Marino Ramírez, nuevo gerente médico de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), se mostró anuente a recurrir a una alianza público-privada para reducir las listas de espera en intervenciones quirúrgicas y agilizar la atención de especialistas. La fórmula bajo estudio es la del copago, consistente en la cancelación parcial de los gastos incurridos por un asegurado cuando busca atención en el sector privado.
Hay otras áreas donde la cooperación es posible, como ciertos exámenes, incluidos algunos en los cuales el déficit del servicio es constante, entre ellos las mamografías. También hay otras formas de enlistar la ayuda de los centros médicos privados, dependiendo de los costos y las posibles ventajas para la seguridad social.
Si una mamografía sale más barata en una clínica privada, ¿por qué pagarla más cara y obligar a la paciente a una larga espera con serios riesgos para su salud? La posibilidad de lograr menores costos y atención oportuna en centros privados no es remota. En la historia de la institución hay ejemplos fallidos de tercerización, como la irradiación de pacientes con cáncer en clínicas donde el costo hacía preferible la inversión en los equipos necesarios para brindar la atención directamente, pero hay notables casos de éxito, como las universidades y cooperativas contratadas para operar los Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (Ebáis).
El costo de esas contrataciones es un 50 % inferior y las encuestas de calidad del servicio dan cuenta de la satisfacción de los pacientes por encima del servicio brindado directamente por la Caja. El dato sale de la auditoría interna de la institución y varios estudios ejecutados en los últimos años. Esos cálculos se vieron corroborados por la realidad de los 37 Ebáis del este de San José, cuya “institucionalización” implicó un pronunciado aumento de los costos y de las quejas de los usuarios.
El estudio que dio al traste con las intenciones de poner fin a la tercerización de 117 Ebáis en el 2020 calculó un gasto adicional de ¢16.000 millones al año hasta el 2025, es decir, un 30 % de incremento, en el mejor de los casos, para un acumulado de ¢71.900 millones en el quinquenio. El escenario menos optimista y más próximo a la experiencia estimaba un aumento de ¢26.000 millones anuales (un 60 % más), sobre todo en salarios. La diferencia acumulada en el quinquenio sobrepasaría ¢118.100 millones. No obstante su empeño en rescindir los contratos con las cooperativas, los números no dejaron a la Junta Directiva más remedio que mantener la tercerización.
El mismo ejercicio comparativo de costos podría desentrañar sorpresas en el caso de diversos procedimientos. Para saberlo, la Caja deberá estimar, con precisión y transparencia, sus propios costos. Las implicaciones podrían ser saludables para la institución porque darían una medida de la eficiencia de sus servicios. También podría redundar en beneficio del Estado, porque el costo de los servicios brindados a indigentes siempre lo ha calculado unilateralmente la Caja.
Si después de la comparación resulta ventajosa la contratación de servicios privados, no hay justificación para rechazarla o, cuando menos, ayudar al asegurado a enfrentar la factura. En la actualidad, el sistema comete continuamente la crueldad de obligar a personas de pocos recursos a acudir a la medicina privada porque las listas de espera son excesivas. Quienes no pueden hacerlo siquiera con un descomunal esfuerzo, están condenados a sufrir sus padecimientos y arriesgar el deterioro de la enfermedad. Ningún prejuicio ideológico puede justificar ese estado de cosas.
