La resolución fue aprobada poco antes de que se suspendiera la sesión por un apagón eléctrico. EFE / ARCHIVO
- Aseguran que denunciarán esta irregularidad ante la OEA, ONU y otros organismos
Presentan un acuerdo para extender el presupuesto de 2016 hasta 2017 y rechazar la decisión de Maduro
CARACAS, VENEZUELA (19/OCT/2016).- La mayoría opositora en la Asamblea Nacional de Venezuela aprobó hoy un acuerdo que rechazó la aprobación por parte del gobierno y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del presupuesto nacional de 2017, al margen del legislativo.
La resolución fue aprobada poco antes de que se suspendiera la sesión por un apagón eléctrico, que la directiva de la cámara atribuyó a un «acoso» del gobierno a través de la empresa estatal Corpoelec, que cortó el servicio «sin aviso ni explicación».
En la sesión, el segundo vicepresidente de la Asamblea, Simón Calzadilla, presentó un acuerdo para extender el presupuesto de 2016 hasta 2017 y rechazar la decisión del presidente Nicolás Maduro de llevar el presupuesto para su aprobación al TSJ, y no al legislativo.
Denunció que con ello, el gobierno desconoció principios de la democracia al «cometer la aberración de autoaprobar» el presupuesto, y agregó que la Constitución indica que si el presupuesto no es aprobado por el legislativo, debe repetirse en el ejercicio fiscal siguiente.
«El gobierno no puede gastar los recursos del pueblo como le dé la gana porque para eso todo órgano ejecutivo tiene su órgano contralor», sostuvo.
«No es un problema del ‘desacato’ del que vienen acusando a la Asamblea, no es un problema de legitimidad porque esta Asamblea está legitimada por ocho millones de venezolanos que votaron el 6 de diciembre», afirmó.
Añadió que la intención del gobierno es negarse a rendir cuentas al país a través de la Asamblea.
Calzadilla dijo que la directiva denunciará esta irregularidad ante la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de Naciones Unidas (ONU) y otros organismos internacionales.
Maduro argumentó que acudió al TSJ, debido a que la corte declaró a la Asamblea en «desacato» y anuló todos sus actos, por haber dado posesión a tres diputados que fueron incorporados a pesar de estar cuestionados por el oficialismo.
