organizaciones como Humanity & Inclusion y HALO Trust: convencer e informar a la población local sobre la importancia del desminado y los beneficios del mismo. En el caso de HI, se realizan «visitas puerta a puerta a las poblaciones locales para recabar información sobre la amenaza de las minas antipersona y otros restos explosivos de guerra», indica Le Blanc.
«Una vez se identifican las zonas sospechosas de ser peligrosas, también se implica a la comunidad a la hora de priorizar las zonas a desminar, centrándose primero en aquellas que tendrán un mayor impacto positivo para la población», añade.
En el caso de HALO Trust, una organización internacional especializada en desminado, ha apostado por trabajar directamente con las comunidades. Según explica su director de programas, se realizan «convocatorias públicas» para que los miembros de la comunidad puedan presentarse y luego se procede a hacer entrevistas y pruebas para ver si estas personas pueden trabajar para la ONG.
«Si pasan estas pruebas, realizan un curso» específico sobre la labor que van a realizar, añade Chris Ince. Al contratar a la población local, la ONG les da «la oportunidad de tener un trabajo fijo con todas las prestaciones de la ley, algo que no es común en las áreas rurales», resalta, incidiendo en adquieren «los víveres y demás» en la zona lo que contribuye «a promover la economía».
Actualmente, HALO Trust cuenta con 550 trabajadores colombianos, apoyados por tres o cuatro expatriados, de los que más del 80 por ciento son víctimas directas o indirectas del conflicto. Además, más del 30 por ciento son madres, en su mayoría cabeza de familia, y más del 15 por ciento son antiguos combatientes.
ANTIGUOS COMBATIENTES CONTRATADOS EN DESMINADO
En cuanto a estos, la ONG trabaja con la Agencia para la Reincorporación y Normalización (ARN) y ha contratado a varios de ellos, tanto de las FARC como de la otra gran guerrilla en el país, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y de los grupos paramilitares, para trabajar en el desminado. «Estos excombatientes trabajan como cualquier otro civil y no brindan ninguna información a HALO Trust relacionada con el flagelo de las minas», aclara Ince.
HALO Trust inició sus operaciones en Colombia en 2013, las cuales se han visto ampliadas considerablemente a raíz del proceso de paz, ya que les permitió entrar a zonas donde hasta entonces estaban las FARC. Actualmente tiene asignado el desminado de 25 municipios y ha conseguido entregar a las comunidades tres libres de la sospecha de minas: La Unión y Nariño, en Antioquia, y Ataco, en Tolima.
«Desde que llegamos al país hemos encontrado y destruido más de 400 minas antipersona, salvando la vida de 400 personas o más», destaca Ince, precisando que HALO Trust ha despejado más de 615.000 metros cuadrados de territorio, lo que ha beneficiado de forma directa e indirecta a unas 12.500 personas.
SIGUE HABIENDO VÍCTIMAS
Pero pese a los esfuerzos del Gobierno, las comunidades y las ONG, las minas siguen causando víctimas en Colombia. Según las últimas cifras oficiales, hasta mayo se contabilizan 39 víctimas, cuatro de ellas mortales. De este total, 29 son civiles y diez son menores de edad.
Según explica a Europa Press la portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Colombia, Isabel Ortigosa, «desgraciadamente los accidentes que se han producido este año se están registrando en zonas donde no se hacen operaciones de desminado humanitario».
El hecho de que en los primeros tres meses de 2017 solo se registraran 11 víctimas generó optimismo respecto a la reducción de los casos. Sin embargo, en 2018 los accidentes han aumentado. El CICR ha contabilizado entre enero y marzo 48 víctimas, de las que solo 8 eran miembros de las fuerzas de seguridad. Es especialmente «preocupante», destaca, el incremento del número de menores víctimas: 15 en tres meses, de los que dos perdieron la vida.
APOYO A LAS VÍCTIMAS
El apoyo a las víctimas es otro aspecto fundamental en el proceso. Aunque existe un marco jurídico para la atención tanto de salud como de rehabilitación de los supervivientes, lo cierto es que dicha atención «se cumple en gran medida en la fase de atención de emergencia, mientras que la fase de rehabilitación integral sigue siendo mucho menos accesible», lamenta el director de HI en Colombia.
Los cambios administrativos que ocasionen las elecciones y que retrasan los programas así como la limitación de los recursos de que dispone el Estado, hacen que no se llegue a «cubrir las necesidades en materia de salud, rehabilitación física, psicológica y socioeconómica, de los supervivientes y sus familias, en especial de quienes viven en las zonas rurales», explica.
Humanity & Inclusion trabaja ofreciendo asistencia complementaria a la que garantiza el Gobierno, principalmente para facilitar el acceso de las víctimas a los servicios especializados que suelen encontrarse en las ciudades, ofreciendo apoyo psicosocial y promoviendo programas de inclusión socioeconómica. También busca empoderar a las asociaciones de supervivientes, ya que considera que son «claves en la toma de decisiones y defensa de su territorio».
Pero sin duda, lo que más ayudaría a las víctimas sería completar el desminado. «Esto brinda seguridad a las comunidades, permitiéndoles entrar en zonas a las que antes no tenían acceso por las minas», lo que permite recuperar dichos terrenos para «proyectos productivos de desarrollo, agricultura o ganadería» por ejemplo, resalta Chris Ince.
